Sydney. Los partidarios de la eutanasia en Australia proponen ahora un referéndum sobre la cuestión, tras la anulación de la ley de eutanasia aprobada en el Territorio del Norte (ver servicio 100/96). La Cámara baja del Parlamento federal la rechazó por amplia mayoría en diciembre pasado, y a finales de marzo, el Senado hizo lo mismo por una diferencia mucho más corta, 38 votos contra 34. Australia se compone de seis Estados y dos territorios; el Parlamento federal puede revocar leyes de los territorios, pero no de los Estados.
Tras la votación en el Senado, hubo intentos de conseguir una exención para las personas que ya habían cursado solicitudes de eutanasia, o que el Gobernador General (representante de la Reina) dilatase la promulgación; pero no se hizo caso de tales peticiones. Durante los nueve meses en que ha sido legal la eutanasia voluntaria en el Territorio del Norte, se ha aplicado a cuatro personas.
La ley ha sido una de las más controvertidas que se han debatido en el Parlamento de Australia. A muchos australianos les indignaba que una demarcación con menos de 200.000 habitantes se hubiera convertido en el primer lugar del mundo en legalizar la eutanasia. Respondiendo a esta preocupación, el parlamentario Kevin Andrews presentó una proposición de ley para revocar la aprobada en el territorio.
Sobre el debate parlamentario se cernía la sombra de una posible injerencia del gobierno federal en los «asuntos internos» de un territorio. Varios diputados y los primeros ministros de los seis Estados se opusieron al proyecto Andrews simplemente porque podría servir de precedente para reducir los poderes de los Estados.
Sin embargo, el proyecto contaba con el firme respaldo personal del primer ministro federal, John Howard, del vice primer ministro, Tim Fischer, y del líder de la oposición, Kim Beazley. Y fue aprobado por las dos cámaras en sendas sesiones en las que los parlamentarios pudieron votar en conciencia, cosa que ocurría por vez primera en unos doce años.
Hubo intensas campañas a favor y en contra del proyecto. El comité del Senado encargado de estudiarlo invitó al público a enviar observaciones, y recibió 12.500, de las que el 93% pedían que se revocase la ley de eutanasia.
La mayoría de los partidarios de la eutanasia alegaban que las personas tienen derecho a decidir el momento y el modo de morir. Pero, como señaló el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Bob Carr, es imposible redactar una ley que permita la eutanasia y a la vez dé garantías suficientes. «Quien compra una enciclopedia a un vendedor que llama a su puerta -dijo- tiene, por ley, diez días para devolverla. ¿Podemos contentarnos con un periodo de reflexión de 48 horas cuando se trata de poner fin a una vida humana?».
Eric Abetz, senador por Tasmania y presidente del comité del Senado, señaló que la ley del Territorio del Norte «supone un cambio legal no tanto para el paciente, cuanto para el médico. Lo que para éste era ilegal, se convierte en legal. A la postre, se da a los médicos un nuevo derecho: el de acabar con la vida de los enfermos terminales que tienen pensamientos suicidas. Decir que eso es reconocer el ‘derecho a morir’ va contra la lógica». Otro argumento poderoso contra la ley de eutanasia era la completa oposición por parte de los aborígenes del Territorio del Norte, que constituyen casi la cuarta parte de la población y viven, en gran parte, dispersos en remotos ranchos del interior. El mismo funcionario del territorio, Chips Mackinolty, que emprendió una campaña educativa, dirigida a los aborígenes, sobre la eutanasia, tuvo que reconocer que la legalización les estaba retrayendo de acudir al médico.
No parece probable que con esto se acabe en Australia el debate sobre la eutanasia. Según algunas encuestas de opinión, hay una mayoría de gente a favor. Y este mes, un sondeo a médicos del Estado de Victoria ha revelado que doce de ellos han practicado la eutanasia aun a sabiendas de que es ilegal.
Margaret-Maria Dudley