“La lucha antiterrorista se basa en este sistema de recolección masiva y almacenamiento indiscriminado”, dice Jacques Follorou, periodista de investigación de Le Monde. Las técnicas recientes “han revolucionado el espionaje y dado lugar a Estados que algunos denominan ‘de vigilancia’, que han autorizado y financiado estos sistemas, pensando que refuerzan la seguridad nacional”. Una consecuencia es que “la brecha entre las posibilidades técnicas y el derecho no ha dejado de aumentar”.
Así, el sistema nacional francés de vigilancia electrónica, alojado en la Dirección General de Información Exterior, “es a la vez un secreto de Estado y un riesgo jurídico, pues su consulta por parte de los otros servicios franceses se hace a espaldas de todo control legal y sus usuarios están sometidos a un régimen jurídico distinto”. Es “un mecanismo que abre la puerta a todos los abusos”.
Follorou recuerda el informe publicado el año pasado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo: “Los programas de vigilancia electrónica constituyen una nueva etapa hacia la instauración de un Estado ultrapreventivo que se aleja del modelo de derecho penal vigente en las sociedades democráticas”. Con estos sistemas, “una mezcla de represión y de vigilancia electrónica con garantías jurídicas vagas y relajadas, que a menudo va en contra de los frenos y contrapesos democráticos, toma el lugar de la ley”.
Con respecto al proyecto británico, Bill Durodié, presidente del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Bath, se fija en el intento de evitar la radicalización de jóvenes poniendo coto a la difusión de mensajes extremistas (Spiked, 13-05-2015). Con las medidas represivas que quiere poner en práctica, “el gobierno revela implícitamente que ha desistido de intentar entender las razones por las que un número creciente de jóvenes están desconectados de la sociedad, y en casos extremos forman una minoría violenta”. Es un error, porque “los problemas sociales no admiten soluciones policiales”.
Durodié comenta a este propósito la declaración del primer ministro David Cameron sobre la necesidad de pasar de una “tolerancia pasiva” a “promover activamente ciertos valores”. Según Durodié, “en los últimos años, la sociedad británica se ha vuelto no tolerante, sino indiferente a las costumbres de otros, y ha preferido hacer la vista gorda a puntos de vista y actividades consideradas no muy peligrosas. Puedes creer lo que te plazca, siempre que no creas demasiado en ello, ha sido el principio no declarado de las autoridades”.
Por eso, a juicio de Durodié, los actuales problemas que tiene la sociedad con jóvenes radicales están en buena parte alentados por ella misma. En vez del “autoritarismo activo” que propone el gobierno, sería mucho más útil “combatir la mentalidad terapéutica que ha infestado nuestro sistema educativo: una mentalidad que enseña a los niños desde el jardín de infancia que sus sentimientos son sacrosantos y que si alguien discute sus creencias personales, comete una agresión. Es una mentalidad que se ha difundido por toda la sociedad y ha llevado a una situación en que el impulso de prohibir ideas y actividades que algunos consideran inaceptables ha venido a ser la solución normal”.