Tras varios meses de polémica en torno a muros y zanjas, parece que el debate sobre la inmigración en Estados Unidos no ha hecho más que empezar. El pasado 25 de mayo, el Senado aprobó por 62 votos a favor y 32 en contra un nuevo proyecto de ley. Ahora, una comisión de senadores y representantes intentará conciliar este proyecto con el que aprobó la otra cámara del Congreso en diciembre de 2005 (ver Aceprensa 26/06). Las negociaciones se complican ante la proximidad de unas elecciones legislativas candentes.
El nuevo proyecto mantiene, en lo sustancial, las líneas maestras del texto aprobado hace unos meses por el Comité Judicial del Senado (ver Aceprensa 40/06): el establecimiento de un programa de trabajadores temporales extranjeros y la regularización -bajo determinados requisitos- de los inmigrantes que ya están dentro. Además, para facilitar el acuerdo con sus colegas de la Cámara de Representantes, los senadores han introducido dos novedades. De un lado, establecen un paquete de medidas orientadas a reforzar la vigilancia de la frontera con México (nueva tecnología, más Policía de Frontera y extender la valla en la frontera a lo largo de 600 kilómetros). De otro, fijan criterios objetivos para llevar a cabo la regularización de manera progresiva y parcial. Este último punto -articulado a través de un plan para determinar el futuro estatus de los indocumentados- constituye el aspecto más controvertido de la reforma.
Los inmigrantes ilegales serán clasificados en tres categorías según el tiempo que lleven en Estados Unidos. Los que llegaron en los dos últimos años tendrán que regresar a sus países; los que llevan de dos a cinco años también deberán marcharse, pero pueden volver luego si obtienen una visa de trabajo temporal; y los que llevan más de cinco años pueden quedarse, siempre que paguen una multa, se pongan al día en los impuestos, aprendan inglés y sigan trabajando.
Y ahora lo difícil
A pesar del esfuerzo realizado por el Senado para acercar posiciones, el proyecto ha dejado insatisfechos a muchos congresistas tanto en el bando republicano como en el demócrata. Los primeros se quejan de que el proyecto se centre en la cuestión de la «amnistía», y no en la seguridad de las fronteras. Los segundos, por su parte, argumentan que el plan de regularización es inviable: unos tendrán dificultades para demostrar su tiempo de residencia en el país, pues carecen de documentos; otros podrían aprovecharse de esta circunstancia y recurrir al fraude; y también habrá quienes -por falta de incentivos- decidan permanecer en la ilegalidad.
En cualquier caso, la realidad es que el Senado y la Cámara de Representantes mantienen proyectos difícilmente conciliables. Mientras que el núcleo duro del proyecto del Senado es el plan de regularización y los visados temporales, la Iniciativa Sensenbrenner -aprobada por la Cámara de Representantes- se centra exclusivamente en medidas restrictivas: propone ampliar la valla en la frontera con México a lo largo de 1.200 kilómetros, convertir en delito federal la entrada ilegal en el país, castigar con fuertes multas a los que contraten a inmigrantes sin papeles, acelerar las deportaciones…
Tras la aprobación de ambos proyectos, el siguiente paso en el debate sobre la reforma de la inmigración es crear una comisión de senadores y representantes para que lleguen a un acuerdo. El éxito de las negociaciones dependerá del talante de los miembros de la comisión; por eso, los senadores temen que la Cámara de Representantes envíe a sus «halcones». Aunque la Cámara todavía no ha hecho pública su delegación, «Los Angeles Times» (26-05-2006) ha anunciado que podría encabezarla el mismo Sensenbrenner.
Otro de los escollos más serios para lograr el acuerdo es la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre, en las que está en juego la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Esto explicaría el enfoque restrictivo hacia la inmigración adoptado por los representantes republicanos, pues muchos de ellos pertenecen a distritos donde existe un sentimiento creciente de rechazo hacia la inmigración.
A quien no parece que le vaya mal el debate sobre la inmigración es al presidente Bush. Mientras que algunos de sus colegas de partido se debaten entre la espada y el escaño, la imagen de Bush se ha visto reforzada con ocasión de este debate. Sus últimos discursos sobre la necesidad de encontrar un «terreno común» entre republicanos y senadores han caído bien a un amplio sector de hispanos. Para muchos analistas, la aprobación del proyecto del Senado representa una victoria política para Bush, ya que fue él quien primero lanzó la idea de un plan de trabajadores temporales.
Juan Meseguer Velasco