Estatua de Salvador Allende en Santiago (foto: RocioSantar)
Santiago.— “Eléctrico”. Así definió el presidente Boric el ambiente que se vive en Chile en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Lo cierto es que se trata más bien de una polarización de las élites políticas, porque las preocupaciones de la mayor parte de la ciudadanía son seguridad, inmigración, economía, salud y educación.
Según los datos de una importante encuesta a nivel nacional, solo un 1% de los chilenos considera que la atención a esta efeméride debe ser una de las prioridades del gobierno. Incluso la idea de reemplazar una Constitución escrita en dictadura por una en democracia –discusión que ha tenido sumergido al país por casi cuatro años– hoy no es tema para la gran mayoría.
¿Por qué esa electricidad? Aunque hay muchas explicaciones posibles, algunos analistas políticos han hablado de un fenómeno que en psicología suele identificarse como “duelo patológico”. Puesto que, cuando un duelo se vuelve crónico, es decir, cuando no se es capaz de asumir una pérdida o un dolor importante y nos quedamos anclados en el pasado, estamos ya frente a una enfermedad. Tal vez hoy, después de 50 años, la clase política del país padece este mal.
La gran cuestión pendiente: los desaparecidos
Vale preguntarse, entonces, dónde radican esos puntos de dolor que todavía tensionan el diálogo entre los distintos sectores políticos. En primer lugar, está el capítulo de los detenidos desaparecidos. Este es probablemente el tema más sensible en torno al cual todavía hay una discusión abierta. Basta recordar las palabras del presidente Boric en una reciente gira por Europa, cuando afirmó que “en Chile no hemos encontrado todavía la justicia”, para darse cuenta de que es un capítulo todavía abierto. Fue duro para la izquierda tradicional oír esas palabras, pues durante medio siglo ella puso en marcha un proceso de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a través de distintas comisiones dedicadas a investigar los hechos y hacer justicia. Sin embargo, para la coalición gobernante nada de esto ha sido suficiente.
El gobierno de Boric se entiende a sí mismo en continuidad con la Unidad Popular de Allende
Por este motivo, el gobierno lanzó hace algunas semanas el “Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia”, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la desaparición o muerte de las víctimas de la dictadura, que suman más de 1.200. Aunque, en general, nadie se opone a esta política pública, queda la duda de cuán viable será. Solo por mencionar una de las trabas con que se encontrará, está el hecho de que hoy, las personas que manejan información secreta saben que el precio a pagar por hablar es la cárcel. Pero lo más complejo no es tanto el desarrollo del plan, sino el ambiente en el que se propone, un ambiente que ha dejado entrever sutilmente una división entre buenos y malos, asesinos y redentores. Así pues, aunque esta podría haber sido la medida para lograr una cierta unidad entre los sectores políticos, ha estado rodeada de discordia.
Explicar o justificar el golpe
En segundo lugar, está el capítulo del golpe de estado. En efecto, parte importante de este “duelo patológico” es la incapacidad de la clase política para aceptar posiciones distintas en torno al tema. Para la izquierda más radical, es inconcebible que todavía existan personas que legitimen ese hecho, pues tal como ha sostenido el presidente: “Desde el minuto cero fue crimen, felonía y vergüenza”. Así las cosas, para este sector no es posible separar el golpe militar de la violación a los derechos humanos.
Pero hay más. El gobierno se entiende a sí mismo en continuidad con la Unidad Popular (UP) de Allende y, por tanto, para ellos, el golpe derrotó un proyecto que quedó inconcluso y que aspiran a reivindicar. Sin embargo, en 2022 el pueblo chileno se rebeló frente a esta alternativa y rechazó con un 61% el proyecto constitucional que venía a cumplir ese “sueño” del gobierno. Asimismo, hoy existe un consenso –tácito, si se quiere– entre amplios sectores de la izquierda y la derecha en cuanto al fracaso del proyecto político de Allende. En efecto, es difícil negar la profunda inestabilidad política, social y económica que caracterizó a ese gobierno, junto con su falta de respeto a la legalidad.
