Hace unos días, la prensa internacional publicaba una foto de Putin en Alemania –mezcla de asombro y de cólera– ante una descocada manifestación feminista que le calificaban de “dictador”. Pero en Rusia no hay espacio jurídico para ese tipo de “bromas”. Como ya había dicho en otros casos, el presidente ruso dejó claro que no haría concesión alguna a las protestas.
En esa línea, promovió una nueva ley para estrechar el control sobre las ONG que se financian desde el exterior. La ley tenía quizá algunos nombres propios, como Golos, la organización que denunció fraudes electorales. Para Human Rights Watch se trata de un fenómeno amplio: “en 2012, el Kremlin ha lanzado contra la sociedad civil la represión más amplia en la historia de la Rusia post-soviética”, afirmaba en su informe anual a finales de enero. De hecho, en un estudio publicado en la Web del ministerio de justicia, se recomienda cerrar o suspender las actividades de casi 9.000 ONG, y se pide multar a otras 5.610 (cfr. Le Monde 9-4-2013, con informaciones de AFP y Reuters).
El pasado 4 de abril, Avvenire informaba de que una iglesia católica había sido multada por razones políticas. Se trata de una pequeña comunidad en Novocerkassk, en el sur de Rusia, y es la primera víctima de la campaña de inspección sobre decenas de ONG. Teóricamente, se pretende evitar que fondos extranjeros se utilicen para fines de terrorismo o simplemente políticos. Pero se descubren siempre “defectos administrativos” que contribuyen a amedrentar a quienes ejercen su libertad: a la iglesia de la Asunción en Novocerkassk, el más antiguo templo católico de la región, se le impuso una multa de cerca de once mil euros por violación de las normas contra incendios, que difícilmente podrá asumir una comunidad que no pasa de los cincuenta fieles.
Unos días antes, Le Monde (31-3-2013) resumía así la campaña de inspección lanzada contra las ONG: “destilar miedo”.
Los inspectores de las diversas administraciones públicas –fiscalidad, higiene, seguridad, salud– se despliegan para observar y controlar a actividades que cubren campos de actividad muy diversos: derechos humanos, ecología, educación, cultura. No se excluyen las conocidas fundaciones alemanas Friedrich Ebert et Konrad Adenauer, que conceden becas en todas partes, como tampoco la Alliance Française, que promueve la enseñanza de la lengua francesa. La intención de fondo, según Le Monde, sería recrear l’Homo sovieticus, un ciudadano asustado, al que se inculca la obsesión del complot extranjero: “no se trata solo de disuadir a las ONG extranjeras de trabajar en Rusia; sobre todo, se persigue alejar a los rusos de toda influencia extranjera, particularmente, occidental”.
Pero, como se preveía, aparte de la iglesia católica, la primera organización imputada penalmente ha sido Golos, acusada de no haber procedido a inscribirse como “agencia del extranjero”, de acuerdo con la ley de 2012. Pero su gran delito es supervisar elecciones y denunciar los frecuentes y masivos fraudes.
Unas sesenta ONG rusas han pedido en una carta abierta al presidente Putin que se hagan públicas las informaciones sobre asociaciones a las que se acusaría de haber recibido una enorme financiación extranjera. Les parece notoriamente exagerada la afirmación de que 654 ONG había recibido 28.300 millones de rublos (unos 688 millones de euros) desde la entrada en vigor de la ley.
Según informan agencias internacionales, mencionadas por Le Monde, (11-4-2013), la campaña contra las ONG ha suscitado mucha inquietud en Occidente. El comisario de derechos humanos en el Consejo de Europa, Nils Muiznieks, mostró su preocupación en Moscú, dentro de una visita oficial: “No conozco ninguna ley similar en otro país del Consejo de Europa, ni en otros países del mundo”.