(Actualizado el 19-12-2008)
El gobierno norteamericano ha aprobado una orden para garantizar la objeción de conciencia en las profesiones sanitarias. Según la nueva norma, las instituciones que reciben financiación federal no podrán discriminar contra médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud que se nieguen a participar en abortos o esterilizaciones por razón de sus “creencias religiosas o convicciones morales”. Tampoco podrán obligar a un empleado objetor a intervenir en servicios o programas de investigación financiados por el Departamento de Sanidad si tiene reparos morales. Estas salvaguardas se aplicarán a hospitales, clínicas, consultas médicas y farmacias.
La orden, promulgada el 19 de diciembre, entrará en vigor 30 días después. Su finalidad es asegurar la aplicación de las leyes federales, aprobadas por el Congreso, que protegen a los objetores -personas o instituciones- contra la discriminación: las enmiendas Church, de los años setenta; la Ley del Servicio Sanitario Público, de 1996, y la enmienda Weldon, de 2008. Todas se refieren principalmente al aborto y a la esterilización, pero también se extienden a otras prácticas que pueden suscitar objeción de conciencia, como la dispensación de la píldora del día siguiente y otros anticonceptivos, la fecundación in vitro, la cooperación al suicidio o los experimentos con embriones humanos.
En virtud de las nuevas normas, los receptores de financiación federal por medio del Departamento de Sanidad tendrán que certificar por escrito que cumplen esas leyes; quedarán exentos si prestan servicios o realicen investigaciones donde es improbable que se suscite objeción de conciencia. Además, se designa a la Oficina de Derechos Civiles, dentro del Departamento, para recibir y tramitar las quejas por discriminación. A los que sean hallados infractores se le spodrá retirar los fondos públicos.
La proyectada norma ha recibido críticas por parte de tres miembros de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que la consideran innecesaria y probable fuente de confusiones. Alegan que la objeción de conciencia ya está amparada en la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación contra empleados por motivos religiosos o éticos. Según esto, el empleador está obligado a tomar medidas razonables para que sus asalariados puedan trabajar sin ofensa a sus deberes religiosos. Solo quedará exento si demuestra que no es posible encontrar un acomodo que no suponga un estorbo excesivo en el ejercicio del negocio.
En opinión de los críticos, esa protección es suficiente, mientras que la orden va demasiado lejos. Por ejemplo, según una organización patronal de cadenas de farmacias, sus empleados tendrán derecho a no dispensar anticonceptivos a una persona cubierta por el seguro federal Medicaid, aunque presentara receta médica. Por su parte, los fiscales generales de 13 estados se oponen a la orden porque, dicen, interferirá con las leyes estatales que exigen a los seguros médicos incluir la contracepción en su cobertura, y a los hospitales a facilitar anticonceptivos de emergencia a las mujeres violadas.
También Barack Obama se ha manifestado en contra. Ha dicho que la orden dificultará el acceso al aborto o a los anticonceptivos a las mujeres que desean recurrir a ellos. Según algunos asesores del presidente electo, él procurará anular la norma cuando se haya instalado en la Casa Blanca.
En cambio, el secretario de Sanidad, Michael Leavitt, niega que la orden vaya a tener las consecuencias que le atribuyen los críticos en la dispensación de anticonceptivos. Las nuevas normas, dice, no amplían el alcance de las leyes ya vigentes para proteger a los profesionales de la salud, sino que refuerzan su cumplimiento. No limitan, por tanto, la provisión de anticonceptivos ni de cualquier servicio sanitario legal.
De hecho, la Asociación Sanitaria Católica, que apoya la orden, sostiene que es necesaria, y no por razón de los anticonceptivos. Carol Keehan, presidenta de la Asociación, alega que en los últimos años “hemos visto diversos intentos de forzar a las centros de salud católicos y de otros tipos a realizar abortos o esterilizaciones, o a remitir a quienes los piden a lugares donde los hacen”.
En un artículo publicado en The New Atlantis (otoño 2008), James Capretta, del Ethics and Public Policy Center, sostiene, sin embargo que esta medida, aunque positiva, no sería suficiente para asegurar el respeto a las convicciones de los que rehúsan participar en abortos o esterilizaciones. Los hospitales, por ejemplo, dependen de financiación privada y de acuerdos suscritos con compañías de seguros. También en esos casos haría falta asegurar el respeto a la objeción de conciencia en caso de que una aseguradora cubra tales intervenciones.