El aumento del relativismo moral no ha llevado a una mayor libertad de discusión, sino a la creación de nuevos tabúes incluso en la Universidad. El pensamiento políticamente correcto resucita así la actitud censora para excluir del debate las ideas que considera inaceptables. La profesora universitaria canadiense Margaret Somerville explica en primera persona su experiencia. La segunda parte de ese servicio analiza los intentos de que los médicos se olviden de sus convicciones éticas a la hora de atender al paciente (1).
En 2006 acepté una invitación para recibir un doctorado honoris causa en ciencias por la Universidad de Ryerson (Toronto). Cuando se supo la noticia, la comunidad de activistas gays y quienes les apoyan desataron una ola de protestas por todo Canadá exigiendo que, debido a mis opiniones sobre el matrimonio homosexual, la Universidad retirara su ofrecimiento del título. Esto, a su vez, provocó en el país una tormenta mediática incluso mayor en defensa de la libertad de expresión.
La Universidad de Ryerson recibió numerosas llamadas de personas que afirmaban que jamás volverían a realizar una donación a la institución si me otorgaban el título honorario. Una de mis clases fue invadida por estudiantes, acompañados de cámaras de TV que filmaban la escena, y tuvo que ser suspendida cuando los intrusos llevaron a cabo un simulacro de matrimonio homosexual. Me llegaron cantidades de cartas insultantes; fui objeto de una campaña de protestas en Internet y necesité tomar medidas de seguridad al hablar en público; todo ello, porque creo que todos los niños -incluidos los que, llegados a la edad adulta, sean homosexuales- necesitan al padre y a la madre que el matrimonio heterosexual les da y de los que les priva el homosexual.
El relativismo de rigor
En esa “tormenta perfecta” encontré numerosas personas que me expresaban su honda preocupación sobre “lo que está ocurriendo en nuestras universidades”. Algo que está sucediendo es el aumento del relativismo moral. Esto puede conducir a la pérdida, por parte de los estudiantes universitarios, de valores esenciales, sin duda compartidos, o incluso abrir la puerta al nihilismo ético en el sentido de que la ética se reduzca nada más que a preferencias personales.
El postmodernismo es actualmente de rigor en las humanidades y las ciencias sociales. Los postmodernistas adoptan un enfoque relativista: no existe la verdad fundamentada; lo ético es sencillamente una cuestión de opinión y de preferencias personales. El relativismo moral supone que todos los valores valen lo mismo, y cuál debe tener prioridad en caso de conflicto no depende más que de la percepción y la preferencia de cada persona. Paradójicamente, el resultado es que “la igualdad de todos los valores” se convierte, ella misma, en el valor supremo.
Esta postura conduce en definitiva, al menos teóricamente, a convertir la extrema tolerancia en el “más igual” de entre los valores iguales. Pero, ¿sucede eso en la práctica?
La corrección política excluye los valores políticamente incorrectos del redil en el que “todos los valores son iguales”. Sofoca la libertad de expresión de las personas políticamente incorrectas. Quien desafíe la postura políticamente correcta queda, por ello mismo, etiquetado como intolerante, fanático o propagador del odio. La sustancia de los argumentos queda sin debatir; en vez de ello, las personas catalogadas como políticamente incorrectas son atacadas como intolerantes y odiosas simplemente por expresar tales argumentos.
Estrategias para aplastar el debate
Es importante comprender la estrategia empleada: hablar en contra del aborto o del matrimonio homosexual no es considerado como materia de discurso; se considera, más bien, como un acto sexista o discriminatorio contra los homosexuales, respectivamente, y, por lo tanto, en sí mismo, como una violación de los derechos humanos o incluso un delito de intolerancia. En consecuencia, se argumenta que la protección de la libertad de expresión no es aplicable en estos casos.
Otro aspecto de la misma estrategia consiste en reducir el discurso a dos posturas posibles. O eres “pro choice” en el caso del aborto y a favor de respetar los derechos de las mujeres, o eres “pro vida” y estás en contra de las mujeres y sus derechos. La posibilidad de estar a favor de las mujeres, de sus derechos y ser pro vida queda eliminada.
Idéntico enfoque se adopta respecto del matrimonio homosexual: o se está contra la discriminación basada en la orientación sexual y a favor del matrimonio homosexual, o contra el mencionado matrimonio y a favor de dicha discriminación. Se elimina la opción de estar en contra de tal discriminación y del matrimonio homosexual, como es mi caso.
Nada de ello es casual; constituye el núcleo de la estrategia que ha tenido éxito en Canadá y que ha llevado a la legalización del matrimonio homosexual y al mantenimiento de un vacío legal absoluto sobre la regulación del aborto.
En pocas palabras, la corrección política está siendo utilizada como una forma de fundamentalismo.
Política de exclusión
¿Ha sido Ryerson un caso singular en nuestras universidades? No lo creo. Un ejemplo actual, y muy preocupante, es la supresión de grupos pro vida y de todo discurso de idéntica orientación en los campus universitarios canadienses. Sean cuales sean nuestras opiniones acerca del aborto, a todos debería preocuparnos esta tendencia. Los estudiantes favorables al aborto tratan de impedir que sus compañeros pro vida participen en el debate colectivo que debería tener lugar a propósito del aborto. En realidad, no desean que haya debate alguno, alegando que preguntarse si deberíamos tener alguna ley sobre el aborto es, en sí mismo, inaceptable.
Hay quienes van incluso más lejos: quieren obligar a los estudiantes a actuar en contra de su conciencia como condición para graduarse. El grupo “Medical Students for Choice” quisiera que la realización de un aborto fuera un “procedimiento requerido”; es decir, que un estudiante tendría que realizar competentemente un aborto para obtener el título. En cambio, asistir en un parto no es un “procedimiento requerido”.
No es necesario hacer hincapié en los peligros que esto entraña para las universidades. El precepto más fundamental sobre el que se funda una universidad es la apertura a las ideas y al conocimiento procedentes de todas las fuentes.
¿Qué fue de los valores compartidos?
Lo más preocupante es que este conflicto dentro de las universidades, resuelto mediante la anulación de la libertad de expresión, podría ser un ejemplo menor de un problema mucho mayor fuera de los centros docentes. Podríamos estar corriendo el riesgo de aniquilar algunos de nuestros valores compartidos, y eso crea una situación que amenaza a la misma sociedad.
No podemos mantener unida a una sociedad a largo plazo sin valores compartidos, es decir, sin un paradigma socio-cultural: la historia sobre nosotros mismos que sostiene nuestros principios, valores, actitudes y creencias más importantes, la que nos transmitimos mutuamente y la que todos nosotros aceptamos a fin de formar la argamasa que nos mantiene unidos. La sola tolerancia, especialmente si no está equilibrada por otros valores importantes, no es suficiente, ni de lejos, para fundamentar ese discurso.
Para garantizar que nuestra historia no se desintegre y siga enriqueciéndose, debemos entablar una conversación mutuamente respetuosa. El público necesita que los profesores universitarios hablen con libertad -y con respeto, abierta y francamente, sin la amenaza de posibles repercusiones- sobre problemas sociales polémicos pero importantes. Ello exige que se respeten la libertad de pensamiento, la de expresión, la de asociación y la académica; esta última tiene como fin principal el bien del público, permitiendo que los profesores universitarios sientan que pueden decir la verdad, tal y como ellos la ven.
(Artículo publicado originalmente en MercatorNet (1-07-2008).
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Margaret Somerville es Directora y Fundadora del Centro de Medicina, Ética y Derecho de la Universidad de McGill en Montreal.