Más allá de la tarifa plana
La «red de redes» se considera ya uno de los principales medios de comunicación, de modo que su uso se incluye entre los ámbitos protegidos por la libertad de información. Pero hacer efectiva la posibilidad de acceso universal a Internet exige servicios de calidad suficiente y a precio asequible. Para lograr lo último, la solución parece ser la tarifa plana, que compendia las demandas de los usuarios de Internet en Europa. Sin embargo, en el derecho de acceso a la red intervienen cuestiones tecnológicas y de competencia no resueltas, que en gran parte son secuelas del antiguo régimen de monopolio en las telecomunicaciones.
Puede parecer exagerado hablar de «derecho de acceso a Internet». ¿Acaso se va a convertir en un derecho el uso de cualquier nuevo artilugio que ofrezca la técnica? ¿Habrá que reconocer, entonces, el derecho al horno de microondas?
Se ha de tener en cuenta que Internet es un vehículo de comunicación y expresión. El asunto se entiende mejor si se compara con el caso de la televisión o el del teléfono. Si la falta de competencia o el control gubernamental impidieran el libre acceso a emisiones televisivas o a líneas telefónicas, concluiríamos que la gente sufre un recorte de sus derechos civiles. El derecho de acceso a Internet -como al teléfono- tiene unos requisitos económicos que no son en sí mismos un derecho, por lo que de momento no es una cuestión jurídica o política acuciante en las aldeas africanas. Pero si existen las condiciones técnicas y hay operadores dispuestos a prestar el servicio, los poderes públicos deben garantizar la posibilidad de acceso en régimen de igualdad, libertad y justa competencia, como ya hacen con los medios de comunicación más antiguos.
Un servicio accesible a todos
El derecho a acceder a Internet incide en dos planos distintos: el propio del sector de las telecomunicaciones y el de los derechos y libertades fundamentales. Internet no es un fenómeno exclusivo de las telecomunicaciones, sino que tiene ramificaciones, además, en el campo de los derechos constitucionales por su engarce con la libertad de información.
Hace unos años, la Unión Europea procedió a liberalizar las telecomunicaciones, abriendo así a la competencia lo que hasta entonces era un sector estratégico, económico y político, en manos de los Estados. Esto supone la existencia de una competencia plena, el fomento de la iniciativa privada y la variada oferta de servicios a precios competitivos; en suma, la aparición y desarrollo de un nuevo mercado. En España, la Ley General de Telecomunicaciones (1998) exige asimismo que «la libre competencia no se produzca en detrimento del derecho de los ciudadanos al acceso a los servicios básicos».
Para evitar que el nuevo modelo redunde en perjuicio de los usuarios, la normativa liberalizadora introduce el concepto del servicio universal, que garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones. El servicio universal asegura que los usuarios no rentables para los operadores de telecomunicaciones -como residentes en zona rurales distantes de las grandes urbes-, tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones en las mismas condiciones que los consumidores de mayor rentabilidad económica.
Por otra parte, los Estados están obligados a ir adaptando el contenido del servicio universal al progreso de la tecnología y la demanda de servicios en el mercado, para impedir la desigualdad y la discriminación sociales por razón del acceso a las nuevas tecnologías de la información.
Derecho a la información
En el caso de Internet, la cuestión crucial es determinar si el acceso a la red se incluye o no dentro del ámbito del servicio universal, como servicio independiente, a pesar de que los usuarios lo reciban por vía telefónica. Si Internet es fruto del avance tecnológico y empieza a ser objeto de una demanda masiva, está sólidamente justificado incluir el acceso a Internet dentro del concepto del servicio universal.
Por otro lado, dada la ingente cantidad de información que puede captarse y recibirse a través de la red, no resulta aventurada su inserción dentro del conjunto de los instrumentos de comunicación, lo que supone amparar el acceso a Internet dentro del marco de las Constituciones que reconocen y protegen el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
En consecuencia, si como sostiene la legislación de telecomunicaciones, el concepto del servicio universal está sujeto a un proceso de continua ampliación en función del avance tecnológico, también el derecho a recibir y comunicar información puede ser objeto de una extensión similar, mediante la consideración de Internet como un moderno medio de difusión. Esto supone que sobre los poderes públicos recaería la tarea de establecer los mecanismos precisos para que los derechos de los ciudadanos en el ámbito de las libertades de comunicación y de información fueran plenos y efectivos.
Medidas necesarias
Entre las medidas necesarias para garantizar el disfrute de este servicio por toda la sociedad se encuentran las siguientes:
Generalizar el ordenador personal. Para incrementar el parque de ordenadores, algunos Estados están protagonizando iniciativas en las que se involucran fabricantes de ordenadores, empresas de software y servidores de acceso a Internet y otros operadores de telecomunicaciones, al objeto de generalizar el empleo de las nuevas tecnologías en el ámbito doméstico. Es el caso de Portugal, que ha creado un servidor de correo electrónico gratuito para un millón de usuarios residenciales, al mismo tiempo que ha realizado una política de subvenciones y créditos a bajo interés.
