La crisis económica ha empezado a pasar factura también a los sueldos astronómicos de altos ejecutivos. Si en tiempos de prosperidad ya resultaban escandalosos, ahora la pregunta general y cada vez más indignada es qué responsabilidad tienen quienes se hicieron de oro mientras llevaban a la quiebra a gigantes financieros.
Este nuevo clima se manifiesta en una ola de recortes que parece marcar el fin de la época de salarios exagerados en grandes empresas. Por ejemplo, Josef Ackermann, presidente de Deutsche Bank, y otros cuatro miembros del consejo de administración han renunciado a su bonus correspondiente a 2008. Los ingresos anuales de Ackermann ascendían a unos 13,6 millones de euros, más de la mitad a título de retribución variable.
El suizo UBS, por su parte, ha rediseñado su plan de retribuciones para toda la plantilla. En el caso del Royal Bank of Scotland, la medida se ha tomado además como requisito para acceder a la ayuda del gobierno británico. Este condicionamiento de la administración para participar del plan de rescate se ha hecho valer también en Alemania, donde se ha limitado a 500.000 euros anuales el sueldo del máximo ejecutivo en las entidades que requieran dinero público.
En Francia, la revisión que ha hecho la Asamblea Nacional de la ley de finanzas prevista para 2009 ha decidido incluir la enmienda del diputado socialista Didier Migaud, según la cual las “remuneraciones diferidas” superiores a 200.000 euros deben quedar sometidas al impuesto de sociedades. Por otro lado, la Corte de Apelaciones ha sentenciado que Carrefour no tiene que pagar a su ex consejero delegado un fabuloso finiquito acompañado de otras compensaciones, como un cheque de 9,4 millones de euros en concepto de una cláusula que le impedía trabajar para cualquier otro grupo de distribución por un lapso de cuatro años.
Más reacios al sacrificio se muestran en cambio los banqueros norteamericanos, que no sólo no renuncian a su bonus, sino que persisten en sus beneficios. Un caso extremo es el de Richard Fuld, de Lehman Brothers, que ha llegado a pretender -aunque sin éxito, finalmente- una millonaria reparación (un “paracaídas de oro”, como se llaman estas cláusulas) tras haber contribuido a la ruina de su institución. El gobierno norteamericano ha resuelto suprimir este tipo de contratos blindados para los bancos que se rescaten con los impuestos de los ciudadanos, así como restringir las deducciones fiscales a las que pueden acogerse sus ejecutivos.
Para el caso de España, y como lo revelaron los datos consignados por los propios bancos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los ejecutivos de las principales 14 entidades financieras que cotizan en bolsa ganaron 115,6 millones de euros durante el primer semestre de este año, un aumento de más de 40 millones que se debe en buena parte a los espectaculares resultados de los bancos españoles en 2007. Así y todo, las cifras del sistema retributivo español están muy lejos de poder compararse a las de Wall Street, aunque un reportaje de El País ha referido hace poco que en las empresas del Ibex hay 283 contratos blindados, un hecho del que los accionistas rara vez están al corriente.
Demasiado dinero por demasiado riesgo
Un artículo de Pascual Berrone publicado por el IESE de la Universidad de Navarra (http://insight.iese.edu/es/) entra al fondo de lo que para muchos es, en realidad, el torticero sistema de valores que permitió llegar a esta crisis. Considera especialmente que las stock options ideadas para estimular la productividad de los directivos en función de los intereses de los accionistas (cfr. Aceprensa, 9-01-2008) han venido a resultar contraproducentes y a favorecer el cortoplacismo, la falta de compromiso corporativo y la exacerbación del riesgo.
El ejecutivo compensado con opciones sobre acciones, por ejemplo, obtiene beneficios cuando aumenta el valor de la compañía en los mercados. Pero su riqueza no disminuye si ese valor cae. En esas circunstancias, el agente reacciona arriesgando demasiado, puesto que no tiene nada que perder. Como indica el Prof. Berrone en su documento, ésta es probablemente la razón por la que los altos directivos se han atrevido a realizar inversiones inciertas como las relativas a hipotecas inseguras.
Otro tanto sucede con las “doradas” cláusulas de rescisión, que se pagan independientemente de que la relación laboral termine por adquisición, bancarrota o fin del contrato. Estos “paracaídas” se han justificado habitualmente alegando que protegen a los directivos de riesgos que están más allá de su control y permiten concentrarse en la maximización de beneficios para los accionistas. Pero, dice Berrone, los “paquetes de salida garantizados” son en ocasiones tan elevados que sencillamente parecen animar al fracaso.
Para luchar contra estos excesos, en Francia se multiplican las iniciativas parlamentarias. La comisión para asuntos sociales de la Asamblea Nacional ha dado luz verde a una enmienda al proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social destinado a someter las stock options, las acciones gratuitas y los “paracaídas de oro” superiores a un millón de euros a un “descuento social” del 2%.