Contrapunto
La izquierda española hace tiempo que se ha reconciliado con el dinero, con el mercado y con la Bolsa. Solo sigue siendo alérgica al dinero de la Iglesia católica. Y aunque partidos políticos y sindicatos viven de la ubre estatal mucho más que de las cuotas de sus afiliados, a algunos les irrita que los fondos públicos sirvan también para financiar servicios que la Iglesia presta a la sociedad.
Ahora se han escandalizado ante las noticias de que algunas diócesis han tenido pérdidas millonarias por sus inversiones en Bolsa en los dos últimos ejercicios (habría que ver lo que dirían si además hubieran tenido plusvalías). El PSOE e Izquierda Unida han criticado duramente que la Iglesia «especule» en Bolsa. Si millones de españoles compran y venden acciones en Bolsa, son «inversores». Pero si se trata de la Iglesia, el mercado de valores se convierte en una institución diabólica y los obispos en especuladores. No deja de ser paradójico que unos partidos que suelen criticar a la Iglesia por no saber adaptarse a la modernidad, se extrañen ahora de que la Iglesia ponga sus recursos en el mercado de valores y no debajo del colchón.
Pero no hay que pensar que los partidos son reacios a la «especulación bursátil». Al menos no lo son cuando lo hacen ellos. Cabe recordar lo que decía el Tribunal de Cuentas en un informe de 30 de octubre de 2001 en el que pedía una ley de financiación de partidos más estricta. El Tribunal manifestaba, sin dar nombres, que, habida cuenta de «la naturaleza mayoritariamente pública de sus recursos financieros, se considera impropio que una formación política participe, como se ha podido constatar en la actividad fiscalizadora, en operaciones de carácter especulativo en mercados altamente sensibles».
Estos partidos piden al gobierno que investigue si los fondos públicos que el Estado destina a la Iglesia se emplean realmente en los fines previstos, y no en especular en Bolsa. En concreto, mencionan las subvenciones a los centros religiosos concertados y las que reciben las ONG católicas. La Iglesia ha aclarado que los fondos públicos recibidos se destinan a los fines previstos (retribución a los sacerdotes, mantenimiento de las parroquias, obras de caridad…), y que no pueden invertirse en Bolsa porque se distribuyen inmediatamente cada mes entre todas las instituciones y personas que son beneficiarias directas. Por otra parte, los obispos no manejan las cuentas de otras entidades (religiosos, colegios, ONG…) que son totalmente autónomas en su administración. Pero, en cualquier caso, habría que ser realmente un mago de las finanzas para especular con unas subvenciones que ni tan siquiera llegan a cubrir el coste del puesto escolar. Y las ONG católicas, como todas las demás, están obligadas a rendir cuenta estricta de todo el dinero público que reciben.
Quizá si estos partidos sospechan una desviación de fondos es porque esta es una práctica bastante habitual en su modus operandi. En su informe, el Tribunal de Cuentas detectaba en la contabilidad de los partidos «el traspaso a la actividad ordinaria, como entrega de los Grupos parlamentarios, de parte de las subvenciones recibidas por su representación y actividad parlamentaria». Por eso pedía que «cada subvención específica atienda a la finalidad para la que fue creada».
Ciertamente, tanto la Iglesia católica como cualquier receptor de fondos públicos debe justificar el empleo de ese dinero. Pero los partidos tendrían más credibilidad en este aspecto si empezaran por ser más claros en su propia financiación. En el citado informe del Tribunal de Cuentas, los auditores públicos observaban que en la rendición de cuentas «la mayoría de los partidos no incluyen la actividad económica de la organización municipal, pese que en algunos casos se desarrolla en municipios con una población importante». Y no es que sea el chocolate del loro, pues las subvenciones otorgadas a los grupos de cargos electos en los municipios suponían 3.785 millones de pesetas (22,75 millones de euros) ya en 1998. Por eso es tan conmovedor oír al coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, cuando exige al gobierno que fiscalice «con rigor cada peseta de dinero público» que el Estado cede a la Iglesia «en sus distintas facetas».
El Tribunal de Cuentas viene señalando también en sus diversos informes otro modo de financiación de los partidos que no figura entre las fuentes de financiación legalmente autorizadas: «las condonaciones de deuda concedidas por proveedores por servicios prestados y, principalmente, por las entidades de crédito». Parece que, sin necesidad de ir a la isla de Jersey, los partidos han descubierto un «paraíso bancario», donde no rigen las estrictas leyes que los bancos aplican a los morosos.
Si los partidos de izquierda piden para la Iglesia lo que no se aplican a sí mismos, quizá sea porque defienden también un modelo de Iglesia. Han optado no ya por la Iglesia de los pobres sino por la de los ángeles, una Iglesia tan desprovista de dinero que carecería de recursos materiales para interferir en los asuntos de los hombres.
Ignacio Aréchaga