Análisis
Han pasado los tiempos en que la gente recibía agradecida atenciones médicas y enseñanza del Estado, fueran como fueran. Hoy los ciudadanos tienen mayor conciencia del valor de sus impuestos que sufragan los servicios públicos. Es lógico que demanden no solo buena calidad, sino también un mínimo de autonomía para decidir sobre las prestaciones. El mínimo es poder elegir, entre las opciones disponibles, el hospital o el colegio al que acudir, sin tener que conformarse con el adjudicado por la burocracia. Algunos políticos, sin embargo, creen que esa libertad es solo para quienes pagan servicios privados, y racionalizan su postura alegando que los ciudadanos desde luego quieren calidad en los públicos, pero no tienen realmente interés en escoger. Eso puede ser verdad o una interpretación errónea de los deseos ajenos; habría que preguntar a los implicados.
Así se ha hecho en Gran Bretaña, donde el funcionamiento de los servicios públicos es una de las principales preocupaciones del electorado. La opinión popular se ha obtenido mediante un sondeo a una muestra de 2.200 personas encargado por The Economist, que ha publicado un resumen de los resultados en su número del 10 de abril y los datos completos en Internet (www.economist.com/world/europe).
El sondeo indica que la gente no rehúsa la posibilidad de optar. Poder elegir es muy o bastante importante para dos tercios de la muestra, si se trata de los hospitales, y lo mismo dicen, con respecto a las escuelas públicas, tres de cada cuatro personas con hijos en colegios estatales. Pero esta era la pregunta fácil; otras están pensadas para contrastar la aspiración general a la libertad de escoger con la preocupación por la calidad de los servicios públicos.
Esto es relevante, porque contra la elección de hospital y, sobre todo, de escuela, se aduce que satisfaría a una minoría de interesados en perjuicio de la generalidad. En concreto, se dice que si se pudiera escoger entre los colegios estatales, los más demandados se llevarían una parte desproporcionada de los mejores alumnos y del presupuesto para educación, y los menos favorecidos se quedarían con «los restos». Lo cual iría contra el principio de igualdad en el servicio público.
Es un argumento paradójico, pues implica reconocer que la asignación burocrática de escuela no proporciona igualdad, sino que las escuelas públicas son de distintas calidades y los padres escogerían, si les dejaran, la mejor que pudieran encontrar. Por otro lado, la concentración de chicos difíciles o menos afortunados en algunos colegios responde ante todo a la que se da en los correspondientes barrios. De modo que abandonar el criterio de cercanía del domicilio en la asignación de escuela no agravaría el problema y más bien lo aliviaría. En fin, la elección de escuela solo se puede ejercer individualmente, por lo que no es fácil convencer a quien la quiere de que sería mejor no tenerla. Cada familia es responsable de la educación de sus propios hijos, mientras que no puede hacer mucho por la de todos los niños del país.
Aun así, la encuesta británica no da pie a pensar que la mayoría a favor de la libertad de elección sea indiferente al interés común. Cuando se pregunta qué debería hacer el gobierno si dispusiera de dinero extra para educación o sanidad, tres de cada cuatro personas responden que, primero, dar más fondos a todas las escuelas u hospitales, no gastarlo en facilitar la opción a los usuarios.
Candidatos al cheque escolar
El sondeo pregunta además sobre la repercusión que la libertad de elegir tendría en la calidad general del servicio. En el caso de la sanidad, el 44% cree que la calidad mejoraría; el 37%, que no cambiaría mucho, y solo el 13% piensa que bajaría. Para las escuelas públicas, las opiniones presentan una distribución similar: 38%, 42% y 15%, respectivamente. La encuesta vuelve a preguntar lo mismo en relación no ya con la calidad del servicio en general, sino con la del servicio que recibiría el propio encuestado y su familia, y obtiene resultados muy parecidos. Por ejemplo, de los que tienen hijos en escuelas públicas, el 43% opinan que tendrían mejor educación, el 40% no esperan cambio y el 11% creen que la calidad sería peor. Se puede concluir, entonces, que ni la libertad de elección es una postura elitista ni sus partidarios piensan solo en su propio beneficio.
El sondeo británico abona unas hipótesis que han sido objeto de verificación empírica en Estados Unidos. Los críticos del cheque escolar para Washington, aprobado en enero (ver servicio 16/04), alegaban que los supuestos beneficiarios no apoyaban la idea. En realidad, una vez dada la posibilidad de elegir escuela, los padres se han apresurado a usarla. A mediados de abril se dio a conocer la primera lista de familias que aspiran al cheque, para así acudir el curso próximo al colegio privado que cada una prefiera. Son más de 1.400, que entre todas tienen unos 3.000 chicos en las escuelas públicas de la capital (cfr. The Washington Post, 21-IV-2004). No es seguro que el presupuesto del plan alcance para tantos cheques: depende del costo total que tengan las matrículas en los centros elegidos. Pero la popularidad de la fórmula era previsible: ya se había visto la buena aceptación que tiene en los demás lugares de Estados Unidos donde se ha implantado.
El caso de Washington prueba también que las escuelas públicas no son todas iguales, que la gente lo sabe y que por eso quiere escoger. Ya antes del cheque las familias de Washington tenían un procedimiento para escapar del colegio público que les hubiera tocado: acudir a alguna de las 37 charter schools, que son también públicas y gratuitas, pero autónomas y de mejor calidad. Hasta hoy, más de 13.000 alumnos se han pasado de los centros públicos convencionales a las charter schools.
Rafael Serrano