Cerrar la puerta metálica, dar vuelta a los tres cerrojos y tirar las llaves en medio del océano Pacífico, son las precauciones que tomaría cualquiera que tuviera enfrente a Hannibal Lecter, un tipo fuertemente anclado en el mal y no especialmente inclinado a cambiar de actitud.
Lo que sí cuesta pensar, sin embargo, es que alguien pueda convertirse en un criminal tan compulsivo cuando aún no ha cumplido 16, 18, 20 años, y que merezca que arrojen las llaves de su celda tan lejos como las del calabozo de Hannibal. Pero en algunos estados norteamericanos —29, para ser exactos— sí que lo creen, pues a día de hoy mantienen en sus prisiones a unas 2.100 personas que fueron sancionadas a cadena perpetua cuando todavía no rebasaban —o lo hacían por muy poco— los 20 años.
A lo que las cifras revelan, no son tan raras estas decisiones en la justicia norteamericana. Cierta percepción de que no basta con neutralizar al enemigo, sino que es preciso aplastarlo —algo tan en sintonía con cierta interpretación del “derecho a portar armas”, aunque ese es otro tema—, conduce a obviar el término medio, las atenuantes, las circunstancias que rodean al que comete el delito: su grado de madurez, su desarrollo psico-emocional, su entorno familiar, su potencial de rehabilitación, y lleva a algunas instancias ejecutivas y judiciales a calificar a estos jóvenes como “super-depredadores”, merecedores de pudrirse para siempre entre rejas.
500 cartas de jóvenes condenados a cadena perpetua llegaron al Papa, quien les dijo sentirse conmovido y deseoso de que se les ofrezca una posibilidad de rehabilitación
Del cinismo y el sentido común
Un mecanismo para intentar corregir este sinsentido ha sido el veredicto del Tribunal Supremo sobre el caso Miller vs. Alabama. Cuando tenía 14 años, Evan Miller prendió fuego a la caravana de un vecino que le había vendido drogas, y un tribunal lo sentenció de por vida, sin opción de libertad condicional. Pero en 2012 el Supremo se pronunció, y dijo que penalizar con cadena perpetua a un joven menor de 18 años era un castigo improcedente, incluso cuando el delito fuera un homicidio. En tal sentido, instó a los estados a hacer las modificaciones necesarias para dejar la puerta abierta a la posibilidad de reinserción social de estos jóvenes reclusos.
Algunos lo hicieron, aunque con mayor o menor grado de cinismo. Según un editorial de The New York Times, en Iowa, el gobierno estatal conmutó las perpetuas de 30 reos que habían delinquido siendo muy jóvenes, y les ofreció la condicional… ¡cuando cumplan 60 años en prisión! En Pensilvania, entretanto, se dio a los jueces la posibilidad de escoger entre la perpetua y un mínimo de 35 años para los chicos de entre 15 y 17 años convictos por homicidio, y en Carolina del Norte se reemplazó la perpetua por un mínimo de 25 años.
Con estas “correcciones”, no andaba desatinado un lector de la edición digital de la NYT al apuntar que “algún tipo de malsana tendencia castigadora está infectando las duras sentencias impuestas a estos muchachos”. Una inclinación a la venganza de la que se curaron, por ejemplo, las autoridades californianas, que, siguiendo la invitación del Supremo, aprobaron una ley más guiada por el sentido común que por los instintos de revancha.
Con la SB9, de 2012, los jóvenes que han cometido crímenes entre los 14 y los 17 años y han sido sentenciados a perpetua sin condicional, tienen la oportunidad de reintegrarse algún día con su familia. La legislación –que literalmente advierte que no es “una puerta abierta para salir de prisión”– beneficia con la oportunidad de un nuevo juicio con posibilidad de libertad condicional a los que, incluso habiendo participado en un homicidio, no hayan torturado a la víctima, ni causado la muerte de un agente de seguridad pública.
EEUU tiene la mayor población penal de la OCDE: 760 por cada 100. 000 habitantes
El poder de la rehabilitación
Que no se es “criminal para siempre” por haber cometido delitos a una edad en que no se comprende del todo el alcance de sus consecuencias, queda patente en los testimonios que brinda la web The Campaign for the Fair Sentencing for the Youth (Campaña por una Sentencia Justa para los Jóvenes).
