El difícil viaje de Benedicto XVI a Turquía
Ilhan Kesici, un intelectual otomano, escribió en su día que con el tiempo los europeos llegarán a descubrir que, en realidad, los turcos son «bizantinos vestidos con colores chillones». Hecha así en bruto, la afirmación podría remover los cimientos de la ex catedral de Santa Sofía en Estambul. Tampoco emociona a la mayor parte de las autoridades comunitarias. La Comisión Europea dio a conocer el pasado 8 de noviembre un documento en el que critica la falta de avances en materia de reformas por parte del Gobierno de Ankara, en el marco del actual proceso de negociación para su adhesión a la Unión Europea (UE).
En concreto, Bruselas subraya la necesidad de que las autoridades turcas abran sus puertos a los buques mercantes de Chipre -miembro de pleno derecho de la UE- y expresan su inquietud por la situación de los derechos humanos, pensando en la convergencia con Europa.
Sin entrar en detalles, el documento se refiere a la interferencia de los militares en la vida política (una constante en Turquía desde la creación del Estado moderno por Atatürk) y a la falta de garantías respecto a la libertad de expresión, en referencia al célebre artículo 301 del Código Penal. Aunque las minorías disidentes han experimentado cierto alivio desde que Ankara aceleró su proceso de acercamiento a la UE, las denuncias y juicios contra periodistas y escritores que ponen en tela de juicio ciertos tabúes de la sociedad otomana -la identidad kurda, el genocidio de los armenios en el siglo XX o las normas islámicas-, por considerarlo «ofensas a la identidad nacional», son de ordinaria administración en Turquía.
Progresos indudables
Tanto la Comisión Europea, como los círculos anglosajones partidarios de la entrada de Turquía en la UE, apuntan progresos indudables del Gobierno de Ankara dirigido por el islamista moderado Erdogan. Bruselas alude, por ejemplo, a la creación de un defensor del pueblo, y al establecimiento de fundaciones religiosas que podrían servir de paraguas en el futuro para que las confesiones no musulmanas puedan tener personalidad jurídica. El influyente semanario británico «The Economist», uno de los paladines del asalto otomano a Europa, recuerda por su parte que Turquía ha abolido este año la pena de muerte para ponerse en hora con la UE, y ha suavizado las restricciones en el empleo de la lengua kurda. El Gobierno ha puesto además en marcha medidas para eliminar el uso de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad, una de las principales taras del sistema turco en materia de derechos humanos.
La situación general de los derechos humanos sigue estando, sin embargo, lejos del estándar europeo. El aparato laico-militar reprime el desarrollo de la identidad kurda -un idioma que habla en la calle uno de cada seis turcos-, mientras que la ascensión del islamismo de la mano del partido en el poder mira con recelo cada vez mayor la aspiración de las minorías religiosas a sentirse en pie de igualdad jurídica con las instituciones islámicas. Los últimos estudios sociológicos reflejan un ascenso de la ideología islamista radical, a raíz de la guerra en Irak, el «affaire» de las caricaturas danesas o la abierta oposición a la entrada de Turquía en la UE que expresan no pocos estadistas europeos.
La legislación y la realidad
Una de las críticas más comunes contra Turquía se refiere a la distancia que media entre la legislación y la realidad. El hecho de que el Gobierno esté modificando textos constitucionales o legislativos para incorporar el «corpus» europeo no significa que se lleven a la práctica. Las denuncias contra escritores y periodistas, aceptadas por el poder judicial, son fuente constante de desazón en las capitales europeas.
Las cortapisas a la libertad de expresión van de la mano con los atentados a la libertad religiosa. En un reciente sermón predicado desde las mezquitas, los imanes turcos cargaron contra los misioneros cristianos «que llevan a cabo un plan para desarraigar a nuestros ciudadanos de la fe islámica». A raíz de ese suceso, los misioneros, en particular los protestantes, denunciaron el escaso interés de las autoridades políticas por defenderles frente a las amenazas contra su vida y los ataques contra los templos en algunas ciudades turcas.
En este contexto, se entiende la resistencia abierta de algunos gobiernos y líderes políticos europeos a «invertir» esfuerzo y expectativas en el proceso de integración de Turquía en la UE. La Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido conservador francés presidido por Nicolas Sarkozy, acaba de presentar en su programa electoral una propuesta para que las negociaciones de la UE con Turquía dejen de apuntar a una incorporación plena y busquen en cambio una «asociación estratégica».
La resistencia a mantener el actual proceso negociador también es compartida por el Gobierno alemán de Angela Merkel. Alemania tiene una inmensa colonia de inmigrantes turcos, y aunque sólo sea por esa razón, su voz es muy cualificada. Pero en términos pragmáticos, la principal fuente de críticas hacia Turquía por su actitud respecto a los derechos humanos procede de Grecia y Chipre, sus dos rivales históricos.
Francisco de Andrés