Desde los comienzos de la Corte Penal Internacional (CPI), una vez conseguido el número necesario de ratificaciones para la aplicación del tratado de Roma de 1998, surgieron problemas con algunos países de África: reconocían la necesidad de juzgar a líderes autoritarios que habían cometido crímenes contra la humanidad, pero tenían cierta sensación de que los “jueces blancos” de La Haya se ocupaban desproporcionadamente de asuntos africanos.
(Actualizado el 9-3-2017)
Como en tantas otras cuestiones, los sentimientos prevalecían sobre auténticas razones. Una de estas, y muy decisiva, es que la CPI no actúa de oficio en primera instancia, sino con carácter subsidiario respecto de las jurisdicciones nacionales. En la práctica, se juzgan en La …
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