Contrapunto
Hace dos semanas, el ministro de Planificación Familiar chino explicaba en rueda de prensa -medio raramente usado en ese país- el logro más espectacular del régimen: el drástico descenso de la natalidad, que ha pasado de 21 a 18,2 por mil entre 1990 y 1992. El índice de fertilidad ha bajado de 2,25 a 1,8 hijos por mujer en el mismo periodo, o sea, por debajo del mínimo requerido para el reemplazo de generaciones. Una caída que no puede explicarse por causas naturales. En efecto, se debe, precisó el ministro, a que «los funcionarios del partido y del gobierno, a todos los niveles, han prestado mayor atención a la planificación familiar y adoptado medidas más efectivas».
¡Y tan efectivas! Los procedimientos para imponer la prohibición de tener más de un hijo van desde las penas económicas y la discriminación en los servicios sociales y educativos, hasta el aborto y la esterilización obligatorios. La ofensiva se ha recrudecido en los últimos años, con la implantación de un sistema por el que los agentes locales de planificación familiar son hechos personalmente responsables del cumplimiento de los objetivos. Si se sobrepasa el número de nacimientos previsto, los funcionarios son castigados.
Empiezan a llegar noticias de las últimas brutalidades cometidas por los celosos burócratas chinos, que no son cosa de ahora, sino simple continuación de la política emprendida hace décadas. Por ejemplo, se ha conocido el caso de una mujer en la provincia de Hunan que el año pasado estaba esperando su primer hijo. Estaba, pues, dentro de la ley. Lo malo era que el parto, previsto para marzo último, no encajaba en el complejo sistema de cuotas diseñado por el régimen. Así que los funcionarios de la natalidad decidieron que la mujer debía dar a luz en 1992, no en este año. El 30 de diciembre la arrastraron al hospital para que le provocaran el parto. Ella se resistía y el médico, al principio, también; pero finalmente se forzó un alumbramiento prematuro. El niño murió a las nueve horas y la madre, de 23 años, ha quedado incapacitada. La historia ha sido publicada en el New York Times, que previamente obtuvo confirmación de las autoridades locales chinas.
Aunque es aterrador, no asombra que el régimen chino, tan aficionado a la planificación -al igual que todos los gobiernos comunistas-, aplique cuotas de producción también a los seres humanos, como hace con el acero o el arroz. En cambio, se entiende menos que en Occidente, por lo demás afecto a la mano invisible, haya tantos y tan entusiastas partidarios de planificar los nacimientos, especialmente en el Tercer Mundo. Después de Tiananmen, los gobiernos del Oeste desfogaron su indignación con leves y breves sanciones comerciales a China. Ya hace tiempo que han vuelto a sonreír a Pekín. Ahora el mundo occidental se hace lenguas de la paulatina apertura del régimen al mercado libre. Pero la política demográfica china es aún más tiránica que antes, y no se alza un clamor audible contra tanta opresión.
Al contrario, Occidente colabora con la ofensiva antinatalista de China, a través de fundaciones privadas y organizaciones internacionales, entre las que merece particular mención el Fondo de la ONU para la Población (FNUAP). Por este motivo, Reagan suspendió la contribución económica de Estados Unidos al FNUAP. Clinton ha anunciado que la reanudará.
Ahora que está en boga el «deber de injerencia» contra las violaciones a los derechos humanos, no se debería dejar que las atrocidades que se cometen en China prosigan sin, al menos, una contundente condena internacional. Sin embargo, de momento parece que para Occidente no todos los derechos humanos son irrenunciables: el de tener hijos puntúa bajo. Ni todas las víctimas de la opresión valen lo mismo: si las muertes son de niños no nacidos, se pueden disculpar. La explicación puede ser que los comunistas chinos y los tan influyentes antinatalistas occidentales comparten, pese a todas sus diferencias, un mismo fanatismo demográfico.
Rafael Serrano