Si se aprueba la Ley de Investigación Biomédica que el gobierno español ha remitido al Congreso, será lícito crear embriones humanos por clonación para extraer células madre e investigar con ellas. Si un científico francés hace lo mismo en su país, la ley le castiga a siete años de prisión y a una multa de 100.000 francos, según la ley de bioética de 2004. La discrepancia muestra la disparidad de enfoques que prevalece en los países europeos respecto a la utilización de embriones para investigar.
El proyecto de ley español permite la clonación o transferencia nuclear, técnica que consiste en incorporar el núcleo de una célula adulta a un óvulo que ha sido desprovisto de su núcleo. El procedimiento es el mismo que el de la clonación con fines reproductivos, con la diferencia de que la ley estipula que el proceso deberá detenerse antes de los 14 días. Una vez creado lo que la ley califica de «preembrión» (término que no tiene justificación biológica), pueden obtenerse de él las células madre embrionarias, lo que supone su destrucción.
La ley de Investigación Biomédica va de la mano de la reforma del Código Penal también emprendida, que considera delito la clonación con fines reproductivos, pero despenaliza la fecundación de óvulos con fines distintos de la reproducción.
La creación de embriones clónicos como fuente de abastecimiento de células madre se suma a la posibilidad ya existente de utilizar con fines de investigación los embriones sobrantes de la fecundación «in vitro». Y como, según la última reforma de la Ley de Reproducción Asistida, se pueden crear tantos embriones como se desee, las clínicas del sector encuentran otro modo de «dar salida» a los embriones congelados.
En Europa, la clonación con fines de experimentación está admitida en el Reino Unido, Bélgica y Suecia. En cambio, una mayoría de países (Alemania, Austria, Polonia, Italia, Francia, Lituania…) prohíben la obtención de células madre a partir de embriones. Otros no tienen legislación específica sobre este asunto.
El pasado junio, el Parlamento Europeo aprobó el proyecto de VII Programa-Marco para Investigación y Desarrollo, que incluye la posibilidad de financiar experimentos que impliquen la destrucción de embriones humanos para extraer sus células madre (cfr. Aceprensa 78/06). El proyecto deja en manos de los gobiernos nacionales la decisión de aprobar o no el uso de fondos europeos para tales investigaciones.
Otra cuestión que suscita la clonación es la demanda creciente de óvulos que provocará, con la consiguiente escasez. Ante esta situación, científicos británicos han solicitado ya permiso para clonar células humanas en óvulos de vaca, con el objetivo de extraer células madre para experimentar. El embrión resultante sería una «quimera», mezcla de humano y animal.
En este aspecto, la clonación entra en competencia con la reproducción asistida, que también necesita donantes de óvulos cuando la infertilidad es debida a una patología de ovarios. En teoría, la donación de óvulos se considera una forma de altruismo, que no debe servir para lucrarse. Pero en algunos países, como España, se permite una «compensación económica» por las molestias, compensación que oscila entre los 600 y los 1.000 euros por extracción.
Y parece que la compensación económica estimula bien el «altruismo». En España, desde que se admitió en 1998, hubo un aumento importante de donantes de óvulos. Actualmente, cada año unas 8.000 mujeres ceden sus ovocitos a las clínicas de reproducción artificial (los programas de donación de óvulos solo existen en la medicina privada). En comparación, en Francia, donde la donación es gratuita por ley, las donaciones de ovocitos en 2004 sirvieron para hacer 288 implantes de embriones, que dieron lugar a 48 nacimientos.
Por eso algunos ya han lanzado la idea de acabar en Francia con el principio de la gratuidad en la donación de óvulos. René Frydman, jefe del servicio de ginecología del hospital Antoine-Béclère, comenta: «Numerosas mujeres van al extranjero, sobre todo a España y Bélgica, para beneficiarse de una donación de ovocitos, a partir de donantes remuneradas con unos 900 euros, lo que asegura una oferta notable». Sin caer en la posición «ultraliberal», propone abandonar el «principio sacrosanto de la gratuidad de la donación de ovocitos» (cfr. «Le Monde», 2-11-2006).
El anonimato y la ausencia de vínculo entre la donante y la receptora parecen favorecer también la oferta de óvulos. La nueva española Ley de Reproducción Asistida limita a seis los hijos que pueden nacer de una misma donante de óvulos. Pero el registro de donantes donde podrán comprobarse estos datos sigue siendo una entelequia. Las clínicas dan por bueno lo que declara la donante, pues no tienen posibilidad ni deseos de comprobarlo. Y la Administración tampoco parece tener prisa.
ACEPRENSA