Caracas.— En 2020 se ha profundizado la crisis venezolana. La situación social se agrava por la crisis económica y por el impacto de la pandemia en un país en el cual las instituciones de salud pública se encuentran en precarias condiciones. En este escenario, las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre dejan a la oposición en la duda sobre participar o no en una votación sin garantías. La misma cuestión se han planteado los obispos.
En el plano institucional, el 5 de enero de 2020 asumió el cargo como presidente de la Asamblea Nacional el diputado Luis Parra, ex militante del partido opositor Primero Justicia, en una sesión controvertida debido a la falta del cuórum establecido en la Constitución. Este hecho complementa un complejo panorama en el cual Nicolás Maduro usurpa la Presidencia de la República desde mayo de 2018 tras la realización de una elección no reconocida nacional ni internacionalmente por la falta de garantías. La crisis política suscitada entonces se agudizó con el juramento del presidente de la Asamblea nacional, diputado Juan Guaidó, como Presidente Interino de la República en enero de 2019, con el reconocimiento de más de cincuenta países. Ante todos estos acontecimientos, Venezuela ha quedado en un limbo en el cual todas las partes se adjudican legitimidad.
Constitucionalmente corresponde celebrar elecciones parlamentarias en 2020. Frente a una convocatoria que tiene lugar en las condiciones antes expuestas, los obispos venezolanos han fijado posición. La compleja situación ha suscitado la emisión de comunicados con posiciones contrapuestas por parte de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) en un período de apenas dos meses. Lo que inicialmente era un espaldarazo a la participación en elecciones se convirtió en un rechazo, e incluso la petición de una nueva convocatoria tanto para elecciones parlamentarias como para presidenciales, dada la ausencia de condiciones que permitan garantizar un evento electoral transparente.
Pronunciamientos episcopales
La historia venezolana evidencia que la Iglesia católica ha estado presente en los principales hechos sociales, incluyendo los hechos derivados de la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998. Las manifestaciones de rechazo o condena que desde la CEV se han hecho desde entonces han generado acciones como ofensas, detenciones y persecución de sacerdotes, retiro del subsidio gubernamental, ataques a sedes y templos parroquiales, confrontaciones, amenazas, y un sinfín de agresiones llevadas a cabo en contra de la Iglesia desde el gobierno nacional.
La convocatoria a elecciones parlamentarias este 6 de diciembre es cuestionada por múltiples actores internacionales. Aparte de los cuestionamientos por la falta de condiciones para garantizar una elección libre, también existe preocupación tras la publicación del informe de Naciones Unidas sobre la violación de los derechos humanos y la implicación de funcionarios del régimen en crímenes de lesa humanidad.
La falta de consensos y de claridad entre los diputados de los factores políticos democráticos en torno a la participación en la elección del 6 de diciembre, así como la ausencia de un planteamiento real y claro que promueva alternativas reales que hicieran viables una salida a la crisis, son parte del contexto que prevaleció al momento de la publicación del Comunicado ante las Elecciones Parlamentarias por parte de los obispos en el mes de agosto.
El comunicado enfatiza el contexto nacional en el que se produce esta convocatoria electoral, denunciando las maniobras del régimen para generar un ambiente a su favor con el desmedido abuso de las instituciones y secuestro de partidos. También destaca los problemas sociales que afectan al venezolano como centro de toda acción que busque salidas a la crisis. En ese comunicado, los puntos 4 y 5 generaron un torbellino político al evidenciar que la Iglesia apoya la participación en las elecciones.
Según el texto: “Esta decisión de abstenerse priva a los ciudadanos venezolanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. No participar en las elecciones parlamentarias y el llamado a la abstención lleva a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas”. Por el contrario, “el momento actual exige la participación plena y libre de todos los partidos y movimientos políticos, junto con el compromiso ineludible de las autoridades y los dirigentes de los mismos”.
Oposición dividida
Este comunicado fue tomado como bandera por quienes han optado por ir a elecciones, e incluso en sectores del régimen lo vieron con buenos ojos. Entre los dirigentes de oposición que secundaron al planteamiento de la CEV destaca Henrique Capriles Radonski (exgobernador del estado de Miranda y excandidato presidencial), quien a partir de entonces hizo pública su disposición de participar en las parlamentarias, además de hacer duras críticas a la conducción del Gobierno Interino encabezado por Juan Guaidó.
