Colonia. Los consultorios católicos alemanes que asesoran a mujeres con embarazos conflictivos permanecerán en la red estatal de asesoramiento, aunque los certificados emitidos tras las consultas especificarán que no son válidos para abortar legalmente. La Iglesia podrá así -según deseos de Juan Pablo II- seguir ayudando eficazmente a mujeres con problemas y, al mismo tiempo, dejar clara su posición contraria al aborto.
En una carta fechada el día 3 de junio, el Papa ha vuelto a animar a los obispos alemanes a «continuar sin vacilación el asesoramiento y la ayuda a las mujeres embarazadas con problemas», aunque nuevamente les ha pedido que «por la claridad de nuestro testimonio de la intangibilidad de la vida humana», los consultorios católicos no expidan más certificados que permitan acceder al aborto legal. Para ello, según indicaciones del Romano Pontífice, se incorporará a los certificados la frase «este documento no puede usarse para la práctica del aborto despenalizado». Los obispos alemanes han acordado por unanimidad seguir la doble petición del Papa.
El aborto sigue siendo un delito en el Código Penal alemán. Sin embargo, según una modificación introducida en 1995, es posible abortar legalmente en las doce primeras semanas del embarazo si se presenta un certificado que acredite una consulta realizada en uno de los centros reconocidos por el Estado. En teoría, el fin de la consulta es informar a la mujer de las ayudas disponibles para llevar a término su embarazo. En la práctica, el aborto es libre sin más requisito que realizar la consulta.
La Iglesia católica administra 270 de los 1.690 consultorios integrados en la red estatal de asesoramiento a mujeres embarazadas. Estos consultorios, mantenidos económicamente por el Estado, deben emitir los certificados para poder optar a subvenciones.
Desde que se implantó este sistema, hubo discrepancias entre los católicos alemanes y entre los propios obispos sobre si la participación de los consultorios católicos servía para defender el derecho a la vida o suponía cooperar en el aborto legal. Ante la división de opiniones, desde 1995 los obispos buscaron una solución con ayuda de la Santa Sede. En mayo de 1997 los obispos alemanes se reunieron en Roma con el Papa para examinar la cuestión. Tras dialogar con todos, el Papa les escribió una carta el 11 de enero de 1998 (ver servicio 20/98) y les pidió que, sin dejar de asesorar a mujeres embarazadas, instaran a los consultorios católicos a dejar de emitir los certificados.
Para poner en práctica los deseos de la Santa Sede y a la vez permanecer en la red estatal de asesoramiento, los obispos alemanes instituyeron un grupo de trabajo cuyos resultados fueron debatidos en la asamblea general de la Conferencia Episcopal celebrada en febrero de este año (ver servicio 35/99). Al final de la reunión, la mayoría de los obispos se pronunció a favor de crear un nuevo tipo de certificado al que se dio el nombre de «Plan de asesoramiento y ayuda». Éste, además de confirmar la asistencia a una consulta, aseguraría a las mujeres un amplio abanico de ayudas en el caso de que se decidieran por dar a luz al hijo. El «Plan de asesoramiento y ayuda» debería indicar expresamente que la Iglesia, con «la emisión del certificado, no acepta de ningún modo la interrupción del embarazo». Las conclusiones de la asamblea general -incluido el voto negativo de numerosos obispos que consideraban insuficiente la reconversión del certificado para satisfacer las peticiones del Papa- fueron enviadas a la Santa Sede.
Sin ambigüedad ni compromiso
En la carta del 3 de junio, Juan Pablo II acepta ampliamente las decisiones tomadas por los obispos, aunque pide que se incluya en los certificados la frase «este documento no puede usarse para la práctica del aborto despenalizado». Según escribe el Papa, «con este añadido necesario, los asesores católicos y la Iglesia, por encargo de la cual trabajan los asesores, son liberados de una situación que está en conflicto con su visión de fondo sobre la defensa de la vida y con el objetivo de su asesoramiento. El empeño incondicional con cada vida no nacida, al que la Iglesia se siente obligada desde el inicio, no permite ninguna ambigüedad o compromiso».
Según la declaración oficial emitida por el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal, los obispos creen cumplir con las exigencias impuestas por la ley, aunque los certificados emitidos no autoricen para abortar. «Con ello -dicen-, la Iglesia alemana hace uso de su derecho a decidir sobre sus asuntos internos con independencia de los designios del Estado». El presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Karl Lehmann, aseguró que los obispos entrarían rápidamente en negociaciones con las autoridades estatales con la intención de aplicar estas decisiones antes del 1 de octubre.
Pocas horas después de hacerse públicas las conclusiones de la reunión de la Conferencia Episcopal en Würzburg, responsables políticos de los partidos de la coalición gubernamental han amenazado con el recorte de ayudas financieras a los centros católicos. Otros prefieren no darse por enterados. Aunque la petición del Papa y de los obispos no deja lugar a interpretaciones, numerosos políticos de la Unión Democristiana y del Partido Liberal afirman que la cláusula complementaria introducida por los obispos no cambia en nada la función del certificado. De ser eso así, los consultorios católicos emitirían unos documentos que pese a afirmar que no son válidos para acceder al aborto legal, sí que servirían para ello. Cabe esperar, pues, que los representantes eclesiásticos lleguen a un acuerdo con el Estado y que éste permita que los consultorios católicos sigan un rumbo independiente que no conduzca al aborto.
Vicente Poveda