Johannesburgo. En las dos últimas semanas, el gobierno de Zimbabue ha organizado el desalojo forzoso de miles de comerciantes del sector informal y de familias que viven en chabolas construidas anárquicamente en torno a las ciudades. La ONU calcula que hasta el momento el número de personas desalojadas de sus casas asciende a más de 200.000.
Funcionarios del partido gobernante ZANU-PF del presidente Robert Mugabe apodaron la campaña «Operación Restauración del Orden», describiéndola como una limpieza de la capital, Harare, tras las elecciones recientes, que fueron condenadas como fraudulentas por la comunidad internacional. Pero otros dijeron que era una venganza contra los pobres de la ciudad, que votaron abrumadoramente por la oposición del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC). La policía desalojó y prendió fuego a los asentamientos ilegales.
La crisis económica, con un nivel de desempleo del 70%, ha obligado a muchos pobres urbanos a convertirse en vendedores ilegales. La represión se produce en medio de una aguda escasez de alimentos y gasolina en todo el país, después de la pérdida casi total de las cosechas de este año a causa de la sequía y de medidas agrícolas polémicas.
En la primera semana de junio el diario «Herald», de Harare, informó que el jefe de policía, Augustine Chihuri, había advertido que sus tropas tratarían con dureza a cualquiera que se opusiera a la Operación Restauración del Orden. Chihuri dijo que «codiciosos» comerciantes y «vagos» habían transformado las ciudades de Harare y Bulawayo en «sucias barriadas de chozas».
John Robertson, un economista independiente de Harare, dijo que la represión de los comerciantes había dejado sin medios de vida a miles de familias, que desde ahora pasarían hambre. «El gobierno ataca los síntomas de un problema mucho más grande. El gobierno ha provocado tal caos con sus políticas de inversión, que nadie tiene trabajo. No hay mucha gente que pueda hacer más que comprar y vender. Cuando la gente está desesperada, se vuelve muy inventiva».
Robertson piensa que el gobierno puede estar aplicando ahora medidas más duras para impedir las revueltas que pueden surgir cuando empeore la escasez de alimentos en los próximos meses. Las autoridades «pueden temer revueltas más grandes en el futuro si no demuestran ahora su determinación», dijo Robertson.
Sin ingresos y sin casas, muchas familias están huyendo hacia el campo, donde la pobreza y la hambruna son todavía peores que en las ciudades, y no hay trabajo. Sin un mercado negro que ofrezca los productos básicos que la economía oficial no ha podido generar, la escasez de alimentos y gasolina seguramente empeorará.
El gobierno ha aceptado la ayuda del Programa Mundial de Alimentos, de la FAO, a condición de que no esté sometida a ninguna «condición política». El gobierno de Mugabe ha sido acusado de utilizar la ayuda alimentaria como arma política, distribuyéndola a los que le apoyan y negándola a los adversarios.
El gobierno ha trasladado a granjas a gente que se ha quedado sin casa, diciéndoles que se les ofrecerán viviendas legales más adelante. Pero eso es improbable; solamente en Harare, ciudad de 1,9 millones de habitantes, la lista oficial de espera para una vivienda ya excede las 600.000 familias.
Águeda Colom