Daniel Foggo y Charlotte Edwardes publicaron en «Daily Telegraph» (10 octubre 2004) un reportaje sobre las mujeres que, pasado el límite legal del aborto en el Reino Unido, son enviadas por el Servicio Asesor de Embarazo (British Pregnancy Advisory Service, BPAS) a abortar en la clínica Ginemedex de Barcelona.
El BPAS, creado por el Servicio Nacional de Salud (NHS), corre el riesgo de perder su subvención estatal -17,4 millones de euros anuales- porque en Inglaterra es ilegal aconsejar a las mujeres abortar fuera del plazo permitido por la ley (24 semanas), aunque en el país donde aborten no exista esta limitación. En España se permite abortar hasta las 12 semanas en caso de violación, hasta las 22 en caso de malformaciones del feto, y, sin límite de tiempo, cuando «sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada». La inmensa mayoría de los abortos se acogen a esta última indicación.
Edwardes, que estaba embarazada y que en ningún momento se planteó abortar, y Foggo, que grabó la entrevista con una cámara oculta, aseguran que cientos de británicas abortan «por motivos sociales» fetos perfectamente sanos, y que en Ginemedex despejan cualquier escrúpulo de las embarazadas.
El «Daily Telegraph» dice que el BPAS aconsejó «vivamente» a Edwardes que si quería abortar lo hiciera en la clínica Ginemedex, donde llegó en la 26ª semana de gestación (seis meses y medio), con un feto completamente sano, que, en caso de nacer entonces prematuramente, tendría «un 75% de probabilidades de sobrevivir». Los responsables de la clínica aseguraron haber abortado fetos mayores de 30 semanas (siete meses y medio), aun admitiendo que eso suponía «jugar con la ley, y que no es totalmente legal». Con cierta ingenuidad, los reporteros dicen que tales violaciones de la ley pueden suponer en España tres años de cárcel, aunque en la práctica esto no ocurre.
«Los responsables de Ginemedex dijeron repetidas veces a nuestros reporteros encubiertos que falsifican los papeles para decir que la madre sufre una emergencia ginecológica», y que tienen relaciones «muy estrechas» con el BPAS. Esta organización, que lleva a cabo 35.000 abortos anuales, aseguró a los reporteros que en Barcelona es legal abortar más allá de las 25 semanas «por las mismas razones por las que lo hacemos aquí, por razones sociales». Una vez fijada fecha para el aborto en Ginemedex, una responsable, llamada Jimena, precisó que «si tiene un embarazo normal, pero quiere hacerlo, ponemos en el papel que hubo una emergencia ginecológica, y queda bajo la ley». Precisó que el precio para un aborto a las 25 semanas era de 3.000 euros, y que aumentaba con cada semana, añadiendo que de cada diez pacientes de la clínica, ocho eran británicas, y que su contacto en el BPAS es Carolyn Phillips, la directora de operaciones.
El fácil negocio del aborto
«Es difícil imaginar una personificación más grotesca de la insensibilidad y la indiferencia respecto a la terminación de una vida que la imagen del Dr. Tanda, médico de la clínica [Ginemedex]», asegura el «Daily Telegraph». «Hemos pasado del sórdido abortista ilegal de los años 50 al impaciente doctor-comerciante que golpetea su reloj en un entorno que se parece más a un club nocturno de Las Vegas que a una institución médica». Un entorno en el que nadie habla de la «capacidad del feto para moverse por sí mismo a partir de la 12ª semana, de su capacidad de sonreír, bostezar y gritar cinco semanas después». Lo que BPAS aconseja y Ginemedex ejecuta «deshumaniza a la propia mujer, reduciéndola al estatus de cliente, empujada suavemente hacia el aborto tardío no como un horrendo último recurso, sino como un servicio fácilmente disponible. Por lo que hace al niño no nacido, es tragado por una marea de mentiras, engaños y, al menos en España, dinero fácil. Resulta irónico que quienes lucharon contra el aborto clandestino hayan conspirado para crear un nuevo mercado de la muerte, más brillante pero no menos siniestro».
El ministro de Sanidad británico, John Reid, aseguró a la vista del reportaje que si hay pruebas de que se utiliza dinero público para violar las leyes británicas y españolas, «la situación será muy seria». Según el «Daily Telegraph», la afirmación de BPAS de que es una entidad no lucrativa (charity) es «una burla», ya que Edwardes -en la 21ª semana de gestación- acudió a otras dos organizaciones (Bupa y Marie Stopes International), que desaconsejaban por principio el aborto más allá de la 18ª semana, ateniéndose a la ley británica de 1967, y en el BPAS se le dijo directamente que fuera a Barcelona.
El «Daily Telegraph» da por seguro que «nuestra investigación deberá conllevar acciones prácticas inmediatas: en primer lugar, la policía y el gobierno españoles seguramente querrán cerrar esta clínica, que viola de forma tan flagrante las leyes sobre el aborto de ese país»… En este punto, el rotativo se equivoca: mientras que el ministro británico Reid pidió al «Telegraph» la documentación que ha grabado, para estudiarla, el gobierno español está convencido de que debe ampliar la ley del aborto. Por su parte, el Departamento de Salud de la Generalitat catalana precisó el 11 de octubre que Ginemedex tiene las «autorizaciones correspondientes», y que ha pedido a la clínica «información» para «comprobar su correcto funcionamiento». La investigación fue fulminante, y dos días más tarde Rafael Manzanera, director de Recursos Sanitarios de la Generalitat, declaraba a «ABC» que la «asistencia» que presta Ginemedex es «correcta». La información del diario británico, sin embargo, no se pudo negar: de los 16.605 abortos realizados en Cataluña en 2003, 812 fueron de mujeres extranjeras; tres de los fetos eran de 24 semanas y cinco de 26.
El que mujeres de otros países de la UE aborten en España no es nuevo, pues ya hace siete años informaba «Le Monde» (3-04-1997, ver servicio 55/97) que medio millar de francesas abortaban en Barcelona una vez pasado el límite legal del aborto al norte de los Pirineos (10 semanas entonces, y ahora 12).