Lagos. Nigeria siempre aparece a la cabeza de la lista de los países más corruptos del mundo en la clasificación de Transparencia Internacional. El presidente Obasanjo hizo de la lucha contra esta lacra uno de los pilares de su campaña electoral. Sin embargo, durante su primer mandato (1999-2003) no se notó mucho. El gobierno sometió un proyecto de ley contra la corrupción a la Asamblea Nacional, pero sólo al final de ese periodo salió la ley, con tantas enmiendas que la hacían prácticamente inoperante.
Quedaron, por ejemplo, las cláusulas de inmunidad para procesar al presidente y vicepresidente, a los gobernadores y a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes. Mientras tanto continuaban las prácticas corruptas de todos conocidas: en la aprobación del presupuesto, en los trámites administrativos, en la adjudicación de contratas para servicios o proyectos por parte del gobierno, etc.
La situación empezó a cambiar justamente a principios del pasado 2005, cuando quedaban solamente dos años del segundo mandato electoral de Obasanjo. «¿Por qué ha tardado seis años el presidente en decidirse a atajar la corrupción seriamente?», se preguntan algunos. «¡Demasiado tarde!», concluyen otros.
Algunos analistas lo explican así. En África, incluso cuando hay una formalidad democrática, el líder es «escogido» y presentado al pueblo para que le vote por el partido mayoritario, que suele ser único o casi único. Para ser escogido y para sostenerse en el poder, el líder debe pactar con los que lo escogen, es decir, la clase dirigente.
El líder tiene por tanto las manos atadas en muchas de sus decisiones y sobre todo para luchar contra la corrupción. Pero este problema se atenúa cuando ya no tiene que preocuparse por la reelección. Esto es posible cuando el líder mismo nada tiene que ocultar, cosa que no siempre ocurre. Nigeria en estos momentos se encuentra en esa situación poco común.
El primer pez gordo
En el año 2005 se empezaron a notar cambios. Uno de los órganos creados por Obasanjo para atajar la corrupción, la Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), que había estado en letargo durante su primer mandato electoral, entró en actividad. El pez más gordo atrapado es sin duda Tafa Balogun, el inspector general de la policía, contra el que la Comisión logró presentar pruebas de un desfalco de 5,7 millardos de nairas (35 millones de euros). Su caso está ahora en los tribunales, aunque se mueve demasiado lento.
Mientras ocurría esto, el personal de la policía no recibía sus sueldos; las dotaciones del presupuesto general para formación y equipo no llegaban a sus destinos, y la policía se dedicaba a extorsionar a la gente en las carreteras, en los calabozos, en las negociaciones para presentar acusaciones o dar fianzas.
Durante las Navidades es imposible viajar sin franquear un número incontable de «police check points» entre ciudades importantes en los que se piden «peajes» de carretera. También es normal que la policía detenga sin motivo; muchas víctimas son inmigrantes de países vecinos: los meten en el calabozo hasta que familiares o amigos vienen a rescatarlos al «precio» que dictan ellos.
Ante la evidencia de corrupción en la policía, Obasanjo se decidió a retirar su apoyo a Balogun, que tuvo que presentar su dimisión.
Cuentas millonarias en Londres
Otro caso de gran notoriedad es el de Diepreye Alammieyeseigha, gobernador de Bayelsa, uno de los Estados más ricos en petróleo del área del Delta. La policía británica lo detuvo en Londres al llegarles una denuncia de que había desviado cuantiosos fondos del Estado de Bayelsa a sus cuentas personales en bancos de Londres. De hecho, la policía encontró en su casa de Londres (comprada también con fondos del Estado) varios sacos llenos de billetes de libras esterlinas y de dólares, además de sus bien provistas cuentas bancarias.
Alammieyeseigha pagó una alta fianza para obtener libertad y al cabo de unas semanas se escapó del Reino Unido, burlando la seguridad británica. Al día siguiente apareció en Bayelsa, donde fue recibido apoteósicamente por el pueblo, sus seguidores en el partido y el aparato de seguridad y de gobierno de ese Estado. Por desgracia para él, Obasanjo dejó de apoyarle; la EFCC consideró que era un caso de corrupción serio (se le acusa de robar 120 millardos de nairas) y la Asamblea de su Estado se vio forzada a destituirle. Está bajo custodia de la policía y su caso será presentado a los tribunales en 2006.
Por otra parte, algunos periódicos nigerianos han dado a conocer que la policía británica tiene datos comprometedores sobre otros cinco gobernadores de Nigeria.
Menos conocido en el exterior es el escándalo que afecta al presidente del Senado, Adolphus Wabara, junto con el ministro de Educación y varios senadores y altos funcionarios. Hubo un «chivatazo» de que un grupo de senadores se había repartido 55 millones de nairas, exigidos al ministro de Educación y pagados por éste para que se aprobara el presupuesto de educación. Cuando la EFCC comprobó que la denuncia tenía pruebas, el Senado se vio forzado a retirar su apoyo a Wabara, y Obasanjo tuvo que destituir a su ministro y a otros involucrados en el escándalo. Este caso está también en los tribunales.
Otro escándalo salió a flote cuando el gobierno puso a la venta sus extensas propiedades en Lagos, siguiendo la política de privatizaciones. Luego se supo que la ministra de Vivienda había recibido unas comisiones muy altas y totalmente ilegales en las ventas. Obasanjo tuvo que pedir la dimisión de la ministra.
Demasiados accidentes aéreos
La atención de la EFCC se volvió en los últimos dos meses al Ministerio de Aviación, al producirse una serie de accidentes aéreos. Todo empezó a mediados de año en Port Harcourt, aeropuerto internacional en el sur del país: unas vacas invadieron la zona del aeropuerto (por agujeros en la valla de seguridad) para pastar en sus hierbas abundantes. Algunas se encontraban en la pista de aterrizaje cuando un avión que tomaba tierra se estrelló contra ellas.
A finales de octubre otro avión (Lagos-Abuja) cayó en picado, poco después de despegar, cerca de Lagos. No hubo supervivientes. Murieron muchas personas cercanas al presidente y al gobierno, aparte de otras de empresas privadas.
El último de esta serie de accidentes tuvo lugar el pasado diciembre, de nuevo en el aeropuerto de Port Harcourt: el avión no acertó a aterrizar en la pista por falta de visibilidad. Llovía. Todos los pasajeros y la tripulación murieron en el incendio que se produjo. No había agua en los servicios de bomberos. No había ambulancias para recoger a los heridos. Se ha alegado que los equipos de ayuda al aterrizaje sin visibilidad no funcionaban bien.
Entre los fallecidos en este último accidente se encontraban 52 chicos y chicas del colegio de los jesuitas en Abuja, muchos de los cuales eran hijos de personas de alta posición en el gobierno y en la economía. Este accidente ha levantado una protesta general. La EFCC está investigando y descubriendo, según se dice en la prensa, maniobras corruptas en los fondos destinados al mantenimiento de los aeropuertos y en las concesiones de licencias a compañías aéreas, lo que al parecer redujo los márgenes de seguridad. Se ha pedido la renuncia del ministro de Aviación, que se ha negado a presentarla. La EFCC aún no ha aportado pruebas.
Jide Martins