Kinshasa. Si se pregunta a los dirigentes congoleños por el número de habitantes, de policías, de alumnos universitarios, o de funcionarios, la respuesta es siempre la misma: más o menos hay… Nunca una cifra exacta. ¿A qué se debe esto?
Desde los años setenta, el funcionario ha visto que su poder adquisitivo disminuía y a veces se hacía insignificante a causa de la inflación, ya que su sueldo no se ajusta a la cotización del dólar, que funciona como segunda moneda en el país.
Los ficheros de personal de la función pública se llevan manualmente y desde 1980 este sector se ha convertido en el cajón de sastre de los protegidos del partido oficial (MPR). De este modo, todos los directivos de la administración pública se las han arreglado para tener funcionarios ficticios y no suprimir jamás de las listas a los fallecidos. Así, con la complicidad de los encargados de los pagos, cada responsable puede hacerse con un buen pellizco en el momento de pagar los salarios. Como también los ministros practican esta desviación de fondos a través de funcionarios ficticios, se explica su resistencia a aceptar la informatización de la función pública.
Durante todo el periodo de la presidencia de Mobutu los donantes de ayuda internacional pidieron, sin éxito, esta informatización. Pero, aprovechando los poderes considerables que han tenido durante el periodo de transición, los donantes han acabado por imponerse al gobierno. Desde hace un año, ha comenzado un control manual de los funcionarios, rellenando una ficha que refleja la identidad, los títulos, las referencias administrativas de los nombramientos y promociones. Para obtener el carné de funcionario se tomaban también las diez huellas digitales y una foto. Estos datos se han introducido en una base de datos informatizada. Además, con la inscripción en las listas electorales, los donantes de fondos disponen de otra fuente de datos fiable para cribar las listas de funcionarios.
Después de esta preparación, se pidió a los funcionarios, ministerio por ministerio, que pasaran un control con la ayuda de la herramienta informática. Se les exigió una serie de documentos: su carné electoral, los diferentes diplomas y los datos de nombramiento y promociones. De este modo la informatización ha puesto de manifiesto a los funcionarios defraudadores (dados de alta con distintos números de matrícula en varios ministerios), a los funcionarios ficticios y a los fallecidos.
La experiencia de uno de los equipos de control, que se desplazó en octubre de 2006 a la ciudad de Likasi (190.000 habitantes), en Katanga, puede servir para calibrar la amplitud del fraude. Según las listas había que pagar a 17.622 funcionarios. Sin embargo, en Likasi, a lo largo de un mes no se presentaron a cobrar y a ser controlados más que 1.569 funcionarios. Por lo tanto, en esta ciudad había más de 16.000 funcionarios ficticios. Tomando como media un salario equivalente a 30 dólares por funcionario, se defraudaba mensualmente al Estado más de 480.000 dólares.
El gobierno ha declarado que, una vez terminado el proceso de criba informática de los funcionarios, habrá un aumento significativo de sus salarios. Esperemos que su promesa no sea olvidada por el nuevo gobierno.
¿Un ejército o un conglomerado de rebeldes?
Un tipo especial de personas que cobran del Estado son los militares. En la R.D. del Congo, el ejército no ha sido hasta ahora más que la yuxtaposición de antiguos amotinados de la rebelión de 1960, de la guardia especial presidencial y de la guardia civil dedicada a reprimir a los opositores. Pero nunca ha sido un ejército republicano encargado de la defensa de la integridad territorial y de la seguridad de los bienes y de las personas.
Esto explica las intervenciones extranjeras: la francesa y marroquí en 1977 y 1978 para salvar el régimen de Mobutu en Katanga, y la de Angola y Zimbabue para salvar el poder de los Kabila, padre e hijo.
Mobutu fue echado del poder en 1997 por L.D. Kabila y sus «kadogo» (niños soldados). Son estos soldados, hoy ya crecidos, los que constituyen el núcleo del ejército congoleño.
Tras los acuerdos de Sun City (2002), que dieron lugar a un gobierno de transición entre las partes combatientes, y luego a las elecciones de 2006 ganadas por Joseph Kabila, se decidió mezclar las tropas que formaban los diversos grupos antes enfrentados. Después de la toma de posesión del nuevo presidente, de las 18 brigadas previstas solo 6 habían sido mezcladas y 2 estaban en proceso de formación.
Pero ¿se puede constituir un ejército nacional con antiguos rebeldes surgidos de grupos diferentes? ¿Pueden respetar las normas de la noche a la mañana jóvenes no instruidos y arrancados a sus familias, convertidos en militares por la fuerza de los acontecimientos? Son preguntas que siguen sin respuesta. El país espera todavía la constitución de un verdadero ejército y no de un conglomerado de aventureros incapaces de defender la integridad del territorio cuando se produce un ataque.
Philémon Muamba MumbundaACEPRENSA