Un grupo de expertos en educación cívica se reunió en la Universidad de Navarra el pasado 26 de noviembre con motivo de una Jornada de Trabajo organizada por el Departamento de Educación. Se plantearon tanto cuestiones de fondo como algunos problemas concretos de la práctica educativa.
La falta de interés de los jóvenes por la vida pública, señaló Concepción Naval, directora del Departamento de Educación de la Universidad de Navarra, hace que hoy se sienta la necesidad de volver a la educación cívica. Pero frente a toda esta demanda, cabe preguntarse: ¿es la escuela el lugar más adecuado para impartir la educación cívica?
Según la Prof. Naval, la ciudadanía no puede pensarse únicamente como un estatuto legal, sino como todo un estilo de vida, cuyo desarrollo no puede quedar relegado a la escuela. «La salud y la estabilidad de las democracias (…) no solo dependen de la buena organización del Estado, sino de la virtud individual de cada uno de los ciudadanos, es decir, de sus actitudes y cualidades de diálogo, respeto, participación, tolerancia y responsabilidad con su propia sociedad y con toda la humanidad».
El problema surge -dijo Alejandro Navas, profesor de sociología de la Universidad de Navarra- cuando en una sociedad como la actual no hay consenso acerca de cuáles son los valores comunes, porque el debate esconde siempre unos aprioris desde los que cada parte interesada realiza su discurso. Por ello, la educación para la ciudadanía debe iniciarse ya en el aprendizaje del lenguaje que proporciona aquel tipo de grupos primarios como la familia, pero después debe continuarse en otras instancias sociales y culturales: no solo la escuela, sino también los medios de comunicación, el cine, la publicidad, etc.
La escuela no basta
Por su parte, el historiador Javier Laspalas se mostró escéptico con respecto a la solución intelectual y escolar. Según Laspalas, quien ha estudiado una parte del recorrido histórico de la educación cívica concretada en la cortesía o las buenas costumbres, impartir cursos de ciudadanía responsable en las escuelas no puede llevarnos muy lejos, aunque tampoco sea una medida ineficaz del todo. «Pero limitarse a eso sería repetir el viejo esquema ilustrado, que escinde lo público y lo privado -lo político y lo ético-«.
Laspalas propone crear asociaciones de carácter no político como plataformas de expresión ciudadana, y que el poder recaiga sobre todo en las comunidades locales. Solo en este tipo de comunidades reducidas es posible educar eficazmente al joven para la conciencia solidaria de pertenecer a un grupo social y para actuar en él de forma libre y responsable.
La profesora Ángela Aparisi, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Navarra, subrayó que la demanda de educación cívica no es compatible con el puro positivismo jurídico. La función del Derecho, dijo, es «potenciar determinados valores y virtudes sociales, incluso cuando estos son rechazados en una sociedad de forma mayoritaria. Así, por ejemplo, aunque pudiera demostrarse sociológicamente que los españoles fueran mayoritariamente racistas, el Derecho positivo, y con él todas las instituciones estatales, deberían fomentar modelos sociales y políticas de igualdad».
En definitiva, ¿qué debe enseñarse para formar en la buena ciudadanía? ¿Se trata de una modificación solo en los contenidos o más bien de un nuevo giro en la mentalidad pedagógica actual? La educación cívica supone, según el catedrático de Filosofía de la Educación, Francisco Altarejos, más bien un cambio global en la práctica educativa que consiste básicamente en la superación de la instrucción en pro de la formación. La transversalidad que propugna la LOGSE parece un cauce apropiado para empezar a introducir este cambio. Pero eso no significa que la transversalidad consista en añadir contenidos complementarios a los actuales planes de estudios, sino más bien en revisar y reelaborar los objetivos instructivos de los diferentes saberes, de modo que las dimensiones técnica y científica de la enseñanza se orienten en última instancia a su esencial dimensión ética.
En definitiva, todo apunta a que la educación cívica se conciba como tarea de todos, sin distinciones entre la enseñanza formal de las escuelas e institutos y la enseñanza informal de otras instancias sociales, como los medios de comunicación, el aparato legal, los organismos políticos… Lo cual, si bien muestra un camino más adecuado, también revela que la educación cívica exige algo más difícil que una reforma educativa.
Carmen Urpí Guercia