En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del próximo 1 de enero, Juan Pablo II defiende la legitimidad de la injerencia humanitaria y la existencia de un tribunal para juzgar los crímenes contra la humanidad. Esto es consecuencia de considerar a toda la humanidad como «una sola familia», y a la dignidad y los derechos de la persona por encima de la pertenencia a una comunidad política, racial o cultural.
Juan Pablo II sitúa la injerencia humanitaria en el contexto de la necesidad de proporcionar ayuda a la población civil amenazada: «Cuando la población civil corre peligro de sucumbir ante el ataque de un agresor injusto y los esfuerzos políticos y los instrumentos de defensa no violenta no han valido para nada, es legítimo, e incluso obligado, emprender iniciativas concretas para desarmar al agresor». El Papa señala las condiciones para que estas intervenciones sean legítimas: «Estas [iniciativas] han de estar circunscritas en el tiempo y deben ser concretas en sus objetivos, de modo que estén dirigidas desde el total respeto al derecho internacional, garantizadas por una autoridad reconocida a nivel supranacional y en ningún caso dejadas a la mera lógica de las armas».
Juan Pablo II sugiere que, para definir instrumentos y modalidades eficaces de intervención, «habrá que hacer un mayor y mejor uso de lo que prevé la Carta de las Naciones Unidas», ofreciendo a todos los Estados miembros la misma oportunidad de participar en las decisiones. Se abre aquí un campo de reflexión nuevo para el derecho y la política: «Es necesaria e improrrogable una renovación del derecho internacional y de las instituciones internacionales que tenga su punto de partida en la supremacía del bien de la humanidad y de la persona humana sobre todas las otras cosas y que sea éste el criterio fundamental de organización».
La primacía de la persona justifica también que, en situaciones conflictivas, «se ha de afirmar el valor fundamental del derecho humanitario y, por tanto, el deber de garantizar el derecho a la asistencia humanitaria de los refugiados y de los pueblos que sufren».
El mensaje hace hincapié en la unidad del género humano. «Habrá paz -dice Juan Pablo II- en la medida en que toda la humanidad sepa redescubrir su originaria vocación a ser una sola familia, en la que la dignidad y los derechos de las personas -de cualquier estado, raza o religión- sean reconocidos como anteriores y preeminentes respecto a cualquier diferencia o especificidad». Sin mencionar la palabra «soberanía», el Papa sitúa al bien común de la humanidad sobre el bien particular de una comunidad política, racial o cultural. «La consecución del bien común de una comunidad política no puede ir contra el bien común de toda la humanidad, concretado en el reconocimiento y respeto de los derechos del hombre, sancionados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948».
De este principio el Papa saca una consecuencia: «Los crímenes contra la humanidad no pueden ser considerados asuntos internos de una nación. En este sentido, la puesta en marcha de la institución de una Corte penal que los juzgue es un paso importante. Tenemos que dar gracias a Dios de que siga creciendo, en la conciencia de los pueblos y las naciones, la convicción de que los derechos humanos, universales e indivisibles, no tienen fronteras».