Montevideo.— Pionero en el mundo en legalizar la marihuana para uso recreativo, Uruguay completó una década de aquella novedosa legislación que permitió al Estado asumir el control de la producción de cannabis, además de su cultivo, distribución, almacenamiento, exportación, importación y venta. ¿El resultado? Haber sacado un bocado al mercado ilegal, aunque el alcance pretendido aún no se haya logrado, y un fuerte aumento del consumo.
En 2013, durante el gobierno del exguerrillero José Mujica (2010-2015), el Parlamento aprobó la norma que regulariza el comercio de marihuana, a través del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA), creado para la ocasión. El año siguiente comenzó el registro de los cultivadores domésticos y de los clubes cannábicos (de 15 a 45 miembros), y en 2017 se inició la venta en farmacias, las que deben contar con una licencia al respecto otorgada por el IRCCA.
En la actualidad, son 23 las farmacias que venden marihuana en el país (11 en Montevideo), presentes sólo en 10 de los 19 departamentos que conforman Uruguay. La ley remarca que la venta de este producto para consumo personal, únicamente se podrá hacer “a partir de la acreditación en un registro y no podrá superar los 40 gramos mensuales por usuario”. El paquete de 5 gramos sale por el equivalente de 10 a 11 euros.
A su vez, los socios de esos clubes y los hogares tienen permitido producir hasta 480 gramos anuales. Los clubes pueden cultivar un máximo de 99 plantas de cannabis de uso psicoactivo y obtener una cantidad de producto proporcional al número de socios.
Entre el mercado legal y el negro ha surgido un mercado “gris” de cannabis cultivado con autorización pero vendido clandestinamente
El cultivo para consumo propio, la pertenencia a clubes y la compra en farmacias está reservada a los mayores de 18 años.
Mercado “gris”
“La regularización del cannabis generó un marco legal que claramente le quitó mercado al comercio ilegal”, dice a Aceprensa Rosario Queirolo, profesora titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay, que ha enfocado parte de sus investigaciones en estudiar los efectos de la legalización del cannabis en distintos países. En Uruguay, la ley de 2013, añade Queirolo, “hizo que algunos usuarios que antes –porque no había otra opción– compraban en el mercado ilegal se pasaran al legal. Eso era parte del objetivo, obviamente, de la regulación. Sin embargo, todavía existe un mercado ilegal que es importante”.
Además, también ha surgido un “mercado gris”, algo que está estudiando en un proyecto de su universidad, con financiación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. “Este mercado gris lo definimos como aquel en el que se vende cannabis producido de forma legal –ya sea por autocultivadores o por clubes cannábicos–, pero se vende de forma no legal”, es decir, por fuera de la vista del Estado y sin pasar por las farmacias. “Se supone que no es legal la venta de excedentes. Si uno autocultiva, no es legal que venda lo que le sobra. Por eso, hay un mercado gris que se origina a partir de la regulación”.
Por tanto, se han desplegado “tres mercados”: uno legal, otro ilegal –que persiste con mercancía foránea, especialmente proveniente de Paraguay–, y el “gris”, que se nutre del cannabis producido legalmente.
Queirolo cree que esto último se puede explicar por las condiciones “bastante estrictas” que establece la ley, y argumenta que en las zonas de Estados Unidos y Canadá en las que está legalizada la marihuana, el problema existe, pero en menor medida, al contar con regulaciones más flexibles. “Esas regulaciones menos estrictas, de alguna manera han ayudado a que el mercado legal crezca más rápidamente”, continúa. “Siempre ha existido la convivencia entre mercados legales e ilegales. No se puede esperar que a partir de una regulación o una legalización desaparezca totalmente el mercado ilegal. El punto es cómo tratar de que éste sea cada vez menor”.
Más consumidores
En efecto, en Uruguay, la parte del narcotráfico en la clientela de cannabis pasó del 58% de consumidores en 2014, antes de la legalización, al 24,4% en 2018, según una encuesta de la Junta Nacional de Drogas.
