El matrimonio homosexual en Bermudas, que fue legalizado por sentencia judicial el pasado mayo, ha estado vigente casi ocho meses, en los que se han acogido a él otras tantas parejas. La nueva ley pretende contrapesar la opinión popular, favorable a reservar la palabra “matrimonio” para la unión entre un hombre y una mujer, con las protecciones para las parejas del mismo sexo que establece la jurisprudencia europea.
Con la firma del gobernador de Bermudas, territorio británico de ultramar situado en el Caribe, el pasado miércoles, ha entrado en vigor la ley propuesta por el gobierno, y aprobada holgadamente por las dos cámaras parlamentarias en diciembre, para sustituir la figura del matrimonio homosexual por la de pareja de hecho, a la que también podrán acogerse personas heterosexuales.
El matrimonio homosexual fue legalizado por una sentencia del Tribunal Supremo de mayo del año pasado. En ella, la juez señalaba que “tal como se recoge en la Ley de Matrimonio (1944), la definición de este, como la unión para toda la vida entre un hombre y una mujer, entra en contradicción con lo expresado en la Ley de Derechos Humanos (1981), en tanto que constituye una deliberada diferencia de trato en razón de la orientación sexual”.
No era la primera vez que el Tribunal fallaba a favor de las parejas homosexuales. Dos años antes, otra sentencia equiparaba sus derechos con los de las uniones heterosexuales a efectos laborales y de residencia (el caso involucraba a un hombre cuyo compañero sentimental no era ciudadano de Bermudas). El siguiente paso era cuestión de tiempo. Una demanda por discriminación interpuesta meses después fue el origen del fallo publicado en mayo de 2017.
Oposición popular
Desde la primera sentencia, la posible aprobación del matrimonio homosexual contó con la oposición de una gran parte de la sociedad y del espectro político. En junio de 2016, el gobierno celebró un referéndum para medir el apoyo al matrimonio o las parejas civiles para personas del mismo sexo. La consulta, celebrada en junio, fue declarada inválida, pues el porcentaje de participación (48%) no llegó al mínimo requerido (50%), pero los resultados eran claros: dos de cada tres votantes se oponían a cualquiera de las dos medidas. Otras encuestas publicadas en torno a las mismas fechas, coincidían en el rechazo al matrimonio, pero señalaban una mayoría a favor de las uniones civiles.
En un referéndum en el que participó el 48% del electorado, dos tercios de los votos fueron contrarios a legalizar el matrimonio homosexual
Quizás basándose en ellas, y después de que a punto estuviera de salir adelante una iniciativa que quería eliminar la mención a la orientación sexual de la ley de Derechos Humanos, el gobierno del PLP (Progressive Labour Party), en el gabinete desde julio de 2017, tomó la iniciativa y presentó su propia propuesta, que sustituye el matrimonio homosexual por las parejas de hecho, pero que, a la vez, concede a este tipo de uniones unos derechos casi equivalentes a los de los matrimonios en materia de pensiones, herencias, derechos de propiedad o residencia, entre otros aspectos.
Con la aprobación de este proyecto, el gobierno considera que, por un lado, ha escuchado la opinión mayoritaria de la sociedad, y, por otro, se atiene a la jurisdicción europea (a la que está sujeta por ser territorio británico) sobre la protección de los derechos familiares de las parejas homosexuales.
El final… o no
Queda por ver si, efectivamente, la firma de la ley por parte del gobernador es el último acto de esta historia. El gobierno británico no parece especialmente interesado en interferir, aunque algunos miembros de la oposición se lo han pedido expresamente. Otra posibilidad es que se recurra la nueva legislación ante el Tribunal Supremo, algo que prometió hacer el abogado de la sentencia de 2017 si se llegaba a esta situación.
Mientras tanto, este pequeño territorio británico se ha convertido en el primero en dar marcha atrás en la legalización del matrimonio homosexual, algo en lo que ha sido clave el rechazo social expresado en el referéndum y en la elección de los representantes políticos.