Contrapunto
Ha causado honda impresión en España el reportaje televisivo británico Habitaciones de la muerte. Las imágenes -grabadas clandestinamente- muestran las terribles condiciones en que viven y mueren miles de niñas en los orfanatos públicos chinos. Hemos visto así una de las consecuencias del férreo control de natalidad impuesto por el gobierno de Pekín: la política del «hijo único por pareja» lleva a que miles de recién nacidas sean abandonadas porque sus padres sobrepasan el cupo legal o porque prefieren deshacerse del bebé para poder tener un hijo varón. Pues la tradicional minusvaloración de las mujeres frente a los varones en la sociedad china, sólo puede reforzarse con una política que no permite tener más de un descendiente.
El reportaje podría ser incluso más terrible, si ofreciera imágenes de otras prácticas del control de natalidad en China, como los infanticidios de niñas o los abortos coercitivos en los meses finales del embarazo. Pero lo que se ve es suficiente. No vamos a descubrir ahora que el gobierno comunista chino no es un paladín de los derechos humanos. Lo llamativo es que los que dicen serlo no hayan denunciado nunca este Gulag demográfico.
Los testimonios sobre el programa coactivo de control de la natalidad en China, comenzado en 1979, existen desde la década de los ochenta (cfr. servicio 117/94 y 42/95). Pero las voces que lo han denunciado no han encontrado el apoyo de los gobiernos y organismos que podrían presionar a Pekín. Por el contrario, la ONU y el Banco Mundial estaban muy contentos con el drástico descenso de la natalidad conseguido con la política demográfica china. En cuanto a los medios empleados, han preferido cerrar los ojos.
El Banco Mundial, que tantas veces condiciona sus préstamos a la adopción de medidas de control de la natalidad en países en desarrollo, nunca ha empleado tal arma de presión para que el gobierno chino respete el derecho de los padres a decidir el número de hijos. El Fondo de la ONU para la Población (FNUP), que colabora con su dinero en el plan demográfico chino, siempre ha negado que éste tenga carácter coercitivo. La directora del FNUP, Nafis Sadik, declaraba en abril de 1991 que «China puede estar con razón orgullosa y satisfecha» de los «notables logros alcanzados en los últimos diez años con su política de planificación familiar y control del crecimiento demográfico».
Quizá para extender estos beneficios a otros países, el FNUP, la Unión Europea y Estados Unidos han hecho de la liberalización del aborto el centro de los debates sobre la «salud reproductiva» en las Conferencias de El Cairo y Pekín. Pero esto no garantiza el respeto de los «derechos reproductivos» de los padres en China. Allí las mujeres pueden -y, con frecuencia, deben- abortar; y esto significa en muchos casos optar por no tener una hija.
La denuncia de los métodos coercitivos de control de la natalidad ha correspondido a la Iglesia católica, a veces en solitario y a contra corriente. Es una lástima. Pues si el FNUP, las organizaciones internacionales y los gobiernos extranjeros hubieran prestado más atención a esta violación de los derechos humanos, es posible que se hubiera mitigado la política demográfica china. Pero estaban demasiado ocupados denunciando los «fundamentalismos» religiosos que se oponen al reconocimiento del derecho al aborto. Los orfanatos chinos son una muestra de lo que ocurre cuando la política demográfica abandona cualquier criterio ético, para buscar sólo la «eficacia».
Ignacio Aréchaga