Frente a las propuestas de reconocer en Francia el suicidio asistido, dos oncólogas especialistas en cuidados paliativos y una psiquiatra firman un artículo en Le Monde, en el que proponen reforzar la calidad del fin de la vida por los cuidados paliativos y el apoyo familiar y comunitario.
Las autoras advierten que los debates sobre la “ayuda activa a morir” o suicidio asistido están complicados por muchas imprecisiones lingüísticas, que son fuente de confusión. “La Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad nos ha acostumbrado a este procedimiento: el nombre de su asociación hace suponer que solo el suicidio asistido o la eutanasia permiten lograr una muerte digna. Lo que es bien injusto para la mayoría de nuestros conciudadanos que siguen otro camino, tan digno por el coraje que implica: el de partir apoyados por sus cuidadores y sus parientes”.
“Todos los expertos, ya estén a favor o en contra del suicidio asistido, están de acuerdo en aliviar los dolores de los pacientes que sufren al final de su vida. Es lo que la ley Claeys-Leonetti de 2016 ha pretendido hacer posible, creando el derecho a recibir una sedación profunda y continua hasta la muerte”.
Para que esto sea aplicable, el paciente debe estar aquejado de una enfermedad incurable con un sufrimiento refractario y un pronóstico vital comprometido a corto plazo. Los autores piensan que una redefinición del modo de entender el pronóstico vital, de modo que la esperanza de vida no se reduzca a unas horas o algunos días, haría innecesaria una nueva legislación.
Luego las paliativistas explican cómo la ayuda activa a morir traslada la violencia del suicidio hacia el personal sanitario. “En un suicidio, el autor de esta violencia muere por su propio gesto. Con la ayuda activa a morir, las personas que asumen el papel del gesto homicida son los médicos y enfermeros, que seguirán vivos. La violencia se desplazará hacia los profesionales sanitarios, con repercusiones psicológicas inevitables, aunque sean favorables a esta práctica. La trampa de una nueva ley sobre la ayuda activa a morir es crear una presión suplementaria sobre los cuidadores en un contexto en el que el sistema sanitario está en tensión”.
“Para ciertos pacientes que piden una ayuda activa para morir, su situación de fin de vida no es compleja desde el punto de vista médico. Enfrentados a una enfermedad grave e incurable, sufren moralmente ante la perspectiva de la degradación terminal y del miedo a sufrir y de convertirse en dependientes”. Rechazan la idea de una decadencia física, incluso durante un periodo corto, lo que les provoca un sentimiento de indignidad. Para otros, su angustia está ligada a un sentimiento de extrema soledad y de falta de apoyo, y rehúsan ser una carga para sus próximos. “Estos dos tipos de pacientes, cuya frecuencia aumenta, nos parecen reflejar la evolución de la sociedad hacia el individualismo, en detrimento de la conexión, del compartir y de la solidaridad entre los ciudadanos”.
“El riesgo es que ante el sufrimiento al final de la vida las personas consideren que el suicidio asistido es el único recurso posible. Esta presión será más fuerte para las personas vulnerables aisladas o frágiles en el aspecto psicosocial. Una ley sobre la ayuda activa a morir satisfaría la necesidad individualista de autonomía y libertad de algunos, reduciendo la necesidad de fraternidad de muchos”.
“Pues la verdadera cuestión, que es una elección social, es la de saber si queremos reforzar la calidad del fin de la vida, perfeccionando la atención médica y las competencias paliativas hospitalarias y a domicilio, así como el apoyo familiar y comunitario”.