Después de tres años de división, la Unión Europea ha conseguido cerrar un acuerdo en torno al Pacto de Migración y Asilo que pretende armonizar las políticas de los países y establecer un marco común.
Cualquier forma de consenso parlamentario debería ser una buena noticia, pero en este caso, parece ser que el intento por conciliar tanto las posturas de unos y de otros ha alumbrado una normativa que se ha quedado en terreno de nadie.
Tal y como reconoce la Unión Europea, el sistema actual de gestión de la migración y asilo no funciona, por lo que era necesario formular uno nuevo.
“Esto es crucial para restablecer la confianza entre los Estados miembros y en la capacidad de la Unión Europea para gestionar la migración”, señala la Comisión.
Y es que eso es, en realidad, lo que está en juego: la reputación de la UE en un momento en el que cada vez más Estados miembros, presionados por su situación interna, viran hacia políticas de inmigración más restrictivas o piden una mayor contribución para ayudar a aliviar la saturación de sus propios sistemas.
El Pacto de Migración, que deberá ser formalizado y adoptado en el primer semestre de 2024, pretende conjugar el principio de solidaridad con el de seguridad. La intención es noble, pero la gran pregunta es si la nueva propuesta está a la altura de esos objetivos.
En el centro de la propuesta estaba la cuestión del reparto de migrantes en forma de cuotas obligatorias para los países. Estados de primera línea de acogida, como España e Italia, querían que el resto de se comprometieran a recibir a un número determinado de personas migrantes.
Sin embargo, la obligatoriedad ya hizo saltar por los aires el sistema anterior cuando los países se negaron a cumplir sus compromisos.
Y no son solo Hungría y Polonia, ya conocidos por su rechazo a este modelo, los que no quieren que esto se termine imponiendo. Países como Francia –que acaba de sacar adelante una ley de inmigración muy restrictiva–, Eslovaquia o Dinamarca, también se han mostrado contrarios.
El resultado final es lo que la Unión Europea ha llamado “solidaridad flexible”. Es quizá algo eufemístico este término. Lo que el mecanismo permite es que un país no acoja a los refugiados que le corresponden si paga 20.000 euros o compensa su negativa con otras contribuciones.
No sin razón, las ONG parecen pensar que esto no es suficiente. Más de 50 han enviado una carta abierta denunciando que el nuevo Pacto de Migración y Asilo no resuelve los problemas asociados a la gestión migratoria y deja a las personas migrantes en una situación de mayor vulnerabilidad.
Lo que sí hace el Pacto es unificar el procedimiento de asilo y hacerlo más rápido y eficaz. Al menos para devolver a los migrantes rechazados, para reubicarlos en países terceros con los que se tengan acuerdos o para ubicarlos en centros de detención transfronterizos mientras se resuelva su proceso. Situaciones de las que los menores no quedan protegidos.
Quizá lo más llamativo es aquello de lo que el Pacto no habla, como de la integración de los migrantes, de las muertes en el mar, de inmigración laboral o de abrir vías alternativas a las irregulares.
Tampoco concreta cómo va a evitar que los inmigrantes no sean instrumentalizados por países terceros, que pueden utilizar su situación para presionar a los Estados miembros y perseguir sus propios intereses.
Está claro que en situaciones complejas y divisivas, se corre el riesgo de, por querer contentar a todos, acabar sin contentar a nadie.
En definitiva, estamos ante un pacto insuficiente que no satisface a ninguna de las partes y que habrá que ver si ha terminado con la división o seguirá siendo fuente de conflictos.