Mientras Barack Obama se esfuerza por cerrar la prisión de Guantánamo, que tanto ha dañado la imagen de EE.UU. en el mundo, otros sistemas de detención indefinida sin juicio siguen vigentes en países como Israel y China, aunque poco se hable de ellos.
De los 775 prisioneros que han pasado por Guantánamo, acusados de tener vínculos con Al Qaeda o los talibanes, quedan 240 encarcelados. Solo hay cargos por el momento contra 21, que serán juzgados en tribunales de EE.UU. Para los demás que no sean juzgados, se están buscando países dispuestos a acogerlos. El preso más joven, el chadiano Mohamed el Gharaní, detenido cuando tenía 14 años, ha sido liberado tras permanecer siete años cautivo.
Si Guantánamo va camino del cierre, otros sistemas semejantes siguen plenamente en vigor. La detención administrativa indefinida sin presentar cargos contra el detenido es una práctica contraria a las declaraciones de Derechos Humanos, pero se aplica por parte de las autoridades militares israelíes contra los detenidos palestinos.
Desde el inicio de la segunda Intifada en septiembre de 2000, ha habido una media de más de 800 detenciones administrativas al año contra palestinos. Actualmente hay unos 540 palestinos detenidos en esta situación.
En los territorios palestinos ocupados rigen las disposiciones militares, por encima de la legislación civil israelí y de la legislación internacional.
Bajo la regulación militar israelí, un palestino puede ser detenido y mantenido en custodia hasta 8 días sin ser presentado ante un juez (un ciudadano israelí tiene que ser llevado ante un juez antes de 48 horas). Después, el juez puede prolongar el periodo de interrogatorios por 30 días, que pueden ser ampliados hasta seis meses. Luego el detenido puede ser sometido a juicio o a régimen de detención administrativa.
En caso de detención administrativa, el detenido y su abogado hacen frente a cargos basados en pruebas secretas, establecidas por los servicios de inteligencia. Los abogados mantienen que en esas condiciones es imposible defender a sus clientes. El detenido puede recurrir ante un tribunal militar, pero la confidencialidad del material en que se basa la acusación hace inoperante el recurso.
La orden de detención administrativa contra ellos puede ser renovada indefinidamente por el juez militar cada seis meses. No saben cuándo serán liberados. En algunos casos han pasado varios años en prisión sin juicio y sin saber por qué ha sido detenidos.
La mayor parte de los detenidos están en campos de prisión militares (Ketziot, Ofer, Beituniya y Kfar Yuna), en tiendas de campaña, en condiciones climáticas extremas.
Como todos los centros de detención, excepto uno, están en territorio del Estado de Israel, los familiares de los detenidos han de pedir un permiso especial para entrar en Israel, que no es fácil de obtener. Luego tienen que superar todos los check-points, barreras militares y policiales que dificultan la libertad de movimientos de los palestinos.
La asociación Addameer, de apoyo a los presos políticos, lanzó el pasado marzo una campaña para acabar con el uso de la detención administrativa por parte de Israel. “Todos los detenidos deberían ser acusados de delitos concretos, juzgados en un tribunal de justicia apropiado, de acuerdo con criterios para un juicio justo aceptados internacionalmente. A falta de suficientes pruebas contra ellos, deberían ser liberados inmediatamente”, afirma el abogado Sahar Francis, presidente general de la asociación Addameer.
Laogai en China
Otro sistema de detención sin juicio es el que se aplica en China, en este caso para sus propios ciudadanos. El sistema de campos de reeducación Laogai comenzó en los años 50 a imitación del Gulag soviético. Muchos de los prisioneros han sido encarcelados por delitos comunes, aunque es difícil que hayan tenido un juicio justo, ya que en general hay poco respeto por el imperio de la ley. Pero en muchos otros casos están ahí por motivos políticos, acusados de “subvertir el poder del Estado” o “revelar secretos de Estado”. La definición de estos delitos es tan amplia e imprecisa que cualquier disidencia política puede ser así calificada.
Un componente del sistema Laogai es el Laojiao (reeducación a través del trabajo) que se aplica a pequeños delitos y que permite hasta tres años de detención administrativa sin cargos formales ni juicio. A menudo se emplea también contra disidentes políticos y religiosos, sin necesidad de condena.
Además de cumplir una función represiva, el sistema Laogai tiene también una importante función económica. Muchos de esos campos operan como una empresa comercial, que no paga salarios y puede producir a muy bajo coste artículos competitivos para la exportación.
Aunque el gobierno chino considera un secreto las estadísticas sobre estos campos, la Laogai Research Foundation, que denuncia este sistema, ha identificado 1.422 campos (669 prisiones y 319 campos de reeducación por el trabajo). Warry Wu, presidente de esta fundación, ha publicado el libro Vientos amargos en el que cuenta su experiencia de casi veinte años en diferentes campos del Laogai (ver Aceprensa 4-06-2008).
Con motivo del 60 aniversario de la declaración de Derechos Humanos, un grupo de trescientos intelectuales publicó en Internet el pasado diciembre un manifiesto en que reclamaban el respeto de las libertades en su país y proponían distintas reformas políticas. La llamada Carta 08 proponía, entre otras cosas, abolir el sistema de “Reeducación a través del trabajo” (cfr. Aceprensa 15-12-2008).