Donegall Place, en Belfast (CC: Albert Bridge)
El Comité Secundario de Escrutinio Legislativo, de la Cámara de los Lores del Reino Unido, ha publicado un informe en el que expresa serias reservas a la ley del aborto impuesta por el Parlamento británico en Irlanda del Norte, en temas como la objeción de conciencia, el aborto selectivo según el sexo del feto, y el poco caso que se ha hecho de la opinión de la gente sobre un asunto tan controvertido.
La nueva ley permite el aborto libre hasta las 12 semanas; hasta las 24 en caso de riesgo para la salud física o mental de la madre, y sin límite de tiempo en caso de que el no nacido presente alguna enfermedad severa o alguna anomalía. Pero el Comité –integrado por legisladores conservadores, laboristas, liberales y de otras fuerzas políticas–, en su documento de finales de abril, tomó nota de algunas irregularidades, tanto del texto legislativo como del proceso que se siguió para ponerlo en vigor el pasado 31 de marzo.
Entre las últimas, sobresale el caso omiso que el Parlamento hizo de los resultados de una consulta pública efectuada en el Ulster entre noviembre y diciembre de 2019, y que arrojó que una inmensa mayoría de los encuestados se oponía a modificar la normativa vigente en el territorio (que hasta ahora autorizaba el aborto solo en caso de peligro para la vida de la madre).
“De las más de 21.000 respuestas recibidas, el 79% manifestó un rechazo general a cualquier cambio en la posición ya establecida en Irlanda del Norte [sobre el tema del aborto]”, refiere el documento de los lores.
Los miembros del Comité dan voz en su informe a varias organizaciones, las cuales “critican la respuesta del gobierno a la consulta pública, por no dar una explicación de por qué se ha pasado por alto tan alto nivel de desaprobación”. También se preguntan por qué algunos puntos de la ley, como la exclusión de las mujeres y de los profesionales médicos de la posibilidad de que cometan un delito al dar muerte a un niño no nacido, no aparecieron en la consulta.
De las 21.000 respuestas recibidas en la consulta pública sobre la liberalización del aborto, el 79% estaban en contra
El sondeo, por otra parte, fue aplicado durante seis semanas, “un período muy breve para un asunto tan sensible, y además, en medio de la campaña para las elecciones generales y de cara ya a las Navidades, nada de lo cual está en consonancia con las mejores prácticas”, lamentan los lores.
En caso de discapacidad
Entre los fallos y lagunas que se han señalado a la nueva norma está la de que, al permitirse el aborto libre hasta la semana 12, no se evita que alguien proceda a abortar según el sexo de la criatura, que puede ser identificado a las 10 semanas.
Tampoco la ley incluye previsión alguna contra el aborto forzado, pese a que uno de los incisos explicita que la mujer que quiera abortar debe dar su consentimiento expreso, y que solo personal médico puede llevarlo a cabo.
Asimismo, los legisladores recogen varias contradicciones derivadas del texto. Por ejemplo, el gobierno británico pretende que la nueva ley aplique las recomendaciones del Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, en el sentido de que se permita abortar en caso de “discapacidades fetales graves”, aunque “sin perpetuar los estereotipos sobre las personas con discapacidad”.
El problema, sin embargo, es que, según el argumento de muchos, eliminar al feto con anomalías contraviene un instrumento de la ONU: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que extiende la protección a las que están en el vientre materno. Avalado por semejante Convención, este aspecto debería tener prioridad, opinan los miembros del Comité, pero la Oficina para Irlanda del Norte del gobierno británico opina que la UNCRPD no es una norma vinculante, y reitera su desacuerdo con que la protección se extienda a los no nacidos.
Objeción de conciencia
Por último, está la objeción de conciencia, que la ley del aborto reconoce como derecho al personal médico, pero no al administrativo ni el de tareas auxiliares, porque, según la regulación, “tendría consecuencias a nivel práctico en la prestación efectiva” del aborto. Según el documento de los lores, esta discriminación hacia una parte del personal deja fuera de protección su derecho a hacer valer sus creencias filosóficas o religiosas, reconocido por la Convención Europea de Derecho Humanos.
“Dada la sensibilidad de los aspectos relacionados con la objeción de conciencia –señalan–, la Cámara [de los Lores] podría solicitar al ministro [de Sanidad] que considere más a fondo el alcance de esa política y de cómo será interpretada”.
En el horizonte cercano, un nuevo plazo: el 17 de mayo. Antes de ese día, el reglamento para empezar a aplicar la Ley del Aborto debe ser examinado por las dos cámaras del Parlamento británico. Para los activistas provida, la esperanza es que los legisladores tomen en cuenta las graves deficiencias señaladas por el informe del Comité de los lores, y emitan en consecuencia un voto contrario.