El pasado 1 de diciembre, el soberano de Luxemburgo comunicó a los parlamentarios que no firmaría la ley de eutanasia, aprobada en primera lectura por la Cámara de Diputados en febrero pasado. El proyecto, pendiente de la votación definitiva, permitiría a un médico dar muerte a una persona que lo hubiera solicitado repetidamente, previo dictamen favorable de otro médico y de un comité de expertos.
El Gran Duque Enrique de Luxemburgo podría suscribir las palabras de su tío Balduino, rey de Bélgica, en la carta que envió a los parlamentarios en abril de 1990 para justificar su negativa a sancionar la legalización del aborto: “Comprenderán por qué no puedo asociarme a esta ley, pues firmándola asumiría inevitablemente una cierta corresponsabilidad (…). ¿Sería lógico que yo sea el único ciudadano belga que se ve forzado a actuar contra su conciencia en una materia esencial? ¿Acaso la libertad de conciencia vale para todos salvo para el rey?”.
Como en el caso de Balduino, la solución, todavía pendiente de ejecutarse, consistirá en una pirueta jurídica. En aquella ocasión se declaró una “incapacidad temporal para reinar” por un día: el trono quedó vacante el 5 de abril de 1990 y la ley del aborto en Bélgica se promulgó sin la firma de Balduino. En Luxemburgo, se cambiará el artículo 34 de la Constitución: el soberano ya no tendrá entre sus atribuciones “promulgar y sancionar” las leyes, sino solo promulgarlas.
De este modo, el Gran Duque no participará en el poder legislativo: su cometido quedará reducido al procedimental de testimoniar la entrada en vigor de las leyes, sin por ello dar su asentimiento ni comprometer su conciencia. El ministro de Justicia ha explicado que “la solución propuesta por el gobierno es decir que hace falta evitar en una monarquía constitucional que el Gran Duque tenga que expresar una opinión”.
El partido en el poder, el democristiano del primer ministro Juncker, que gobierna en coalición con los socialistas, se ha mostrado contrario a legalizar la eutanasia, pero el proyecto salió adelante por corta mayoría (30 contra 26) con los votos de verdes, liberales y socialistas. Durante el mes de diciembre el Parlamento procederá a la última lectura del proyecto, después de debatir la reforma constitucional.