Montevideo.— En una ajustada votación, Luis Lacalle Pou –de centroderecha– resultó electo en Uruguay al vencer en segunda vuelta al candidato oficialista, el izquierdista Daniel Martínez. Luego de quince años de “ortodoxia izquierdista”, marcados por la permisividad en lo social, un desgastado Frente Amplio se marcha por errores propios y por carecer de soluciones a los principales asuntos del país: la economía, la seguridad y la educación.
Hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995), Luis Lacalle Pou venció a Daniel Martínez en el balotaje del 24 de noviembre, en una elección más peleada de lo que establecían las encuestas previas: el candidato por el Partido Nacional se hizo con la victoria por poco más de 37.000 votos.
De cualquier modo, la pérdida de votos por parte del oficialismo –el Frente Amplio– quedó patente en la primera vuelta electoral celebrada en octubre. Ese día obtuvo el 39% de los sufragios –9 puntos menos que cinco años antes–, mientras que Lacalle Pou conquistaba el 29%, seguido por los abanderados del tradicional Partido Colorado, Ernesto Talvi (12%), y de la novel agrupación Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos (11%).
Una de las principales preocupaciones de los ciudadanos: la falta de seguridad, por el aumento de los homicidios y los robos
De esta votación surgió la conformación del Parlamento que, por primera vez en tres lustros, no tendrá mayoría ejercida del partido ganador en la elección presidencial. Algo que plantea un desafío para el futuro gobierno de Lacalle Pou, que deberá consensuar y buscar acuerdos con otras afiliaciones.
El vencedor asumirá el cargo el próximo 1 de marzo, momento en que recibirá la banda presidencial de manos del actual mandatario, Tabaré Vázquez.
Inseguridad
Lacalle Pou tendrá por delante una serie de desafíos, que aspira a afrontar con la llamada “coalición multicolor”, el conjunto de partidos opositores que se aliaron para vencer al oficialismo y con los que tendrá que acordar para gobernar.
Los planes sociales y las mejoras a nivel laboral estuvieron entre las iniciativas más significativas de las administraciones de izquierda, como también la liberalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la legalización de la marihuana, leyes que llegaron de la mano de José Mujica (2010-2015).
Todos esos asuntos tuvieron su apoyo popular, pero no resultó suficiente para que el Frente Amplio accediera a un cuarto gobierno. Influyeron el creciente descontento por los problemas económicos y los casos de corrupción en sectores estatales, así como la inseguridad, un punto que irrumpió fuerte en esta campaña electoral y por el cual se entiende, en buena medida, el ascenso del partido Cabildo Abierto, liderado por un militar.
Se trata de una de las principales preocupaciones de los ciudadanos: la falta de seguridad aderezada con la sensación de desprotección por parte de la fuerza pública, que –paradójicamente– está mejor equipada y cuenta con más recursos que nunca.
Cada año se bate récord de homicidios, que aumentaron en un 45,8% entre 2017 y 2018. Esto expandió la tasa a 11,8 por 100.000 habitantes. Un registro inédito en Uruguay, pese a que no es comparable con lo que sucede en otras naciones de la región.
La educación pública se encuentra en estado disfuncional, con magros resultados y elevado fracaso escolar, sobre todo en los sectores bajos de la población
Además, el presidente Vázquez ganó las elecciones de 2014 con la promesa de bajar un 30% los robos violentos, pero siguieron aumentando: estos delitos en 2018 subieron un 53,8% respecto al año anterior, según cifras oficiales. El asunto de la inseguridad fue tan protagonista durante la campaña, que en octubre –a la vez que la primera vuelta electoral– se votó en referéndum una ley que permitiría el uso de militares para la seguridad urbana. La opción perdió por poco.
Educación
Lacalle Pou también tendrá el enorme desafío de encauzar la educación pública, otrora ejemplo en toda América y que en la actualidad padece de un sistema disfuncional, con magros resultados y elevado fracaso escolar, sobre todo en los sectores bajos de la población. A su vez, el nuevo presidente se topará con los duros sindicatos de la educación, que ya anuncian que no le harán fácil la vida.
Dentro de una Ley de Urgencia que maneja Lacalle Pou y su gabinete, se encuentra la reforma del sistema educativo. El panorama no es muy alentador: un informe de 2018 del Banco Mundial colocó a Uruguay en el puesto 68 entre 157 países en el Índice de Capital Humano, donde su mayor debilidad es la permanencia de los jóvenes dentro de la educación.
El desempleo aumentó hasta el 9,5% y el déficit fiscal, hasta casi el 5% del PIB, mientras la economía ha perdido vigor y dinamismo
Lo último han sido los pálidos resultados de las pruebas PISA. En Ciencias, Uruguay fue número 51 en el mundo, por debajo de la media de la OCDE. En Lectura se ubicó en el puesto 48 y en Matemáticas quedó a la cabeza en la región pero el 54 del mundo.
Economía
Además de un país fraccionado en dos visiones ideológicas, el nuevo gobierno tomará una tasa de desempleo que aumentó hasta el 9,5% y un déficit fiscal del 4,9% del PIB, con una economía que entró en una meseta y que ha perdido vigor y dinamismo, más allá de que no existe una situación de crisis.
Esa situación fiscal demandará un “hábil liderazgo”, ha dejado claro la agencia Standard & Poor’s, que mantiene a Uruguay en el rango del investment grade con perspectiva “estable”. La prudencia sistemática del manejo de la economía uruguaya puede ser puesta en riesgo por ese déficit fiscal y un peso de la deuda “persistentemente elevados y crecientes”, al igual que la inflación relativamente alta y la dolarización del sistema financiero.
Para los exportadores, las urgencias son más o menos las mismas: reducir el déficit fiscal y mejorar la competitividad del país son los dos principales desafíos económicos para el próximo gobierno, que se enfrentará a “un mar de incertidumbres” en el que hay “pocas certezas”, afirmó la Unión de Exportadores.
Activar la economía con un manejo más eficaz del gasto, sacar de la modorra al mercado laboral, pueden implicar políticas antipáticas que bien podrían generar reacciones, más ahora que los sindicatos –afines a la izquierda– no tendrían muchos inconvenientes en protestar con mayor ahínco que en los últimos quince años.
Lacalle Pou tomará en marzo un país estable, pero con claras demandas a atender en sectores fundamentales en cualquier nación. El pulso estará en la armonía de la coalición multicolor y en el manejo con la central sindical.