Se ha producido una fuerte polarización en torno a la cuestión de participar o no en las próximas elecciones
Esta postura de los obispos, secundada por Capriles, coincide a su vez con el planteamiento de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, quien promovió un aplazamiento de las elecciones convocadas el 6 de diciembre para que, en un tiempo prudencial, se pudiera evaluar un acompañamiento de la UE. Esto, entre otras acciones, indica que posiblemente hubo un intento de actores internacionales y otros nacionales de generar un punto de encuentro en el que fuese posible una alternativa electoral. En días posteriores a esta controversia fueron liberados una serie de presos políticos, acción que finalmente se adjudicaron Henrique Capriles y Stalin González, diputado a la Asamblea Nacional. Estos hechos polarizaron aún más la situación y las posturas con respecto a la participación o no en las elecciones parlamentarias.
Cambio de postura
En los meses siguientes, ante la inminente cita electoral del 6 de diciembre, sin condiciones, sin acuerdo político consolidado, y ante el agotamiento de todos los puentes entre sectores representados por Capriles, a finales de septiembre este hace pública su decisión de no participar en las elecciones por falta de condiciones y pide que sean postergadas. Luego de enviar una comisión a Caracas, sin resultados positivos para promover el aplazamiento, la UE anunció que tampoco acompañará las elecciones.
En octubre la CEV interviene de nuevo y cambia de postura, para adoptar la recién tomada por Capriles y la UE. Se publica entonces una exhortación pastoral, en la que los obispos vuelven a centrar la discusión en los problemas sociales y además se hacen eco del informe de las Naciones Unidas sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. En esta ocasión la CEV rechaza la convocatoria a elecciones parlamentarias por las siguientes razones: “El evento electoral convocado para el próximo 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla. Es inmoral realizar elecciones cuando el pueblo sufre las consecuencias de la pandemia, carece de las condiciones mínimas para su subsistencia, y no existe transparencia en las reglas y mecanismos de verificación que deben regir un proceso electoral”.
Esta exhortación, además de fijar posición ante las elecciones, también ha sido considerada como de los pronunciamientos más fuertes del episcopado venezolano frente al régimen. Se evidencia la vocación de la CEV a la búsqueda de la libertad y dignidad humana en el ejercicio pleno de la democracia. Resalta también la referencia a las irregularidades de las elecciones presidenciales del año 2018 y la necesidad de una nueva convocatoria para la elección del presidente y del Parlamento.
La crisis vivida a diario
La Iglesia, probablemente más que cualquier otra institución, vive y siente en tiempo real la crisis social, económica y política, en el día a día de las parroquias presentes en todos los municipios y hasta en las comunidades rurales e indígenas más apartadas; en sus universidades y colegios, y en sus instituciones humanitarias repartidas por el país. Los comunicados y exhortaciones relacionadas con la crisis social son expresión real de lo que vive y siente el venezolano.
Para nadie es un secreto el poder diplomático que tiene y ejerce la Iglesia católica, mediante la acción de la Ciudad del Vaticano como Estado y como promotor de la paz en el mundo. En ese sentido, los obispos venezolanos no han estado solos en la búsqueda de salida a la crisis. Vale recordar los espacios concertados en conjunto con la Santa Sede para el diálogo y encuentro de gobierno y oposición en años anteriores, que, aunque no arrojaron resultados definitivos, generaron un precedente de buena voluntad de la Iglesia en el contexto venezolano.
En las recientes posturas de la CEV no se hace referencia, o al menos no se hace del conocimiento público, a si la Santa Sede ha estado participando recientemente en conversaciones junto con otros actores internacionales en lo que corresponde a las elecciones parlamentarias. Sin embargo, la Iglesia católica es una, en toda la extensión de la tierra y en comunión es gobernada por sus obispos bajo la suprema autoridad del Papa. No es de extrañarse entonces, que las diferentes posturas del episcopado venezolano estén en comunión con su legítima autoridad.