El “fontanero polaco” era un mito. Los numerosos inmigrantes llegados de los últimos países incorporados a la UE no han causado en los miembros más antiguos los trastornos laborales que se temían. Más bien han contribuido al crecimiento económico y, si han supuesto alguna pérdida, ha sido para sus naciones de origen. Eso dice un informe publicado la semana pasada por la Comisión Europea, que recomienda levantar las restricciones que aún existen a la entrada de trabajadores provenientes de los socios del este.
Cuando en mayo de 2004 ingresaron en la UE diez Estados, casi todos ex satélites soviéticos de Europa central, los hasta entonces Quince vieron venir, a causa de la gran diferencia de renta, una “invasión” de inmigrantes que desplazarían a muchos trabajadores nacionales y deprimirían los salarios. Por eso, con las notables excepciones de Gran Bretaña e Irlanda, se acogieron a la posibilidad de aplazar por cinco años la libre circulación de mano de obra para los inmigrantes llegados de los nuevos socios. Lo mismo hicieron con los de Bulgaria y Rumanía cuando estos dos Estados se incorporaron en enero de 2007. Estas medidas se aplican solo al trabajo por cuenta ajena.
Una modesta “invasión” hubo, en efecto. El gobierno británico tranquilizó al pueblo diciendo que no vendrían más de 15.000 inmigrantes al año de los diez países adheridos a la UE en 2004. En 2006 habían entrado casi 600.000, de los que 427.000 trabajaban por cuenta ajena; dos tercios eran polacos. En total, han emigrado de esos países a los Quince 1,1 millones de personas, que con las 900.000 que habían salido antes de 2004 representan más o menos el 2,5% de la población de los diez. Pero han empezado a regresar muchos, en especial polacos (cfr. Aceprensa 96/08).
De Bulgaria y Rumanía han salido también 1,1 millones, de suerte que a finales de 2007 estaban fuera 1,8 millones, el 6,1% de la población total de ambas. Esta segunda “oleada” no se ha dirigido, a diferencia de la anterior, sobre todo a Gran Bretaña e Irlanda, sino a España e Italia. Irlanda es el país que ha recibido más de esos inmigrantes en términos relativos: el equivalente del 5% de su población activa; en segundo lugar está Gran Bretaña, con el 1,2%.
Tales flujos, dice el informe de la Comisión, no han causado mayores problemas en los mercados laborales de los Quince. Solo han hecho bajar los salarios un 0,08% y subir el paro 0,04 puntos porcentuales. Y esos son efectos inmediatos: a largo plazo no se observa repercusión. En cambio, los inmigrantes de los doce nuevos países “han contribuido significativamente al crecimiento económico general y a la expansión del empleo en la UE”, se lee en el informe.
Los que han sufrido han sido algunos países de origen por la fuga de cerebros y mano de obra en general. Desde 2004, Polonia perdió el 6-8% de sus profesionales de la medicina; también, un gran número de obreros, lo que hizo subir los costes de la construcción. La emigración ha tenido además costos sociales apreciables. En Polonia se ha dado en llamar “huérfanos UE” a los niños que han quedado al cargo de parientes porque sus padres se han marchado a trabajar a otro país de la Unión.
En vista de lo anterior, la Comisión recomienda levantar las restricciones al establecimiento de trabajadores procedentes de los Estados miembros más recientes. Todavía cuatro países (Alemania, Austria, Bélgica y Dinamarca) las mantienen para los diez adheridos en 2004, y el informe les aconseja no prorrogarlas por dos años, como podrían hacer, cuando toque revisarlas en mayo próximo. Lo mismo dice incluso con respecto a Bulgaria y Rumanía, para cuyos nacionales subsisten restricciones en 15 países hasta 2013 como máximo.
El comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, sostiene que eliminarlas es lo más sensato desde el punto de vista económico, y además “contribuiría a reducir problemas como el empleo sumergido y el falso trabajo por cuenta propia”, al que recurren muchos que en realidad son asalariados para esquivar las limitaciones actuales.