Actualizado el 7 de febrero de 2014.
El Comité para los Derechos del Niño de la ONU piensa que los niños estarían más protegidos en la Iglesia si esta no solo fuera más enérgica en la lucha contra los abusos sexuales, sino que también cambiara su doctrina sobre el aborto, la homosexualidad, el acceso de los adolescentes a la anticoncepción y aceptara los diversos tipos de familias.
Esta mezcolanza ideológica se contiene en el informe de 16 páginas que ha publicado el Comité con recomendaciones sobre la aplicación por el Estado del Vaticano de la Convención de los Derechos del Niño. El informe sigue a la comparecencia que tuvo lugar el 16 de enero en Ginebra (cfr. Aceprensa, 17-01-2013), en la que el representante de la Santa Sede ante la ONU, Mons. Silvano Tomasi, hizo una exposición y respondió a preguntas sobre la puesta en práctica de la Convención, igual que hacen periódicamente los Estados que la han ratificado.
La sesión se centró en las medidas tomadas por la Santa Sede para prevenir los abusos sexuales a menores. Tomasi reconoció la realidad de estos casos en la Iglesia católica y explicó las medidas adoptadas por los tres últimos Papas.
El Comité aprovecha la ocasión para pedir que la Iglesia cambie su doctrina sobre el aborto, la homosexualidad y el acceso de los adolescentes a la anticoncepción
Emboscada en Ginebra
Ya en la comparecencia de enero se vio, por las preguntas del Comité y la acción de algunas ONG, que había la intención de convertirla en un tribunal para acusar a la Iglesia católica.
El Comité es uno de los muchos comités de expertos de la ONU, formado por dieciocho miembros elegidos por los Estados firmantes, cuyas recomendaciones no son jurídicamente vinculantes ni habitualmente son noticia. Pero, cuando se quiere utilizar como un medio propagandístico, sirve para crear titulares del tipo: “La ONU condena al Vaticano por su inacción ante los abusos sexuales”.
Y, como cabía esperar, el plato fuerte del informe del Comité se refiere a los abusos sexuales a menores, donde es tan genérico como contundente: “El Comité está gravemente preocupado de que la Santa Sede no haya reconocido la amplitud de los crímenes cometidos, de que no haya tomado las necesarias medidas para afrontar los casos de abusos sexuales a menores y para proteger a los niños, y que haya adoptado políticas y prácticas que han llevado a la continuación de los abusos y a la impunidad de los perpetradores”.
Acusa a la Iglesia de haberse dedicado a cambiar de puesto a los abusadores sin destituirlos, de imponer un código de silencio para preservar la reputación de la Iglesia y proteger a los responsables y de que no haya denunciado los casos a las autoridades.
Esto que preocupa al Comité preocupa también a la Iglesia, y, por lo menos desde que estalló la crisis en 2002, fue tomando una serie de medidas en la línea de la tolerancia cero y de la transparencia, que han transformado el modo de tratar estos casos. El Comité no se da por enterado de estos cambios, y escribe como si todo estuviera por hacer.
Pero es que las afirmaciones del Comité no se apoyan en ninguna investigación ni aportan datos nuevos. Son simplemente juicios categóricos, que además no tienen en cuenta los cambios ocurridos por las medidas que se han tomado.
Las afirmaciones del Comité no se apoyan en ninguna investigación ni aportan datos nuevos
Algunas de las recomendaciones que hace el Comité sobre cooperación con las autoridades civiles, suspensión de los sospechosos, ampliación de los plazos de prescripción, desarrollo de programas preventivos, figuran ya en las normas y directrices de la Iglesia, como puede verse en la Carta Circular a las Conferencias Episcopales dirigida por la Congregación para la Doctrina de la Fe en 2011.
Algunas acusaciones del informe son sencillamente falsas, como cuando asegura: “Debido al código de silencio impuesto a todos los miembros del clero bajo pena de excomunión, apenas se han reportado casos de abusos sexuales contra niños a los autoridades judiciales en los países donde tales crímenes han ocurrido”. No se sabe de dónde se ha sacado esa pena de excomunión, ni tampoco se explica cómo entonces han sido condenados sacerdotes en tribunales civiles ni cómo es que algunas diócesis hayan tenido que pagar compensaciones millonarias a las víctimas. Más bien podría decirse que el Comité se ha autoimpuesto un código de silencio para no reconocer nada de lo hecho por la Santa Sede para afrontar el problema.