El número de consumidores se ha multiplicado por cuatro desde 2016
Esta reducción del mercado negro tras la legalización ha venido acompañada de un fuerte aumento del consumo. Según la Revista Médica del Uruguay, el uso de cannabis pasó del 9,3% de los uruguayos mayores de edad en 2016 al 15,4% en 2018. En 2022, un sondeo posterior de la encuestadora Cifra estimaba que el 19% de los mayores de 16 años ha vuelto a consumir la droga después de probarla.
De acuerdo a cifras más recientes del IRCCA, los usuarios registrados son 91.000, en números redondos: 66.000 en farmacias, 13.000 para el cultivo doméstico y 12.000 miembros de 355 clubes. El año pasado, el número de registros aumentó 150% en comparación a 2018. El IRCCA también estima que en el país los consumidores de cannabis son 255.000 en total (unas cuatro veces más que en 2016), lo que supone que el 65% no están registrados (casi dos puntos porcentuales menos que en 2018). De estos, se calcula que la cuarta parte se abastece en el mercado “gris” y tres cuartos, en el negro.
Existe, además, un mercado internacional. Según un informe de abril pasado del Instituto Uruguay XXI, en 2022 el país exportó cannabis por valor de 5,3 millones de dólares: un total de 16 toneladas de flores que fueron a parar, sobre todo, a Portugal, Alemania, Israel y Canadá (las flores para uso medicinal representaron el 83% en el total de esas ventas externas). Y, más recientemente, Uruguay comenzó a vender marihuana a Estados Unidos.
Relación con los delitos
Otra motivación planteada para llevar adelante la regularización de la marihuana apuntaba a la seguridad, y el impacto que pudiera tener en la baja de los delitos. Una relación que, para Queirolo, no resulta del todo clara.
“En ciencias sociales decimos que todos estos fenómenos son multicausales –advierte Queirolo–. El punto es cómo hacer para identificar cuál es el peso de cada una de esas causas. La regulación del cannabis podría haber tenido alguna incidencia. En realidad, no tenemos buenos datos para contestar esa pregunta; es decir, para ver efectivamente cuál es el peso de la regulación, controlando también todos los otros factores”.
En otros países se ha avanzado más en torno a esa “identificación causal”. De cualquier modo, algunos trabajos presentan resultados “bastante diversos”, no necesariamente contradictorios. “Por ejemplo, en Estados Unidos depende del estado donde se haga el estudio. O sea, la evidencia que hay no es concluyente ni en un sentido ni en otro”, dice la experta.
Marihuana para turistas
Para los promotores de la ley, el hecho de que las farmacias que venden marihuana no estén presentes en todo el país “conspira contra el espíritu” de la ley, que es “generar un acceso igualitario”, en palabras de Queirolo.
Esas mismas voces consideran el registro como “una barrera”. “Se necesita mostrar un comprobante de residencia, ir al correo, registrarse: una serie de condiciones que para mucha gente son un obstáculo –señala Queirolo–. Hay quienes están en situación de mayor marginalidad y no cuentan con esa documentación, o no se inscriben porque no van a incurrir en el costo de hacer todos esos trámites, o porque no quieren dejar su huella digital en un registro”.
¿Y qué pasa con los extranjeros? Desde que se vende legalmente la marihuana, turistas que visitan Uruguay –especialmente por estas fechas del verano austral– se interesan por esta modalidad con la intención de comprar. Pero la ley no corre para ellos.
Acogiendo esta queja frecuente, el diputado Eduardo Antonini, del opositor e izquierdista Frente Amplio, en junio de 2022 presentó un proyecto de ley para que los foráneos accedan al cannabis recreativo, a fin de “corregir una irregularidad” y atender “una injusticia”.
La inciativa, que se encuentra en discusión en una comisión de la Cámara de Representantes, establece que los turistas puedan obtener una membresía temporal en farmacias o clubes cannábicos. La norma contempla que los establecimientos turísticos, hoteles, restaurantes y bares, que “se encuentren acreditados ante el Ministerio de Turismo, podrán asociarse con los clubes de membresía”.