En la sentencia del caso Perruche (ver servicio 162/00), el Tribunal de Casación francés estableció que si una mujer no abortó porque el diagnóstico prenatal no detectó una deficiencia grave del feto, se puede reclamar al médico una reparación económica en nombre del hijo. El mismo Tribunal ha confirmado luego el criterio en otras sentencias (ver servicios 106/01 y 108/01). La última, del 28 de noviembre, en el caso de un niño con síndrome de Down, precisa que la indemnización ha de ser «integral», o sea, suficiente para cubrir todas las necesidades del minusválido a lo largo de su vida.
Los fallos del Tribunal han sido muy criticados por médicos, juristas, distintos políticos y, en especial, asociaciones de minusválidos, con excepción de una de las principales. El diputado Jean-François Mattei ha presentado una proposición de ley -con poca probabilidad de prosperar- para anular la jurisprudencia Perruche. Los especialistas en diagnóstico prenatal han anunciado una huelga indefinida de ecografías a partir del 1 de enero.
En torno a estos hechos ha rebrotado el debate sobre el fondo de las sentencias, no fácil de interpretar. Se discute, en suma, si el Tribunal de Casación considera la vida misma del minusválido un perjuicio reparable y otorga la indemnización por el hecho de haber nacido, lo que supondría incitar a la eugenesia.
Unos -gobierno incluido- niegan todo eso. También el propio Tribunal de Casación, en su último informe anual, excluye tal interpretación. Dice que para asegurar «el respeto efectivo, no solo teórico» del minusválido, es necesario reconocer «su derecho propio a beneficiarse de una reparación del perjuicio resultante de su deficiencia». Se trata, en fin, de garantizar que el minusválido tendrá los medios precisos para vivir en condiciones dignas, lo cual «parece mejor asegurado por la atribución de una indemnización que le sea propia».
Presiones sobre los médicos
Nadie discute que esta buena intención haya inspirado las sentencias. Pero, como dicen los críticos, el Tribunal transfiere a la responsabilidad civil del médico lo que corresponde a la solidaridad social. Así, el hecho es que se convierte, ante la ley, en causa de una minusvalía un error médico que no la ha producido. Pues aunque los jueces nieguen expresamente que el motivo de la reparación sea el vivir mismo, lo cierto es que -como también señalan las sentencias- el error de diagnóstico no implicaría responsabilidad civil si no mediara la posibilidad legal de abortar. Y no haber recurrido al aborto legal puede ser un perjuicio para la madre, pero no para el hijo. Por tanto, concluyen los críticos, indemnizar al niño equivale a instaurar un imposible derecho a no nacer, «derecho» rechazado por el Consejo Consultivo Nacional de Ética (ver servicio 95/01).
A partir de ahora, es inevitable que los médicos sientan que, ante la menor duda, el aborto es la salida más segura: de ahí la posible deriva hacia la eugenesia. De hecho, los especialistas ya han recibido un mensaje inquietante. Sou Médical, la compañía de seguros que cubre a la mayoría de los médicos liberales franceses, ha anunciado que no le queda más remedio que multiplicar por ocho o por diez las primas de los radiólogos que practican ecografías fetales.
No extraña, pues, que el Colegio Nacional de Médicos haya declarado que los especialistas en diagnóstico prenatal sufren ya presiones económicas y morales «insoportables». Por eso, muchos de ellos dejarán de hacer ecografías desde el 1 de enero próximo hasta que se anule por ley el criterio Perruche.
El manifiesto con que se convoca a la huelga, redactado por dos especialistas, señala «la imposibilidad de proseguir el trabajo, que por otra parte muy rápidamente se tornaría inasegurable». Advierte que las sentencias «llevarán a los médicos a preocuparse cada vez más por su propia protección, y no tanto por la de sus pacientes». Y critica las decisiones del Tribunal de Casación, subrayando que las deficiencias de los niños, congénitas, no obedecen a los errores de diagnóstico. «La única falta de estos médicos es no haber visto que existían esas enfermedades, lo que habría permitido a los padres interrumpir el embarazo. Su única falta es no haber podido predecir con el 100% de certeza, cosa que no existe en medicina. El perjuicio de los niños es no haber sufrido un aborto».
Una posible vía para asegurar el futuro del niño minusválido sin perjudicar al médico sería atribuir una indemnización al paciente a título de la solidaridad nacional. El proyecto de ley de derechos del enfermo (ver servicio 140/01), ya aprobado en la Asamblea Nacional, prevé crear un fondo -financiado por el seguro nacional de enfermedad- para indemnizar a pacientes por accidentes médicos, aunque no se deban a mala práctica profesional.