Marcha en defensa del INE en Ciudad de México, el pasado 12 de marzo (foto: Armando Olivo/Shutterstock)
Jalisco.— La sociedad civil ha tenido un rol fundamental en contrarrestar el acoso sistemático hacia las instituciones que organizan las elecciones en México. Las manifestaciones sociales masivas parecen haber influido fuertemente en las decisiones del Congreso, la oposición y la Suprema Corte, de modo que existe ahora un escenario relativamente estable que hace unos meses se veía impensable.
En 2024 México elegirá a su próximo presidente, se renovarán algunos gobiernos estatales y el poder legislativo. En los últimos meses, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presentado dos iniciativas de reforma al sistema electoral. La primera, y más agresiva, pretendía reformar la Constitución para que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) fueran electos por votación popular de entre candidatos propuestos por el presidente, algo que en los hechos se traducía en que el Instituto perdiera su independencia y se volviera partidista, garantizando el control del partido gobernante sobre las próximas elecciones. La segunda, el llamado “plan B”, que ya fue aprobado por el poder legislativo pero cuya aplicación está temporalmente suspendida, pretende recortar presupuesto, facultades y aspectos operativos que prácticamente imposibilitarían que el INE realice sus funciones de garantizar elecciones transparentes y democráticas.
Reacción popular
Lo llamativo de esta situación, y que la hace diferente a todos los demás conflictos de este gobierno, es el rol activo que la sociedad civil ha desempeñado en estas discusiones. MORENA, el partido en el poder, cuenta con mayoría en el Congreso para realizar las reformas legales que quiera. Además, tiene suficiente poder de negociación y coacción para forzar a algunos miembros de los partidos de oposición a que aprueben reformas constitucionales, como ya lo ha hecho en otras materias.
Sin embargo, la manifestación masiva que se realizó en todas las ciudades del país, bajo el lema “Yo defiendo al INE”, ha fortalecido a la oposición y ha impedido que se reformara la Constitución como se pretendía en la propuesta de reforma. Si bien no contamos con conteos confiables del número de participantes, esta ha sido, sin duda, la manifestación más grande de los últimos años. Y fue organizada por la ciudadanía, sin que los partidos políticos tuvieran ningún papel directivo o protagónico.
Con su “plan B”, el partido gobernante pretende debilitar al árbitro electoral, lo que permitiría que los comicios se manipularan con impunidad
Ante este escenario, MORENA acudió a su “plan B”, que el 26 de febrero también provocó una segunda manifestación nacional de dimensiones similares a la primera, bajo el lema “El INE no se toca”.
A pesar de ello, el 2 de marzo se publicó el “plan B”, aprobado en el Congreso sin que hubiera ninguna negociación con la oposición, debate o tiempo para discutirlo. Entre otras cosas, esta reforma le quita facultades sancionatorias y revisoras al INE sobre el actuar de los partidos políticos, recorta el presupuesto del sistema y elimina una cantidad considerable de puestos administrativos (se habla de aproximadamente 6.000). También abrevia los tiempos de organización de las elecciones, de forma que hace imposible que el INE pueda tener bajo control lo que suceda el día de la elección en las distintas casillas que se montan en todo el territorio nacional.
En pocas palabras, el “plan B” debilita al árbitro electoral y propicia un ambiente en el que sería fácil que los partidos políticos incurran en malas prácticas para manipular la elección impunemente.
Intervención de la Suprema Corte
De forma sorpresiva, el 24 de marzo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, concedió una suspensión provisional que evita que el “plan B” comience a aplicarse hasta que la SCJN resuelva en sentencia definitiva sobre su constitucionalidad. Esto es particularmente raro en el Derecho mexicano, puesto que ordinariamente la SCJN únicamente puede inaplicar leyes generales después de haber emitido sentencia y obtenido voto calificado de 8 de sus 11 miembros.
La sociedad civil, a través de colegios de abogados, conferencias de empresarios y otras organizaciones, ha dado muy buena acogida a la suspensión del plan oficialista
Esta decisión de Laynez ha generado polémica, pues el partido en el poder argumenta que el ministro no cuenta con facultades para tomar tal medida. Aun más: la ley secundaria prohíbe expresamente que la Corte otorgue suspensiones provisionales sobre la aplicación de leyes generales. Sin embargo, la SCJN ya ha hecho esto en otros precedentes, bajo el argumento de que, en caso de que se aplique la ley general, se generaría un daño irreparable que dejaría sin sentido las facultades jurisdiccionales de la SCJN.
López Obrador ha atacado vehementemente a Laynez en sus conferencias mañaneras y en los comunicados de prensa de distintas instituciones dependientes del Ejecutivo. Además, los gobernadores de MORENA presentaron también un comunicado de inconformidad con el actuar del ministro, argumentando que estaba violando la Constitución con dicha suspensión.
Sin embargo, la sociedad civil, a través de colegios de abogados, conferencias de empresarios, y otras organizaciones, ha salido en defensa del poder judicial y ha dado muy buena acogida a la suspensión.
Justo después, la Cámara de Diputados tuvo que elegir a la actual presidenta del INE y a nuevos consejeros. Para ello, la falta de consensos en el Legislativo llevó a que se decidiera por sorteo entre una lista de candidatos, de lo cual resultó como presidenta la consejera Guadalupe Taddei, quien, si bien tiene nexos con el partido en el poder, ha demostrado capacidad técnica en materia electoral. La noticia es buena, pues los analistas coinciden en señalar que, de no haber sido por el método de insaculación, el escenario previsible era que el INE dependería completamente del presidente.
La situación actualmente es más equilibrada y estable de lo que podría pensarse hace pocas semanas. El “plan B” está suspendido hasta que la Corte resuelva, lo cual sucederá en los próximos meses, antes de que inicie el proceso electoral. Entretanto, el INE ha seguido trabajando con relativa normalidad, aunque con incertidumbre sobre lo que vaya a resultar del juicio pendiente ante la Corte.
Más recientemente, se presentó una nueva iniciativa para reformar algunos aspectos del Tribunal Electoral, que limitaban sus facultades. Sin embargo, aunque en un primer momento parecía que la oposición había pactado a favor de la reforma, las críticas de la sociedad civil fueron tan fuertes que la semana pasada se decidió voluntariamente retirar la iniciativa.
Nada de esto se hubiera logrado sin el golpe de autoridad que dio la sociedad civil a través de sus manifestaciones. Estas han sido las que legitimaron la decisión del ministro Laynez y fortalecieron a la oposición para votar en contra del “plan A” y aprobar a los consejeros del INE impulsados por el partido en el poder. La defensa del sistema electoral ha unificado a la participación ciudadana y le ha dado una fuerza que no habíamos visto antes en los últimos años.
Juan Pablo Andrade Rojas
Abogado y profesor de la Universidad Panamericana
Un comentario
La defensa del INE debe seguir. Y estareade todos.