La solución elegida para ampliar la despenalización del aborto en España no ha procurado sorpresas. Fuentes del gobierno venían insistiendo en que se quería encontrar una fórmula basada en un sistema de plazos, en el que la mujer tuviera la última palabra. Lo más llamativo del proyecto es su ataque a la objeción de conciencia de los médicos.
Por una parte, se mantiene que hay que respetar la decisión de la mujer en virtud de la libertad de conciencia. Nadie puede decirle lo que es mejor para ella. Y a continuación se amenaza con exigir responsabilidades en determinados casos a médicos que rechazan el aborto, decidiendo por ellos que esta es la mejor solución «terapéutica».
El artículo 5 del anteproyecto enmascara esta amenaza con una envoltura dramática: «En el caso de que la práctica de la interrupción del embarazo fuera urgente por existir riesgo vital para la gestante, todo médico especialista en obstetricia y ginecología integrado en un centro sanitario de carácter público o privado, así como todo el personal de enfermería o auxiliar, estarán obligados a prestar a la embarazada la asistencia que sea necesaria para salvar su vida, sin que puedan aducir razones de conciencia para eximirse de la responsabilidad en que pudieran incurrir a título de denegación de auxilio».
Este artículo no hace justicia ni a la realidad médica ni al derecho a la objeción de conciencia. Hoy día, dados los avances de la Medicina, todo médico competente sabe que el aborto no es una solución mejor que otras alternativas de tratamiento en el caso de enfermedad grave de la gestante. Para descartar el aborto, el médico ni tan siquiera necesita invocar la objeción de conciencia: le basta invocar razones científicas. Por lo tanto, exigirle «por decreto» un aborto supuestamente terapéutico supone invadir su esfera de competencia médica y atropellar su conciencia.
El citado artículo continúa: «Dichas razones [de conciencia] tampoco podrán ser invocadas por el personal médico y sanitario para justificar la denegación de asistencia a una mujer cuya vida o salud se encuentran en grave peligro a consecuencia de una intervención de interrupción de un embarazo». O sea, el aborto, que primero es el medio terapéutico insustituible para salvar la vida de la mujer, ahora se convierte en la causa que puede poner en grave peligro su vida o su salud. En los dos casos, el médico contrario al aborto está obligado a intervenir.
Ciertamente, un médico que respeta la vida hará todo lo posible para ayudar a cualquier persona cuya vida esté en grave peligro. Pero lo menos que puede exigirse al equipo que se presta a realizar un aborto es que atienda a la mujer hasta el final, sin traspasar a otros la responsabilidad de lo que ellos han causado.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la objeción de conciencia, o de ciencia, al aborto es un derecho que la ley reconoce a todo médico, especialista o no, ya trabaje en la sanidad pública o en la privada, exista o no otro médico dispuesto a realizar el aborto. Un derecho protegido por la Constitución, según doctrina del Tribunal Constitucional.
En el fondo, ese artículo no va dirigido a garantizar una asistencia médica en situaciones trágicas. Responde más bien al deseo de eludir las consecuencias de la libertad de los médicos para abstenerse de la práctica del aborto. A menudo, los partidarios del aborto se han quejado de que la gran mayoría de los médicos especialistas rehúsan practicarlo. Y un artículo como el recogido en este proyecto serviría para presionar a los médicos y para que la sanidad pública pudiera poner esta condición a la hora de seleccionar a los médicos de ese servicio. Todo sea por la libertad.
Ignacio Aréchaga