Xavier McElrath-Bey, que hoy cuenta 38 años, creció en Chicago en un hogar problemático donde el abuso físico y psicológico era la norma. A los 13 años, en el ambiente de las pandillas, se vio envuelto en un homicidio y fue a dar a la cárcel. “No fue hasta los 18, en el confinamiento solitario del Pontiac Correctional Center de Illinois, cuando me di cuenta de lo destructivo que había sido, de cuán equivocado había estado. Pensé en toda la gente a la que había herido, en la familia (de la persona a la que había asesinado), en el dolor que les había causado, y lo que más deseé fue poder remontarme tiempo atrás y respetarle la vida. Abrumado por el remordimiento y la tristeza, y muy decepcionado de todo lo relacionado con las pandillas, empecé a pensar sobre las causas de mis decisiones como adolescente”.
Al ser liberado en 2002, después de 13 años tras las rejas —la condena original era a un cuarto de siglo—, McElrath-Bey se matriculó en la Roosevelt University, donde se licenció y obtuvo después un Máster en Consejería y Servicios Humanos. Hoy da charlas sobre la necesidad de rehabilitar a los jóvenes que han resbalado por la pendiente de la ilegalidad. Si la pena se hubiera cumplido íntegra, sin posibilidad de condicional, todavía estaría en prisión. Sería, paradójicamente, una persona rehabilitada, consciente de la gravedad de su culpa, una voz útil para persuadir a los jóvenes de evitar el “fácil” camino del delito. Pero una voz bloqueada, congelada.
En el lado de las víctimas, también algunos desechan el vengativo sinsentido de negar una oportunidad. Es el caso de Sharletta Evans, de Colorado. Su hijo de tres años murió accidentalmente durante un tiroteo callejero hace 17 años, y en ese momento estuvo de acuerdo con el fiscal en buscar la cadena perpetua para Raymond Johnson, un chico de 14 años involucrado en los disparos. “De entonces acá, mi perspectiva ha cambiado y pienso que la decisión del Supremo representa un gran paso adelante”.
Una foto en la que se funde en un abrazo con Johnson, de quien ha venido a ser madre espiritual, demuestra la coherencia de sus palabras.
En 2012 el Tribunal Supremo dijo que castigar con cadena perpetua a un joven menor de 18 años era un castigo improcedente
Menos mentalidad del “lejano oeste”
“Vosotros, los que entráis, dejad toda esperanza”, reza la puerta del Infierno en la obra de Dante. Los que llegaban irredentos, impenitentes, ya no tenían otra opción que la condenación eterna. Pero ni los penales estadounidenses quedan en el más allá, ni los jueces y otras autoridades tienen por qué poner sellos definitivos en la vida de una persona que ha tropezado tan tempranamente.
La necesidad de formular sentencias razonables es una urgencia en EE.UU.. —que no por gusto tiene la mayor población penal de la OCDE: 760 por cada 100. 000 habitantes—, y va sumando adeptos. La mencionada Campaña por una Sentencia Justa para los Jóvenes recoge los argumentos a favor del veredicto del Supremo de un grupo importante de políticos norteamericanos, como el ex presidente demócrata Jimmy Carter, y los ex legisladores republicanos Newt Gingrich y Pat Nolan.
La Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCB), que ya en 2000 alertó que internar a los menores en prisiones de adultos era un signo de derrota, no una solución, es otro sólido pilar moral en la exigencia de dar una esperanza de rehabilitación a los criminales jóvenes: “No hay duda de que los jóvenes violentos y peligrosos necesitan ser confinados, por su seguridad y la de la sociedad. Sin embargo, la USCB no apoya que se trate a los chicos como adultos en su desarrollo moral y cognitivo”.
Pero el que quizás sea uno de los mensajes más gratos para los jóvenes reclusos condenados a cadena perpetua, es el que recibieron del Papa Francisco a principios de junio, en respuesta a las 500 cartas que aquellos le enviaron por medio de la Campaña por una Sentencia Justa para los Jóvenes, que se encargó de colectarlas. El Pontífice les dijo sentirse “profundamente conmovido” con sus historias y con la petición de que sus sentencias sean revisadas y de que se les ofrezca una posibilidad de rehabilitación.
Que de eso se trata: de ganar al individuo para la sociedad, no de “almacenarlo”.