La revisión de la ley Falloux en Francia
Lo que empezó como un proyecto de ley para financiar las inversiones de la enseñanza privada ha terminado en negociaciones para aumentar el presupuesto de la enseñanza pública. Es el curioso resultado del intento de revisión de la ley Falloux en Francia, derribado por una decisión del Consejo Constitucional y apuntillado por una manifestación de cientos de miles de personas. Acostumbrada a perder en los últimos tiempos, la izquierda saborea su victoria. Y los sindicatos de la enseñanza pública pretenden lograr del gobierno conservador el aumento de fondos que tampoco obtuvieron cuando gobernaban los socialistas.
Todo resulta un tanto paradójico. La ley pretendía dar libertad a las colectividades locales -sin obligarlas- para financiar los inmuebles de la enseñanza privada (cfr. servicio 171/93). El Consejo Constitucional la ha censurado porque, al no obligar, permitía que centros privados en situaciones comparables tuvieran un distinto tratamiento según la voluntad de las distintas colectividades locales. A su juicio, esto no respeta el principio de igualdad.
Ante este razonamiento han surgido las inevitables preguntas: ¿Respeta el principio de igualdad que las escuelas privadas bajo contrato no puedan beneficiarse de la misma financiación que las públicas? ¿Por qué un ayuntamiento puede financiar sin límites los gastos de inversión de un club deportivo o asociación cultural privada, pero no más de un 10% si se trata de un colegio también privado?
Bien es verdad que la enseñanza sigue siendo un tema explosivo en un país donde no se acaba de enterrar el hacha de la guerra escolar. Al gobierno se le ha reprochado no haber maniobrado con más tacto en un terreno minado. Pero tampoco han derrochado mucho tacto los que, para defender la enseñanza pública, han desempolvado el rancio conflicto entre la «enseñanza laica» y la «escuela de los curas». Quienes adoptan esta perspectiva consideran que toda mejora de la enseñanza privada va en detrimento de la pública, en contra de los valores republicanos y a favor del oscuran-tismo. En suma, fuera de la enseñanza pública no hay salvación para el buen ciudadano.
La realidad es que las escuelas privadas y las públicas siguen hoy los mismos programas, sus profesores se forman del mismo modo, los tribunales de exámenes son mixtos y sus alumnos se presentan a los mismos diplomas nacionales. Lo que distingue a la mayoría de los colegios privados es su «carácter propio» católico, lo cual sólo puede molestar a los alérgicos al pluralismo.
De hecho, cada vez más familias francesas recurren indistintamente a ambos sectores de la enseñanza, según las necesidades de sus hijos. Es cierto que los 2 millones de alumnos de la privada suponen un 17% del total en un momento dado. Pero estudios sociológicos han demostrado que el 36% de los alumnos de una generación han frecuentado en un momento u otro la enseñanza privada. Por lo tanto, si como se ha vuelto a decir en estos días la enseñanza privada fuera sólo para ricos, más de un joven francés de cada tres puede considerarse adinerado. A no ser que el mismo alumno sea un privilegiado cuando estudia en la escuela privada y un representante de las clases populares cuando estudia en la pública.
Las cifras del presupuesto de educación nacional no permiten afirmar que la enseñanza pública esté desasistida en comparación con la privada. Ésta, con el 17% de los alumnos, recibe el 13% del presupuesto de educación. Tampoco la ley propuesta instauraba ningún desequilibrio en contra de la enseñanza pública: la ayuda para inversiones de los centros privados no podía ser superior, para el mismo número de alumnos escolarizados, a la ayuda para los centros públicos.
De hecho, los padres que eligen la enseñanza privada no lo hacen porque estos colegios cuenten con mejores instalaciones. Según las encuestas, los motivos de más peso invocados por estos padres son la mayor disciplina (50%) y la atención per-sonalizada al alumno (48%). Probablemente es ahí donde la enseñanza pública debe mejorar para aumentar su atractivo.
Pero entre los grupos que estos días se han movilizado en defensa de la enseñanza pública parece dominar el temor a toda competencia. Así, uno de los sindicatos de profesores pide al ministro que «renuncie a establecer toda paridad entre la privada y la pública». Otros aseguran que la enseñanza privada debería estar sometida también al principio que adscribe a un alumno a un determinado colegio según su domicilio. Pero incluso entre los usuarios de la enseñanza pública el 25% ha logrado eludir esta regla. Y, además, ¿cómo conciliar esto con la elección consagrada por la libertad de enseñanza?
La realidad es que cada vez más los padres quieren elegir el colegio de sus hijos, tanto en la enseñanza pública como en la privada, sin que en ningún caso suponga una penalización económica. Y el mejor modo de mejorar la enseñanza en ambos sectores será la emulación para responder a las expectativas de las familias.
Ignacio Aréchaga