La política del «hijo único» es obligatoria en China desde 1979. Frente a las declaraciones del gobierno, hay testigos de que ese modo de controlar los nacimientos se está llevando a cabo por la fuerza, con amenazas y malos tratos a mujeres y familias por parte de los funcionarios responsables. Un reciente informe de Amnistía Internacional ha descrito la situación, cuando sólo quedan dos meses para que se celebre en Pekín la Conferencia mundial sobre la mujer.
En realidad, la llamada política demográfica china de «un hijo por familia» es más compleja. Las autoridades centrales se encargan de formular las directrices ideológicas, y los gobiernos locales o comarcales concretan las sanciones e incentivos «en función de la situación local». El plan se resume en controlar la edad de contraer matrimonio y limitar el número de hijos. Sobre el número máximo de hijos, en casi todas las regiones las parejas residentes en ciudades sólo pueden tener uno, o dos si el primero es inválido; a los campesinos se permite tener dos hijos, si el primero es una niña. El tercer hijo está vedado en casi todas las normativas. Si una mujer queda embarazada y es soltera (o inmigrante sin intención de regresar a su región de origen), está obligada a abortar.
A pesar del rigor de estas directrices, entre los 900 millones de chinos que viven en el campo hay muchas familias fuera de la ley. Y es algo que no queda impune. El International Herald Tribune (26-VI-95) relata el caso de Tongmuchong, una aldea aislada de la provincia sureña de Hunan. En ese pueblo, los funcionarios encargados de supervisar el control de la natalidad obligaron a cuatro mujeres a ser esterilizadas, bajo la amenaza de hacer volar sus casas si no aceptaban. El periodista cuenta que, en el viaje de una semana que hizo por esa misma provincia, muchos campesinos le confirmaron que el gobierno había derribado viviendas y confiscado propiedades a familias que incumplían los reglamentos sobre natalidad.
Abundando en el tema, Amnistía Internacional (AI) acaba de publicar un informe que detalla violaciones de los derechos humanos en este punto. Es parte de su campaña de este año para promover los derechos de la mujer, a dos meses de la conferencia mundial convocada por la ONU. En lo referente al control obligatorio de la natalidad informa de numerosos abusos, especialmente esterilizaciones y abortos forzados. Los hechos, según el informe, desmienten las declaraciones del gobierno de Pekín, según el cual los grupos étnicos con una población inferior a los diez millones están exentos de cualquier política de planificación familiar.
«Asimismo -continúa AI-, desde 1988 se reciben informes de que están proliferando los controles para hacer cumplir la norma de un solo hijo, en concreto a los funcionarios del Estado». AI dispone de testimonios de ex funcionarias de planificación familiar y particulares que sufrieron personalmente un trato vejatorio.
«La política de control de la natalidad también ha llevado a la detención y maltrato de familiares que intentaban evitar un aborto o una esterilización. Resulta significativo que el Tribunal Supremo del Pueblo se creyera en la necesidad de prohibir específicamente la toma de rehenes por parte de las autoridades estatales en una orden dictada en 1990. No obstante, la práctica continúa, como demuestran los informes llegados de la provincia de Hebei desde finales de 1992». La investigación de AI también describe, con ejemplos concretos, discriminaciones de mujeres por disentir del gobierno en cuestiones políticas, ideológicas y religiosas.