Mejorar la calidad del servicio. Resulta imprescindible desarrollar nuevo software que elimine las deficiencias típicas de los ordenadores y de los programas de navegación por Internet. Problemas como la configuración del ordenador, errores del sistema operativo, conexiones fallidas, etc. contribuyen a retraer al público. El objetivo es que la calidad y la facilidad del acceso a Internet sean iguales a las conseguidas en la telefonía vocal o a la televisión.
Precio asequible. Si bien la implantación de la tarifa plana es una medida necesaria, con ella no se agotan las posibles soluciones al problema del precio del acceso a Internet. Es preciso que la tarifa sea asequible para todos los sectores de la población, no solamente para los ciudadanos con notable poder económico, las pequeñas empresas y los colectivos reducidos como profesionales, autónomos, etc.
En España, la conexión a Internet se efectúa por vía telefónica mediante una llamada local. Una orden ministerial de 1996 estableció, de forma novedosa y única en el mundo, el servicio de acceso a información a través de Telefónica, el antiguo monopolio de teléfonos. Dicho servicio, llamado Infovía, permitía al usuario la conexión a Internet a través de los proveedores de acceso (ISP), desde cualquier lugar del territorio nacional, a coste de tarifa metropolitana.
ADSL: Internet rápido y popular
En 1998, la falta de competencia en el submercado del acceso a Internet provocó una serie de protestas y reivindicaciones de los internautas, dirigidas a obtener una rebaja de los precios de las llamadas locales con destino a Internet. Ello originó una doble reacción por parte del operador dominante. De un lado, ofreció planes de descuento a los usuarios; de otro, permitió el acceso indirecto al bucle de abonado de la red telefónica mediante el empleo de la tecnología ADSL (según orden ministerial de 26 de marzo de 1999). Se llama bucle de abonado a la conexión que une el terminal telefónico del usuario con la red telefónica.
La nueva tecnología de Línea de Abonado Digital Asimétrica (conocida como ADSL, iniciales inglesas de Asymmetric Digital Subscriber Line) pretende satisfacer la demanda de tarifa plana en el acceso a Internet. El ADSL desglosa los bucles de abonado, propiedad de los operadores dominantes -los antiguos monopolios-, para la provisión de servicios de banda ancha por operadores distintos de los propietarios de la red de acceso. Como ha señalado la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en su Informe Anual de 1999, el ADSL permite separar usos distintos sobre el mismo soporte común -el bucle de cada abonado-, para asociar a uno de estos usos, el más versátil, una tarifa independiente de la duración de las comunicaciones, que es justamente un rasgo que el mercado de Internet valora y reclama.
La red telefónica actual está diseñada para atender llamadas de voz de los usuarios sometidas a una tarificación dependiente del tiempo de uso. Esta infraestructura no sirve de forma óptima para la prestación del servicio de acceso a Internet. La solución ADSL consiste en permitir la transmisión de datos por Internet a una mayor velocidad, sin ocupar los recursos esenciales de la red telefónica y sin interferir, por tanto, en el servicio telefónico tradicional. Es decir, el ADSL permite estar conectado a Internet las 24 horas del día sin afectar a las llamadas telefónicas normales y sin necesidad de una segunda línea telefónica. Otra ventaja añadida es que el ADSL permite la conexión permanente, al no hacer falta marcar para establecer la conexión.
Secuelas del monopolio
Los inconvenientes de la red telefónica tradicional son los propios de una infraestructura obsoleta: lentitud de acceso, alto coste y limitación temporal. Con el ADSL se pretende paliar dichas insuficiencias, de modo que el usuario disfrute de Internet a alta velocidad, bajo precio y sin límite de tiempo. Toda la infraestructura que precisa el acceso indirecto al bucle de abonado corre a cargo de los operadores de telecomunicaciones. No obstante, el usuario deberá disponer en su propio domicilio de un equipo terminal con un módem ADSL compatible con el equipamiento instalado por los operadores dominantes en su red.
El ADSL y la tarifa plana deben ir de la mano, pues de lo contrario no se obtienen los efectos deseados. El establecimiento de la tarifa plana sin la tecnología ADSL provocaría un colapso de la actual red telefónica conmutada, basada en la conmutación de circuitos. El ADSL, al ser una tecnología basada en conmutación de paquetes que diferencia entre la voz y los datos, hace posible separar los servicios de telefonía y de transmisión de datos sobre el tradicional par de cobre. Y cada servicio se somete a un régimen distinto de tarificación.
El establecimiento de la tarifa plana debe tener en cuenta los problemas planteados por dos conceptos polémicos en el sector de las telecomunicaciones: el déficit de acceso y el desequilibrio tarifario. El déficit de acceso es aquella parte de los costes de la red no cubiertos con los ingresos derivados de su explotación. El desequilibrio tarifario es el provocado por cuestiones políticas entre las tarifas del servicio telefónico (locales y de larga distancia).
