Una “iglesia doméstica” protestante en Pekín (foto: Huang Jinhui)
La campaña del gobierno chino para reforzar el control de las actividades religiosas puede tener el efecto paradójico de potenciar el fenómeno de la clandestinidad.
El régimen chino tiene en el punto de mira especialmente a los protestantes, los creyentes que más han crecido en número: de unos 3 millones en los años 70 a 38 millones hoy, según las estadísticas estatales, que solo cuentan los fieles de las Iglesias oficialmente reconocidas. El número real es mucho mayor, pero imposible de precisar. El Pew Research Center estima unos 71 millones de cristianos en China, de los que más de tres cuartas partes son protestantes (los demás son católicos, casi todos, y un pequeño número de ortodoxos).
Puede haber, por tanto, unos 15 millones de protestantes “clandestinos”, muchos de ellos evangélicos, distribuidos en infinidad de “iglesias domésticas”, como las llaman. En realidad, solo se reúnen en casas particulares las congregaciones más pequeñas; pero en todo caso, tienen actos de culto en lugares no autorizados. Para pasar a la legalidad tendrían que afiliarse a las organizaciones oficiales (el Movimiento de las Tres Autonomías y el Consejo Cristiano de China), que son comunes para todas las confesiones protestantes y las únicas que pueden acreditar pastores reconocidos por el gobierno. Muchas iglesias domésticas, fundadas por ministros independientes, rehúsan someterse.
En general, el régimen no actúa contra estas congregaciones no autorizadas mientras no hagan ruido. Pero el plan de chinización ha traído menos tolerancia y mayor presión para que se plieguen a las normas, ahora más detalladas y estrictas. El caso reciente de represión más notorio es el del pastor calvinista Wang Yi, fundador de la Iglesia de la Alianza de la Lluvia Temprana en Chengdu. Es conocido en Occidente por haber participado, en 2006, en una reunión internacional patrocinada por el entonces presidente norteamericano George W. Bush sobre libertad religiosa. Y dos años más tarde volvió a Washington para asistir a un congreso de juristas cristianos, donde recibió un premio por su contribución a ese derecho humano.
Eran tiempos en que el gobierno chino usaba de manga más ancha. En 2018, ya con Xi Jinping en el poder, cuando la iglesia de Wang había alcanzado los 700 miembros, fue cerrada por el gobierno, que detuvo al pastor y a un centenar de sus feligreses. A finales de 2019, Wang fue condenado a nueve años de prisión por actividades subversivas y operaciones económicas ilegales.
Puede haber unos 15 millones de protestantes en congregaciones que se reúnen en lugares no autorizados para el culto
Wang provocó la reacción del régimen, sobre todo, por su intento de crear una federación de iglesias domésticas de su credo con un cuerpo común de pastores, que se llamaría Presbiterio Reformado de China Occidental. A la vista de cómo terminó el proyecto de Wang, muchas iglesias domésticas, en vez de unirse, se han disgregado, para no ser detectadas (ver The Economist, 3-04-2021). De suerte que el plan de chinización, que con sus nuevos reglamentos pretende forzar que estas comunidades se regularicen, puede tener el efecto contrario y aumentar de hecho la clandestinidad.
Obispos católicos
La Iglesia católica, en cambio, aspira a terminar con la clandestinidad, que es un recurso excepcional, según las orientaciones dadas por Benedicto XVI en su carta a los fieles chinos, de 2007. Un fruto del acuerdo de 2018 entre la Santa Sede y Pekín es que ya no hay obispos ilegítimos en China: todos están en comunión con Roma, y ya no habrá más nombramientos ilícitos. La Santa Sede tampoco quiere más nombramientos sin reconocimiento civil, y por eso Benedicto XVI revocó la facultad concedida en 1981 a los obispos legítimos, pero ilegales para el régimen, de ordenar secretamente a sus sucesores.
Pero sigue habiendo obispos clandestinos, o sea, no reconocidos por el gobierno chino. En esto no hay simetría: mientras la Santa Sede ha reconciliado a todos los obispos consagrados ilícitamente que han pedido la comunión, el régimen sigue sin admitir a otros que fueron nombrados con mandato de la Santa Sede, pero sin permiso de aquel.
Hay obispos que siguen siendo clandestinos porque han rehusado firmar la declaración de “independencia” de todo poder extranjero que se les ha exigido para registrarse ante el gobierno, y la Santa Sede respeta su decisión, como expresó en sus orientaciones pastorales sobre este problema. Otros no pueden obtener el reconocimiento civil porque no lo tienen las diócesis de las que son titulares. Uno de ellos es Mons. Zhang Weizhu, detenido junto con algunos sacerdotes el pasado mayo. Es, desde 1992, obispo de la prefectura apostólica de Xinxiang, creada por la Santa Sede en 1936, pero que para el gobierno no existe.
Aunque el acuerdo para el nombramiento de obispos haya supuesto un avance, la normalización completa está lejos aún. El plan de chinización, con el refuerzo del control estatal que comporta, puede contribuir por su parte a retrasar el fin de la clandestinidad, tanto entre católicos como entre protestantes. La previsión de Xu Yonghai, presbítero de una iglesia doméstica protestante de Pekín, cuando estaban a punto de entrar en vigor las recientes Medidas Administrativas sobre el Personal Religioso, era esta: “Habrá más restricciones a la libertad religiosa y una represión más dura de los creyentes” (Voice of America, 24-04-2021).