Una sala del Tribunal Supremo de Australia en Canberra (Foto: John O’Neill)
El Card. George Pell ha sido puesto hoy en libertad tras quedar exonerado de los abusos de menores de los que le acusó un hombre que de niño fue cantor del coro de la catedral de Melbourne. El Tribunal Supremo de Australia ha revocado la condena impuesta en diciembre de 2018 y confirmada después por la Corte de Apelaciones.
Los abusos habían ocurrido supuestamente a finales de 1996 y a principios de 1997, cuando Pell era arzobispo de Melbourne, al término de la misa dominical presidida por él, en la sacristía y en un pasillo cercano. No había más pruebas de cargo que el testimonio de una única víctima y acusador, que entonces tenía 13 años. Según este, también sufrió abusos otro antiguo miembro del coro, de la misma edad, pero el segundo no corroboró las acusaciones y murió antes de que comenzara el proceso.
Varios testigos de la defensa pusieron en duda que Pell hubiera tenido ocasión de cometer los abusos en esas circunstancias. Alegaron que Pell, después de la misa, acostumbraba detenerse para saludar a los fieles a la puerta de la catedral; que –como cualquier obispo– llegaba a la sacristía para quitarse los ornamentos litúrgicos acompañado de un asistente o maestro de ceremonias, y que en esos momentos había gente que entraba y salía de la sacristía. Sin embargo, el jurado y los jueces consideraron que el acusador era digno de crédito. (Los detalles del caso se pueden consultar en los artículos relacionados.)
Duda razonable
Pero el Tribunal Supremo afirma en su sentencia que “el jurado, juzgando racionalmente a la vista del conjunto de las pruebas, debería haber mantenido una duda sobre la culpabilidad del recurrente con respecto a cada uno de los cargos por los que fue condenado”.
“Existe una posibilidad significativa de que se haya condenado a una persona inocente, porque las pruebas no eran suficientes” (Tribunal Supremo de Australia)
También señala que los jueces de la Corte de Apelaciones vieron la grabación audiovisual de la declaración del denunciante, y su fallo –adoptado por mayoría, con un voto discrepante– lo calificó de “testigo convincente”. En cambio, no valoró de igual manera las alegaciones de los testigos favorables a Pell. Los jueces de la mayoría, dice el Tribunal Supremo, “estimaron que ningún testigo [de la defensa] pudo asegurar que esas rutinas y prácticas nunca dejaron de cumplirse”, y de ahí “concluyeron que el jurado no tuvo motivo para albergar una duda razonable sobre la culpabilidad del recurrente”.
El Supremo replica: “El análisis de los jueces [de la mayoría] omitió afrontar la cuestión de si (…) había una posibilidad razonable de que no hubieran tenido lugar los delitos”. Y, citando dos precedentes, afirma: “Existe una posibilidad significativa de que se haya condenado a una persona inocente, porque las pruebas no eran suficientes para determinar la culpabilidad con la certeza requerida por la ley”.
Único testigo
La sentencia del Supremo, decidida unánimemente por siete jueces, puede ser relevante con respecto al modo de juzgar causas en las que la acusación se basa en el solo testimonio de la persona que denuncia, lo que no es raro en casos de abusos o agresiones sexuales, no solamente a menores de edad. Para Chris Merritt, comentarista del diario The Australian, la absolución de Pell cuestiona los procedimientos que se siguen en el estado de Victoria, donde el cardenal fue juzgado.
En primer lugar, la ley de Victoria limita a la defensa la posibilidad de cuestionar al acusador. Esto se aprobó, señala Merritt, para proteger a quienes denuncian haber sufrido abusos o agresiones sexuales. Antes, los abogados defensores, para poner a prueba la credibilidad de la supuesta víctima, hurgaban en su vida privada.
En el caso Pell, la defensa no pudo interrogar al acusador ni acceder a documentos que podrían haber puesto en duda la credibilidad de este. Merritt destaca algo que no se supo en su momento, porque el juez prohibió publicar pormenores del proceso, a fin de evitar influencias en los miembros del jurado. Había unos informes sobre trastornos psicológicos por los que el querellante recibió tratamiento. El juez no permitió a la defensa de Pell acceder a ellos, ni tampoco que el jurado supiera que existían y que a los defensores se les había negado consultarlos.
En opinión de Merritt, Victoria debería plantearse cambiar esas normas procesales, quizá desequilibradas a favor de la acusación. Pero eso “no significa volver a los tiempos en que mujeres que denunciaban agresiones sexuales eran de hecho sometidas a juicio por su vida sexual”.
Merritt discute también la oportunidad de que haya jurado en casos como este, tan propicios al escándalo. El acusador de Pell ha estado siempre a cubierto de la curiosidad de la gente: no se ha revelado su identidad, declaró a puerta cerrada. En cambio, el cardenal, inevitablemente, ha sido objeto de abundantes comentarios, en buena parte desfavorables, en los medios de comunicación desde que la policía de Victoria comenzó a investigarle en 2013. Lo que los miembros de jurado no podían desconocer.
Por eso, el estado de Nueva Gales del Sur decidió que se pudiera juzgar sin jurado a las personas de especial notoriedad pública. Según Merritt, Victoria debería hacer lo mismo.
“No guardo rencor”
El cardenal Pell ha cumplido 13 meses de los 6 años de prisión a que fue condenado. Tras salir de la cárcel hizo pública una declaración donde dice: “No guardo rencor a mi acusador, y no quiero que mi absolución añada más dolor y amargura al dolor y amargura que tantos sienten”.
Después de recordar que siempre ha mantenido su inocencia y de calificar su condena de “grave injusticia”, señala: “Mi juicio no fue un referéndum sobre la Iglesia católica, ni un referéndum sobre el modo en que las autoridades eclesiásticas australianas afrontaron los delitos de pedofilia en la Iglesia. La cuestión era si yo había cometido tales crímenes, y no los cometí”.
Pell, de 78 años, se ha retirado a vivir junto a un monasterio de monjas carmelitas cerca de Melbourne.