En la citada Carta a las Conferencias Episcopales se recuerda: “El abuso sexual de menores no es solo un delito canónico, sino también un crimen perseguido por la autoridad civil. Si bien las relaciones con la autoridad civil difieran en los diversos países, es importante cooperar en el ámbito de las respectivas competencias. En particular, sin prejuicio del foro interno o sacramental, siempre se siguen las prescripciones de las leyes civiles en lo referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades”.
Cambios ideológicos
Pero el informe del Comité no se limita a los abusos sexuales, sino que, inmiscuyéndose en la libertad religiosa, aprovecha la ocasión para recomendar que la Iglesia cambie su doctrina en una serie de puntos que poco tienen que ver con la Convención de los Derechos del Niño.
Así, pide que cambie sus declaraciones sobre la homosexualidad, que a su juicio estigmatizan a los adolescentes homosexuales y a los niños de parejas del mismo sexo.
También urge a la Santa Sede a que cambie su doctrina sobre el aborto, que “supone riesgos obvios para la vida y la salud de las adolescentes embarazadas”. Denuncia que la Iglesia esté en contra de la contracepción para los adolescentes y le anima a “superar todas las barreras y tabúes sobre la sexualidad adolescente, que dificultan su acceso a la información sexual y reproductiva”.
Un informe no actualizado
En respuesta al informe del Comité, el representante pontificio ante la ONU, Mons. Tomasi, ha declarado a Radio Vaticano que, en primer lugar, el informe “tiene un enfoque bastante negativo” y “en varios aspectos no está actualizado”, pues no tiene en cuenta las explicaciones que se le dieron durante la comparecencia.
En segundo lugar, el Comité no comprende que la Santa Sede no puede renunciar a doctrinas que forman parte de la tradición católica, y que defiende en virtud del derecho a la libertad religiosa. En concreto, respecto al aborto, ha recordado que “está en contradicción con lo que pide la Convención [en el Preámbulo], que dice que la vida del niño debe ser respetada antes y después del nacimiento”. “Si un niño es eliminado o matado ya no tiene sentido hablar de los derechos de esa persona”, añadió.
Tomasi piensa que es difícil encontrar hoy instituciones y Estados que hayan hecho tanto para afrontar el problema de los abusos como la Iglesia católica, con un conjunto de medidas legislativas y prácticas, y con las directrices para la formación de seminaristas.
Estas medidas están dando sus frutos. En EE.UU., el país más afectado por este problema, los obispos encargaron un estudio al instituto de criminología John Jay College de la Universidad de Nueva York, que ofreció un primer informe en 2004 y otro ampliado en 2011. Uno de sus datos más claros es que el número de abusos de menores por parte de clérigos católicos ha disminuido de año en año de modo muy significativo. Hay un máximo al inicio de los años 80 y un descenso que llega a ser muy rápido en los últimos años, hasta llegar en 2011 a niveles inferiores a los de los años 50.
Por último, Tomasi ha recordado que en su informe ante el Comité “la Santa Sede presentó las medidas concretas tomadas al nivel del Estado del Vaticano y en el conjunto de la Iglesia, pero teniendo en cuenta que los sacerdotes no son empleados del Papa sino ciudadanos de los países donde trabajan y por lo tanto responsables ante los sistemas judiciales de dichos países”.
Pero da la impresión de que el Comité venía ya con el informe precocinado y cargado de prejuicios.
En realidad, así suele suceder por el propio método de trabajo de estos comités. Comentado este informe, Stefano Gennarini, director del Centro de Estudios Jurídicos de C-FAM, situado en Nueva York, instituto católico que se dedica a informar de los debates en la ONU sobre cuestiones de familia, explica a la agencia Zenit (6-02-2014): “Los expertos [miembros del Comité] no son compensados por el trabajo que hacen y solo trabajan en estos temas un par de semanas al año. Quién realmente controla este proceso es el personal de las Naciones Unidas de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que trabajan a tiempo completo en Ginebra sobre la preparación de informes, observaciones y recomendaciones. Así que cuando los expertos se reunieron con la Santa Sede en enero y hablaron con el arzobispo Tomasi, e incluso elogiaron la labor de la Santa Sede para proteger a los niños, fue en vano, porque los burócratas de la ONU ya habían decidido cuáles eran las observaciones que se iban a dar”.