El pasado 29 de diciembre, el Congreso Popular Nacional (parlamento nominal) de China aprobó una ley sobre planificación familiar que consagra la política del hijo único, en vigor de hecho durante las dos últimas décadas. La legislación entrará en vigor el próximo 1 de septiembre.
Esta política demográfica se inició en 1979 con una decisión del Comité Central del Partido Comunista. Desde entonces, las parejas que vivan en las ciudades solo pueden tener un hijo, y en las zonas rurales se permite un segundo hijo al cabo de varios años tras el nacimiento del primero. En caso de incumplimiento, las autoridades imponen al matrimonio infractor una multa que, por su cuantía (tres veces el salario medio anual), supone la marginación social.
Esa política se ha aplicado con diverso rigor según las épocas. Entre temporadas de mayor tolerancia han sido frecuentes los abortos y las esterilizaciones impuestas por la fuerza. La natalidad es, así, uno de los campos donde más se nota la inseguridad jurídica, endémica en China. A veces, los responsables locales de las Comisiones de Planificación Familiar hacen la vista gorda a cambio de dinero. Pero, por rachas, las autoridades se entregan con celo al cumplimiento del plan, utilizando contundentes sanciones contra matrimonios rebeldes y funcionarios corruptos (ver servicios 26/95 y 100/95).
La nueva ley pretende asegurar el cumplimiento de la política del hijo único, y a la vez frenar los abusos de los encargados de aplicarla, que han provocado protestas en China y en el extranjero. Según el gobierno, permitirá ejercer acciones legales contra los funcionarios que se excedan.
También abrirá la puerta a otros pleitos. Un descontento que ha empezado a percibirse en China es el de maridos en desacuerdo con la decisión de sus mujeres de no tener hijos. Uno de ellos demandó a su esposa, por abortar sin consentimiento de él, y también al hospital que realizó el aborto. El tribunal rechazó la demanda por falta de base en la legislación vigente (China Daily, 31-XII-2001). La nueva ley, dice el gobierno, permitirá que los jueces resuelvan casos semejantes, pues establece que hombres y mujeres gozan de igual derecho a tener hijos, y comparten la responsabilidad de la planificación familiar.
Sin embargo, habrá que ver cómo se traduce eso en la práctica, ya que otra ley, la llamada de Protección de los Derechos de las Mujeres, reconoce a la mujer potestad para decidir si tiene o no un hijo. En cualquier caso, el absurdo de llevar los asuntos de procreación entre esposos al terreno judicial deriva del absurdo básico de legislar los nacimientos.
Efectos perversos
Y lo sustantivo de la nueva ley es que sanciona la prohibición de tener más de un hijo por pareja. Permite excepciones para las zonas rurales, las minorías étnicas y las parejas formadas por dos hijos únicos. Además, prohíbe el diagnóstico prenatal del sexo y el aborto selectivo de niñas. Con esto último se pretende evitar uno de los efectos perversos de la política del hijo único. Debido a la tradicional preferencia por los hijos varones (las hijas tienen menos posibilidades de atender a sus padres cuando son mayores), muchos matrimonios abortan al saber que esperan una niña, para no agotar su cupo con una hija.
Así, en China nacen 117 niños por cada 100 niñas, una proporción anormalmente alta (ver servicio 59/01). En las zonas rurales se llega a 120 por 100. En la población total, ya hay más hombres (51,6%) que mujeres. Un estudio publicado en Science en 1995 predecía que a partir de 2010 un millón de chinos por año no podrían encontrar esposa (ver servicio 42/95). Pero el déficit de población femenina ya es agudo en el campo. En algunas zonas donde la política del hijo único se ha hecho cumplir de manera más estricta, solo hay unas 70 mujeres por 100 hombres. Esto se está traduciendo en que ahora es el novio quien debe pagar a la familia de la novia. La «dote al revés» puede alcanzar el equivalente de 4.000 dólares (cfr. International Herald Tribune, 26-VI-2001).
Otras consecuencias de la política del hijo único son el tráfico de mujeres ante la carestía de esposas (ver servicio 99/01), el abandono de niños y el consiguiente desbordamiento de los orfanatos (ver servicio 15/96).
La política del hijo único contrasta con lo aprobado en la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995), en la que, al hablar de la salud reproductiva, se reconoce la libertad de procrear y el derecho de la mujer a «tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad». Pero el Fondo de la ONU para la Población, tan activo en la defensa de «los derechos reproductivos», no ha denunciado la postura del gobierno chino.