Tras la ratificación por el Senado de John Roberts, de 50 años, como presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la batalla ideológica se plantea ahora en torno a la segunda vacante entre los nueve jueces de la Corte.
El pasado 29 de septiembre, el pleno del Senado confirmó con 78 votos a favor y 22 en contra el nombramiento del candidato propuesto por Bush para presidir el Tribunal Supremo de Estados Unidos. John Roberts es considerado como un conservador, pero ha advertido: «no soy un ideólogo», lo que ha hecho que obtenga un amplio respaldo también entre las filas demócratas.
A lo largo de las jornadas de comparecencia ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado, Roberts evitó con habilidad entrar en cuestiones polémicas. Así, cuando le preguntaron su postura sobre la posible revocación de la sentencia Roe v. Wade -en la que el Tribunal Supremo liberalizó el aborto-, se limitó a resaltar la importancia de respetar los precedentes. Pero, a la vez, afirmó que no veía inconveniente en que los jueces cambiasen sus criterios con el transcurso de los años. Proclamó la defensa del derecho a la intimidad –al que se había referido con escepticismo en 1981 al hablar del «llamado derecho a la intimidad»–, pero no aclaró si éste amparaba el aborto.
Para convencer sobre su independencia de criterio, Roberts insistió una y otra vez que su cometido como juez es respetar la Constitución y el imperio de la ley. «No soy un ideólogo», afirmó tras varias horas de comparecencia. A juicio de Jeffrey Rosen, profesor de Derecho en George Washington University, el carácter moderado del candidato le ha servido como su mejor baza: «El temperamento, la cordialidad, la moderación y la habilidad para llevarse bien con los colegas son aspectos tan importantes como la ideología» (International Herald Tribune, 29-09-2005).
La ambigüedad de Roberts ha desilusionado a algunos, pero otros consideran un acierto la prudencia con la que se desenvolvió. Como explica Charles Krauthammer en el Washington Post (16-09-2005), si Roberts se hubiera mostrado más combativo habría terminado despeñado políticamente, como le ocurrió al juez Robert Bork cuando negó la existencia de un derecho a la intimidad que amparase el aborto. Para The Economist (17-09-2005), la comparecencia de Roberts fue lo más parecido a una «coronación», que dejó contentos a casi todos.
La otra silla vacante
Roberts fue inicialmente propuesto por Bush para ocupar la vacante que dejará Sandra Day O’Connor. El nombramiento de Roberts se consideraba clave, ya que iba a sustituir a una juez que con frecuencia ha sido el voto decisivo para inclinar la balanza de la Corte en cuestiones polémicas como el aborto, la pena de muerte, la acción afirmativa y las relaciones Iglesia-Estado (ver Aceprensa 97/05). La trascendencia de su nombramiento, sin embargo, quedó diluida cuando falleció en septiembre el presidente del Tribunal Supremo, William Rehnquist. Tras la muerte de Rehnquist –considerado también conservador–, Roberts fue ascendido a candidato a presidente del Supremo. Esta última jugada de Bush no disgustó del todo a los demócratas, pues en el fondo dejaba intacta la balanza del Tribunal.
Confirmado Roberts, la batalla ideológica se plantea ahora en torno al sustituto de la juez O’Connor. Las últimas declaraciones de Bush sobre la cuestión –»la diversidad es una de las fuerzas de este país»– sugerían que podría ser una mujer o un hispano. En efecto, ha propuesto a Harriet Miers, estrecha colaboradora suya, primero como secretaria de gabinete y desde este año como consejera. Abogada sin experiencia judicial, en su trayectoria profesional apenas ha dejado pistas sobre sus opiniones en torno a cuestiones polémicas. Aun así, todo apunta a que el debate sobre el próximo nombramiento será más agresivo.