Cuando el servicio telefónico básico estaba en manos del operador monopolista, el Estado intervenía con un riguroso control de las tarifas. Como se consideraban prioritarias las llamadas locales frente a las llamadas de larga distancia, se aumentó artificialmente el precio de estas, mientras se rebajaba el precio de las llamadas locales, incluido el precio de la cuota de conexión. Este tipo de llamadas pasó a integrarse en el concepto de «cesta de la compra» al considerarse un servicio esencial como el gas, la luz y algunos alimentos.
La liberalización de las telecomunicaciones exige que se corrija el problema del desequilibrio de tarifas y las subvenciones cruzadas, en atención a la competencia. Y esto es igualmente requisito para fijar la tarifa plana de acceso a Internet.
Remediar el retraso europeo
Mientras no se solventen estos problemas, en los países donde regían los monopolios de telecomunicaciones Internet padecerá un cierto subdesarrollo, y el derecho de acceso no será del todo efectivo. Recientemente se ha celebrado en Madrid la cumbre «Europa en la economía de Internet», patrocinada por la Unión Europea y auspiciada por el gobierno español. El acto ha servido para que el viejo continente entone el mea culpa por el retraso en el que está sumido con respecto a Estados Unidos en el ámbito de Internet.
En este foro de debate, el Comisario europeo de empresas y sociedad de la información, Erkiki Likanen, animó al auditorio con su tesis de que aún no es tarde para Europa, siempre y cuando se eliminen ciertos obstáculos en el camino, como son las elevadas tarifas telefónicas y el monopolio de los operadores dominantes sobre el bucle de abonado. Es más, vaticinó que no habría verdadera liberalización y competencia en el sector, mientras el operador dominante no abra el bucle local a los restantes operadores.
Las autoridades de Bruselas pretenden convertir a lenguaje normativo lo que, hasta el momento, constituyen oportunas y convenientes sugerencias. El primer paso ha sido la publicación, la semana pasada, de un informe en que exhortan a los Estados miembros a liberalizar el bucle de abonado para conseguir unas tarifas más asequibles, especialmente, en el acceso a Internet. En caso de que las legislaciones nacionales no se adapten a las instrucciones del documento en cuestión, la imposición se efectuará vía directiva.
Raúl Mayoral BenitoLas desgracias de la fibra óptica en España
En España, el bucle de abonado constituye el gran cuello de botella de la liberalización de las telecomunicaciones. Esta infraestructura es propiedad del antiguo monopolista. Su empleo por el operador entrante requiere un acuerdo de interconexión entre este y el operador dominante.
La aparición en el mercado de los operadores de servicios de telecomunicaciones por cable puede poner fin a lo que realmente es un monopolio, si no jurídico, sí de facto, que realmente existe sobre el bucle de abonado. Los cableoperadores despliegan una infraestructura alternativa a la del operador dominante. Su ventaja frente a la de este es la fibra óptica, que permite un mayor ancho de banda, con lo que se mejora la cantidad y la calidad de transmisión.
Sin embargo, motivaciones políticas, que marginaron el interés general, contribuyeron a demorar la publicación de una ley que ordenase coherentemente el sector del cable. De esta tardanza derivan la mayor parte de los males que aquejan hoy a este segmento del mercado. El retraso de España en este campo es manifiesto en comparación con la mayor parte de la Unión Europea.
Los operadores de cable han iniciado sus proyectos empresariales. Sus planes de inversión superan, en algunos casos, los diez años. Sin embargo, día tras día, padecen los efectos de una serie de circunstancias que se revelan como estorbos que pueden dar al traste con sus negocios. El retraso de la legislación para el cable ha permitido que se adelanten las plataformas digitales de televisión por satélite, que se han hecho con la exclusiva de los contenidos (entretenimiento y espectáculos deportivos) para el mercado español. El rápido desarrollo de la televisión digital terrestre, que empezará a verse en los hogares españoles con la entrada del nuevo siglo, contribuye también a hacer más difícil la consolidación de la televisión por cable.
Asimismo, el avance veloz de la tecnología ha originado la aparición de nuevas infraestructuras competidoras de la fibra óptica, capaces de permitir la configuración de un bucle local distinto. Una es el ya referido ADSL (acceso indirecto al bucle de abonado). Otra es el LMDS (Local Multipoint Distribution System), bucle local inalámbrico basado en la utilización de microondas, que ofrece multitud de servicios interactivos: transmisión de datos, Internet a alta velocidad, videoconferencia y servicios a la carta. Además, sus ventajas también son patentes en cuanto a la instalación: despliegue más rápido y más barato que la fibra óptica.
A esto se suma la llegada de la nueva telefonía móvil denominada «de tercera generación», el UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Esta tecnología posibilitará la convergencia móvil-Internet, de forma que los propios teléfonos móviles sean auténticos terminales para acceder a servicios multimedia e interactivos. Todo ello supondrá un difícil obstáculo para el sector del cable en España, que puede quedar convertido en el patito feo de las telecomunicaciones. R.M.B.