Los bancos irlandeses han promovido pocos desahucios, pues se considera una medida socialmente inaceptable
Irlanda, que al igual que España experimentó una burbuja inmobiliaria durante los años de bonanza económica, se encuentra hoy con el problema de los impagos de hipotecas. La situación angustia a muchos deudores y crea dudas sobre la solvencia de los bancos, en buena parte de propiedad pública tras ser rescatados cuando explotó la crisis. A fin de salir de esta situación, el gobierno ha propuesto una reforma legal –Personal Insolvency Bill– que prevé tres formas de acuerdos extrajudiciales para afrontar los casos de insolvencia personal. Se refiere a distintos tipos de deudas –no solo a los préstamos hipotecarios–, pero sobre todo puede suponer un alivio para los hipotecados, sin comprometer el sistema bancario.
La nueva legislación ya recibió el voto favorable de la Cámara baja del Parlamento el pasado 7 de noviembre, y, una vez que complete el paso por el Senado, se espera que sea aprobada antes de Navidad. El gobierno irlandés hace notar que la nueva ley está en línea con el programa de ayuda financiera a Irlanda acordado con la UE y el FMI.
Pocos desahucios
A diferencia de lo que ocurre en otros países como EE.UU. o España, los bancos irlandeses han promovido pocos desahucios, pues se considera socialmente inaceptable que esta medida se aplique fuera de casos excepcionales. Pero ya la cuarta parte de la deuda por hipotecas está en impago o ha tenido que ser renegociada con los bancos. El problema es que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el precio de la vivienda ha caído un 50% y actualmente más de la mitad de las casas hipotecadas velen menos que la deuda pendiente.
La nueva ley puede ser unа bombona de oxígeno para los que están ahogados por la hipoteca. Mientras que según la legislación hasta ahora vigente es improbable que el banco acepte en muchos casos una disminución de la deuda, la nueva ley ofrecería un proceso formal para que el deudor pueda plantear un acuerdo de este tipo.
El proyecto de ley crea un cuerpo independiente –Insolvency Service– que prestará asesoramiento y hará propuestas para los acuerdos extrajudiciales entre acreedor y deudor, y llevará un registro de los acuerdos logrados.
Un fideicomisario deberá proponer una solución que, en la medida de lo posible, excluya que el deudor tenga que desalojar la casa
La nueva ley –que afecta solo a los particulares, no a las empresas– prevé varios modos de acuerdos no judiciales para las deudas en caso de insolvencia:
Para aquellos con escasa o nula capacidad de pagar sus deudas, se prevé la cancelación hasta un máximo de 20.000 €, tras una moratoria de un año. Para poder optar a esta solución, se establecen unas condiciones de baja renta disponible y apenas ahorros por parte del deudor. Es un tipo de acuerdo previsto para deudas relacionadas con tarjetas de crédito, descubiertos, etc.
Un acuerdo de reestructuración de deudas no garantizadas superiores a 20.000 €. Cuando el deudor solicita este arreglo, se nombra un fideicomisario (trustee) que reúne información financiera del deudor y propone un arreglo para un periodo de 5 años. El acuerdo incluye opciones de pago que pueden suponer que el acreedor sea pagado en todo o en parte. Una vez completadas las obligaciones previstas en el acuerdo, el deudor queda dispensado del resto de la deuda.
Acuerdos de declaración de insolvencia para deudas, garantizadas o no, entre 20.000 € y 3 millones. Este tipo de acuerdo es el que puede aportar una solución para los que no pueden afrontar los pagos de la hipoteca. Con el consejo y la supervisión de un fideicomisario, se establecen unas obligaciones financieras para seis años, acomodadas a las posibilidades del deudor. El fideicomisario debe proponer una solución que, en la medida de lo posible, excluya que el deudor tenga que desalojar la casa. Las soluciones irán en la línea de reducir la deuda principal y diferir los pagos. Para optar a este acuerdo, el deudor debe poseer propiedades en Irlanda y ha de ser improbable que en el curso de cinco años pueda llegar a ser solvente.
Una de las dudas es si los bancos van a tener capacidad para absorber las pérdidas
La ley también reforma la actual legislación sobre quiebra, de modo que el deudor sale automáticamente de la situación a los 3 años, en lugar de los 12 que establecía la legislación vigente.
Las pérdidas de los bancos
Bajo las nuevas reglas será menos oneroso declararse insolvente. Y el banco estará interesado en reducir la deuda, para no perder el pago mensual y tener que quedarse con la vivienda. En Irlanda, la vivienda hipotecada sigue siendo del banco mientras no se termine de pagar la deuda.
Al presentar el proyecto de ley, el ministro de Justicia, Alan Shatter, explicó que el nuevo texto “moderniza el procedimiento de insolvencia para encarar las obligaciones de los deudores y los derechos de los acreedores de un modo equilibrado y proporcionado a las verdaderas circunstancias financieras de una persona”. También ha advertido que “cuando hay pérdidas, los bancos tendrán que reconocerlas”.
Precisamente una de las dudas es si los bancos van a tener la capacidad para absorber esas pérdidas. Y, como los bancos fueron rescatados, todavía hoy son en buena parte de propiedad pública, con lo que las pérdidas por las hipotecas recaerían sobre los contribuyentes.
Otro elemento incierto es cuántas hipotecas se refieren a segundas residencias, donde el número de impagos es mayor que en las primeras.
También se critica que se exijan condiciones demasiado restrictivas para ser considerado un deudor insolvente, con lo que muchos propietarios de casas seguirían sin salir de su situación.
En cualquier caso, hay acuerdo en que había que cambiar una legislación obsoleta y acabar con la incertidumbre de los deudores y de los propios bancos.