A finales de junio, con cuatro días de diferencia, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio dos sentencias que ponen condiciones más estrictas para dictar condenas a muerte. Esto parece un indicio, entre otros, de que la pena capital pierde apoyo. El periodista David Von Drehle explica que el asunto es más complejo (Washington Post, 25 junio 2002).
La primera sentencia (20 de junio), recuerda el artículo, declara contrario a la Constitución ejecutar a un deficiente mental. La segunda (24 de junio) revocó una pena de muerte dictada en Arizona porque había sido impuesta por el juez, contra el derecho constitucional a ser juzgado por un jurado. Este fallo afecta también a otros Estados que permiten a los tribunales condenar a muerte, aunque el jurado no haya sido unánime al respecto, si aprecian circunstancias agravantes. A todo ello hay que añadir las decisiones de dos Estados, Illinois y Maryland, que han suspendido las ejecuciones por la sospecha de que la pena de muerte no se aplica con suficientes garantías (ver servicio 82/00).
«Muchos partidarios de la pena capital -dice el artículo- están preocupados: creen que esto puede ser el comienzo de una tendencia que acabe llevando a la abolición. Sin embargo, los últimos acontecimientos podrían igualmente responder a otra tendencia, vieja en Estados Unidos: defender la pena de muerte procurando, a la vez, purificarla de manchas morales e intelectuales que la desacreditan».
Von Drehle cita a Robert Blecker, profesor de Derecho en Nueva York y partidario de la pena de muerte: «El Tribunal está más convencido de que la pena de muerte debería estar reservada para los crímenes más horribles. No es un paso a la abolición de la pena capital, sino una reforma para hacerla más aceptable». El periodista añade: «El apoyo a moratorias, así como a diversos proyectos pendientes en el Congreso y en parlamentos estatales para exigir la prueba del ADN en muchos casos de pena capital, proviene de alianzas, antinaturales y ocasionales, entre contrarios y partidarios de la pena de muerte». Unos y otros coinciden en pedir condiciones más rigurosas, pero con objetivos distintos. «Los partidarios creen que reformar la pena de muerte servirá para que haya menos recursos contra las condenas y la justicia sea más expeditiva. Los contrarios, por su parte, piensan que restringir, paso a paso, los motivos de condena a muerte es la vía hacia la abolición definitiva».
Es dudoso, pues, que en Estados Unidos se esté formando una mayoría contraria a la pena de muerte, aunque se han multiplicado las críticas al modo en que se aplica. De todos modos, la situación actual no es como la vieja polémica entre abolicionistas y justicieros. «La sentencia que ha declarado inconstitucional ejecutar a un deficiente mental, aunque quizá no anulará muchas condenas a muerte, puede ser un buen indicio de cómo han cambiado las cosas». La Constitución norteamericana prohíbe todo «castigo cruel e inusitado», y en la sentencia del 20 de junio, «una clara mayoría [6 jueces contra 3] suscribió la idea de que la pena de muerte sería inconstitucional si llegara a estar contra ‘la evolución del sentir común'».