Es por eso que incluso ciertos sectores de izquierda coinciden en que existen razones que explican el golpe, aunque eso no signifique necesariamente justificarlo. Especialmente interesante es el papel que jugó la Democracia Cristiana (DC) para dar el empujón final. Cabe consignar que, en agosto de 1973, la DC suscribió el Acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Da la impresión de que esa señal de quiebre, especialmente de la DC con la UP, impulsó a los militares para decidirse a dar el golpe. Es claro que, sin el apoyo de la DC, que ejercía en aquel tiempo una importante influencia en las clases medias, el golpe no se hubiera podido llevar a cabo. Pasado el tiempo, la mayoría de sus adherentes estuvo en contra de la dictadura militar.
Los sectores de derecha, por su parte, justifican el golpe de Estado, al mismo tiempo que condenan la violación de los derechos humanos. Aun cuando durante los años de la dictadura e incluso en democracia hubo quienes no terminaban de reconocer estos horrores, hoy es posible decir que son una minoría casi inexistente. Son tantas las pruebas y testimonios de lo ocurrido, que nadie sensato podría negarlo. Sin embargo, argumentan que el golpe obedece a un contexto histórico en que la democracia estaba quebrada ya antes del 11 de septiembre de 1973. Y es ahí donde radica su justificación. En efecto, se preguntan si acaso se puede hablar de credenciales democráticas cuando se gobierna por decreto, se clausuran medios de comunicación, se expropia la propiedad privada, hay contrabando de armas para la lucha armada y se admira abiertamente a Lenin. En esta línea, existen informes y sentencias de la Contraloría General de la República y el Poder Judicial que dan cuenta del avasallamiento de esos poderes durante el gobierno de Allende.
Nuevas valoraciones del gobierno de Allende
Como es posible apreciar, existen visiones distintas sobre los hechos y, naturalmente, no se puede pretender que exista una “versión oficial”, como intentó imponer el Ministerio de las Culturas, encargado de liderar la conmemoración, a principios de este año. Hace falta una reflexión profunda sobre el pasado, para reconocer y aprender de los errores de lado y lado y, en consecuencia, tolerar que haya desencuentros en torno al tema. Solo así Chile será capaz de mirar al futuro, sin estar determinado por su pasado.
Actualmente hay un amplio consenso sobre la fragilidad del proyecto de Allende
En este sentido, resulta esperanzador que, en algunos ambientes académicos, intelectuales de diversos signos políticos han sostenido diálogos profundos y respetuosos sobre esta etapa de la historia. Especialmente aplaudido por personas de distintas tendencias, incluso por el mismo presidente, ha sido el libro de Daniel Mansuy, Salvador Allende, la izquierda chilena y la Unidad Popular, pues logra aportar una comprensión ponderada sobre ese período, y contribuye así a superar la lógica del odio político que tantas veces ha marcado los escritos sobre estos años.
Otro de los libros más vendidos hoy en el país es La experiencia política de la Unidad Popular, obra póstuma de Patricio Aylwin, líder de la DC durante la UP y primer presidente del Chile posdictadura. Es interesante destacar que ambas obras han tenido una muy buena acogida en los distintos sectores políticos, aun cuando muestran claramente la fragilidad del proyecto de la UP, lo que refuerza la tesis de que existe un amplio consenso en esta línea.
Así pues, a Chile todavía le queda camino por recorrer. No deja de ser curioso que haya tomado menos tiempo recuperarse de la guerra civil que sufrió en 1891, que del golpe militar. Como hacen notar algunos historiadores, quince años después de esa guerra no existía ya división alguna. Incluso había matrimonios entre personas de bandos contrarios. La pregunta es si esta vez será posible lograr la reconciliación. Quizá, hasta que el capítulo de los detenidos desaparecidos no esté cerrado será difícil.
Sin embargo, pueden resultar iluminadoras las palabras que este año el escritor Cristián Warnken, una de las figuras más importantes de la centroizquierda, dirigió al presidente a través de una carta abierta: “Es hora de cerrar el duelo: el país debe hacerlo, y sobre todo la izquierda. Sí. La que sufrió en carne propia los horrores del fanatismo, el exilio, la desaparición, la tortura. Más grande y poderosa será esa izquierda si puede hacer esa resiliencia”. Lo que se necesita para dar vuelta a la página, es que el dolor no le gane a la razón.