Coincidiendo con la celebración, el 1 de abril en Washington, de una conferencia sobre la transparencia en el sector petrolífero, la ONG británica Global Witness denunció que buena parte de los ingresos procedentes de la producción de petróleo y diamantes africanos no revierte en beneficio de la población, sino de los gobernantes. El estudio se centra en Angola, el Congo-Brazzaville y Guinea Ecuatorial. Poco después, un Jurado federal y el Senado estadounidense ordenaron investigar las cuentas del presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang Nguema, en el banco Riggs y a las petroleras que más han invertido en ese país.
África produce un 10,5% del petróleo mundial y consume un 3,4%. Angola es el más importante productor entre los tres países citados por Global Witness, con el 11,6% de la producción africana, frente al 3,3% del Congo-Brazzaville y el 3% de Guinea Ecuatorial. Con datos reunidos de diversas fuentes -prensa, entrevistas con industriales y funcionarios, documentos del FMI y del Banco Mundial-, la ONG británica muestra cómo la falta de transparencia favorece la corrupción en estos países africanos.
Según estos datos, el gobierno del presidente angoleño José Eduardo Dos Santos ha malversado uno de cada cuatro petrodólares obtenidos entre 1997 y 2001 (una media de 1.700 millones de dólares por año). Y cuando la British Petroleum quiso hacer pública la renta petrolífera que daba al gobierno, se ganó las iras de Dos Santos. Mientras tanto, un millón de angoleños sobreviven con la ayuda del Programa alimentario mundial, de la ONU.
En el Congo-Brazzaville, el Fondo Monetario Internacional asegura que el gobierno del general Denis Sassou-Nguesso, que llegó al poder en 1997 mediante un golpe de Estado, dejó sin declarar, entre 1999 y 2002, ingresos por extracción de petróleo por valor de 248 millones de dólares.
Más llamativo es el caso de Guinea Ecuatorial, donde según Global Witness, la oligarquía que rodea al presidente Teodoro Obiang Nguema controla el 80% del PIB mientras el 65% de la población vive bajo el umbral de la pobreza extrema. Los ingresos por extracción de petróleo, que eran de sólo 3 millones de dólares en 1993, aumentaron a 210 millones en 2000 y a 700 en 2003: aquí las compañías que acaparan la producción son las norteamericanas Exxon Mobil y Amerada Hess.
Para Global Witness, la abundancia de recursos no implica desarrollo si no se exige una gestión transparente. Esto quedó claro hace décadas en Nigeria, por no hablar de los países del norte de África. Portugal y España podrían influir en pro de tal transparencia en Angola y Guinea Ecuatorial, pero es probable que no usen tal influencia, precisamente para no perderla. Mientras en España la posibilidad de un negocio parece acallar las críticas, en Estados Unidos se investigan las cuentas de Obiang y de las petroleras implicadas. Y no sólo por las advertencias de Global Witness, pues también el Departamento de Información sobre Energía del gobierno de EE.UU. aseguraba que «hay pruebas sustanciales de que el gobierno ecuatoguineano se apropia indebidamente de los ingresos derivados del petróleo, en particular para gastos personales suntuosos».
Un nuevo país africano que va a gozar del maná petrolífero es el Chad, donde la agricultura supone el 40% del PIB y ocupa al 80% de una población cuya esperanza de vida no pasa de los 45 años. Chad, con 9 millones de habitantes, es uno de los países más pobres del mundo.
Tras la terminación, a mediados de 2003, de un oleoducto de 205 kilómetros hacia Camerún y el Golfo de Guinea, se va experimentar una nueva fórmula para que la renta petrolífera esté sujeta a un mayor control y beneficie a la población. Según explica un reportaje del New York Times (18-II-2004), una junta ciudadana controlará los beneficios de la extracción petrolífera, que también aquí corre a cargo de Exxon. La renta petrolífera, con ser «sólo» un 12,5% del valor de la producción, aumentará el presupuesto del Estado en un 40% (100 millones de dólares). Exxon ha prometido construir escuelas y centros de salud en los municipios afectados, pero, según el New York Times, los campesinos no han visto de momento más que la polvareda de los camiones que día y noche cruzan los caminos.
«Diamantes conflictivos»
A diferencia de lo que sucede con el petróleo, la producción de diamantes en bruto está sometida a un proceso de transparencia cada vez mayor. Y ello es precisamente porque la menor importancia del África subsahariana en este mercado ha llevado a los principales productores a garantizar el origen de sus diamantes. El valor de la producción mundial de diamantes en bruto ronda los 7.500 millones de dólares. Se calcula que un 3% de los diamantes (180 millones de dólares) son «conflictivos», es decir, han sido «producidos o robados por rebeldes» que luchan contra gobiernos internacionalmente reconocidos.
Esta denominación fue promovida por el consorcio sudafricano De Beers, propiedad de la empresa británica Anglo American (45%), la familia Oppenheimer (45%) y el gobierno de Botsuana (10%): «diamantes conflictivos» habría en Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo (ex Zaire), y no en los principales países productores de diamantes cuyos mercados controla De Beers (45% de la producción mundial): Sudáfrica, Botsuana y Namibia.
Uganda, que no es país productor de diamantes, exportó 35.000 quilates en 2002, extraídos de la R. D. del Congo, vendiéndolos por 4,4 millones de dólares (126 dólares por quilate). Este dato deja claro que los «diamantes conflictivos» no son un buen negocio: su precio es inferior al de los extraídos de una mina en un país absolutamente transparente (168 dólares por quilate en Canadá). Los precios mundiales suben porque aumenta la demanda, y la producción está relativamente estancada. Sólo en dos países productores (Angola y R. D. del Congo) hay «diamantes conflictivos», pero el control de las escasas reservas de estos países no puede influir en el mercado, e incluso muy poco sobre el PIB de estos países, pues no llega al 0,01%.
Santiago Mata