La reforma de la asistencia pública recién aprobada por el Senado norteamericano es muestra de la extendida convicción de que ha llegado la hora de podar el Estado-providencia. Los subsidios han alcanzado un coste descomunal y, en vez de ser una ayuda para salir de situaciones difíciles, se han convertido en un medio de vida para los beneficiarios, que se perpetúan en su estado de necesidad. Pero este diagnóstico, hoy generalmente admitido, habría sido tildado de darwinismo social hace unos años.
Señal del cambio es la escasa oposición que han tenido los recortes en el Senado, aprobados por 87 votos -incluidos los de la mayoría de los demócratas- contra 12. Otro testimonio de que corren tiempos nuevos es lo que dijo uno de los senadores que votaron «no», el veterano demócrata Daniel Patrick Moynihan: «Hace quince años, si se hubiera discutido una propuesta de recortar cuarenta dólares de un programa, se habrían presentado aquí cuarenta representantes de diversos grupos»; esta vez no ha ido nadie a protestar.
Sin esperar a la ley, varios Estados han puesto en marcha sus propias reformas. Todas están encaminadas a poner a trabajar a los beneficiarios del auxilio social. El cambio de enfoque se nota hasta en la terminología. En Massachusetts ya no hay Departamento de Asistencia Pública (Welfare); ahora se llama Departamento de Ayuda Transitoria. En otros lugares, los programas ya no son de asistencia, sino de «Empleo y Responsabilidad Personal» (Colorado), «Independencia» (Virginia) o «Desarrollo Familiar» (Nueva Jersey). Wisconsin ha dado a su sistema de subsidios un nombre bien elocuente: «Trabajo, no Asistencia Pública» (Work Not Welfare).
El proyecto del Senado recoge las ideas principales de la propuesta que presentó el presidente Clinton el año pasado (ver servicio 93/94). El objetivo primordial de la reforma es el plan de Ayuda a familias con hijos a su cargo (AFDC), financiado en parte por Washington y en parte por los Estados. De sus 14 millones de beneficiarios, más del 90% son madres solteras o abandonadas. Como los subsidios son más seguros y, en muchos casos, más altos que un posible sueldo, la AFDC no estimula a buscar trabajo. Y, sobre todo, penaliza el matrimonio, pues se suspende si la mujer se casa, y favorece los nacimientos ilegítimos, al permitir que hombres irresponsables se despreocupen del mantenimiento de las madres y los hijos. Con lo que acaba fomentando las mismas situaciones que pretende remediar.
Para romper el círculo vicioso, el proyecto del Senado limita a cinco años la duración del subsidio, en periodos de dos años como máximo (ahora se prolonga más de dos años por término medio, y ocho años en el 30% de los casos). La Administración federal aportará una cantidad fija, aunque aumente el número de personas que reúnan los requisitos para acceder a la ayuda (pero se podrán aprobar dotaciones extraordinarias en épocas de mayor paro). Los inmigrantes no nacionalizados quedarán excluidos del subsidio.
A finales de marzo, la Cámara de Representantes aprobó -esta vez sin el favor de los demócratas- otra reforma más severa, con mayores recortes de fondos y requisitos más estrictos. Pero el aspecto más duro es la manera de atacar el problema de los nacimientos extramatrimoniales, principal origen de los estados de necesidad. El proyecto niega el subsidio a las madres solteras menores de 18 años y lo retira a todas las mujeres que, estando también solteras, tengan un hijo mientras perciben la AFDC. Algunos creen que tales medidas suponen una invitación a abortar (ver servicio 42/95).
No faltan quienes dudan que las reformas planeadas vayan a tener éxito. Los proyectos aprobados se proponen, entre sus objetivos principales, ahorrar: 65.000 millones de dólares en los próximos siete años, el del Senado; más de 100.000 millones, el de la Cámara de Representantes. Pero, según los críticos, sacar a la gente de la asistencia pública exige empezar por gastar más dinero. Si realmente se quiere que los beneficiarios se pongan a trabajar, habrá que financiarles formación profesional, guarderías y ayuda para la colocación.
Para que la reforma se convierta en ley, una comisión de senadores y representantes tendrá que conciliar las versiones de una y otra cámara. El presidente Clinton ha advertido que vetará el texto definitivo si resulta más estricto que el del Senado.