Panamá. En menos de dos meses han muerto en Panamá 43 personas, según cifras oficiales, a consecuencia del denominado «síndrome de insuficiencia renal aguda» (SIRA). No se trata de una enfermedad desconocida hasta el momento, ni de la evolución de algún virus o bacteria potente que ataque el sistema inmunológico de las personas. Es el envenenamiento por ingestión de dietilenglicol, compuesto químico que fue utilizado erróneamente para elaborar gran cantidad de medicamentos distribuidos por la Caja de Seguro Social, como se llama en Panamá la seguridad social.
Este grave error aún mantiene a más de ochenta personas hospitalizadas, veinte de las cuales se encuentran en cuidados intensivos, y ha golpeado con mayor crudeza al sector social con menos recursos, que sólo tiene posibilidad de acceder a la sanidad estatal. La crisis ha tenido como consecuencia que el gobierno proponga la creación de una política nacional de medicamentos, mediante la redacción de una ley y sus reglamentos, para impedir la corrupción y la falta de controles en los procesos de adquisición, elaboración y distribución de los medicamentos.
La empresa Medicom, titular del permiso para vender glicerina destinada a la elaboración de productos médicos, hizo las gestiones para importarla de una empresa española. Los datos conocidos indican que ésta envió el producto equivocado, que al llegar a Panamá no fue analizado debidamente para comprobar que se trataba del pedido correspondiente. Además, el dueño de Medicom ha reconocido que cambió la fecha de caducidad del producto sumándole tres años para venderlo a la Caja de Seguro Social. No está clara la transparencia del proceso de otorgamiento del permiso a Medicom y lo sucedido hace sospechar que durante años no se han seguido los adecuados controles de calidad en la elaboración de medicamentos.
La respuesta del gobierno ha sido encargar al ministro de Salud la elaboración de una ley nacional de medicamentos y un proyecto de unificación de los servicios estatales de salud. Entre las medidas adoptadas está el nombramiento del antiguo Defensor del Pueblo para gestionar con los familiares y afectados la obtención de indemnizaciones, al margen de las acciones que decidan emprender a través de la justicia ordinaria.
Giancarlos Candanedo PáezPlan contra los medicamentos falsos
A mediados de noviembre ha tenido lugar en Alemania la primera reunión oficial de la IMPACT (siglas en inglés de la Comisión Internacional contra la Falsificación de Productos Médicos), auspiciada por la OMS y un grupo de más de 20 países con la intención de lanzar un programa de lucha contra el fraude en la elaboración, venta y distribución de medicamentos. El programa ofrece un paquete de medidas para ayudar a los países a enfrentarse a este problema.
Las últimas estimaciones conjuntas de la OMS, la OCDE y el Instituto de Seguridad Farmacéutica señalan que más del 30% de medicamentos en algunas áreas de Hispanoamérica, el sudeste asiático y el África subsahariana son falsos. En las economías emergentes la proporción es del 10% -aunque sube hasta el 20% en muchas de las antiguas repúblicas soviéticas- y de menos del 1% en los países ricos y con rigurosos mecanismos regulatorios. Sin embargo, en estos países las ventas ilegales llegan al 50% en Internet, ámbito en el que la IMPACT quiere ampliar los esfuerzos..
Las medidas que la IMPACT propone para luchar contra el fraude farmacéutico consisten primordialmente en desarrollar la legislación que regule claramente el sector. Contra la venta ilegal en Internet, la lucha se basaría en acuerdos con compañías de telecomunicaciones para aplicar tecnologías que comprueben la autenticidad del producto ofrecido y en campañas de prevención dirigidas a los usuarios.
La intención de la IMPACT es que a finales de 2007 los 193 países miembros de la OMS colaboren formalmente con la lucha contra el fraude en los productos médicos y farmacéuticos.
ACEPRENSA