Toda alza del precio del petróleo, como la actual, sirve para recordar al mundo la necesidad de reducir su dependencia de una materia prima que está en manos de un cartel, la OPEP, y en su mayor parte proviene de una región, el Oriente Próximo, políticamente inestable. Además, gastar menos petróleo contribuiría a disminuir las emisiones de CO2 y, por tanto, a cumplir el protocolo de Kioto. Esto es lo que se ha planteado de nuevo en la conferencia sobre energías renovables 2004, celebrada en Bonn del 1 al 4 de junio. Los representantes de 150 países concluyeron con un acuerdo, no vinculante, para impulsar las fuentes de energía renovables, como la solar o la eólica. De momento, solo la UE puede exhibir en esto progresos significativos, aunque insuficientes.
En 1997 la UE se fijó como objetivo para 2010 que el 12% de su energía -o el 22% de su electricidad- proviniera de fuentes renovables. La proporción solo ha subido del 5,4% en 1997 al 6% en la actualidad. El petróleo sigue en cabeza, con el 40%, seguido del gas (23%), la energía nuclear (16%) y el carbón (15%).
Las centrales hidroeléctricas tienen poco margen para crecer. Por eso la Comisión Europea calculaba que dos tercios del incremento necesario para alcanzar la meta tendrían que proceder de la biomasa (combustibles obtenidos de materias orgánicas como madera, estiércol o residuos agrícolas), un cuarto de la energía eólica y el resto de la solar, la térmica y la fotovoltaica. En realidad, el desarrollo de la biomasa y la energía solar se encuentra estancado. El cumplimiento de los objetivos para 2010 está en manos de los Estados, ya que depende en buena parte de las ayudas e inversiones públicas.
Las previsiones solo se han cumplido -y sobrepasado- en la energía eólica, que hoy proporciona el 2,4% de la electricidad europea. Además se ha logrado reducir a la mitad el costo por kilovatio-hora en quince años, de modo que está ya cerca del umbral de rentabilidad. Pero este éxito no es general: se debe solo a tres países (Dinamarca, Alemania y España), que suman el 84% de toda la energía eólica producida en la UE.
Pero otros países no han llevado a cabo las inversiones ni han emprendido las reformas necesarias para que la energía de fuentes renovables se difundan masivamente mediante una comercialización eficaz. En Francia, por ejemplo, las empresas eléctricas se han opuesto a que otras compañías utilicen sus redes de distribución. Por todo ello, la Comisión es un tanto escéptica: tal y como están las cosas, en 2010 las fuentes renovables producirán el 9-10% de la energía, dos o tres puntos por debajo de la meta.
De este modo, se complica el cumplimiento del protocolo de Kioto, del que la UE es la principal valedora en teoría (ver servicio 63/04). El insuficiente desarrollo de las energías renovables se podría compensar en parte impulsando las centrales nucleares, pero la UE es enemiga de esta vía, a diferencia de Estados Unidos (ver servicio 53/04). Sin embargo, desde el 1 de mayo la UE tiene 18 nuevas centrales nucleares: las de los ocho países ex comunistas recién ingresados.
De todas formas, producir más electricidad sin quemar combustibles fósiles contribuirá poco a recortar las emisiones de CO2, pues la mayor parte de ellas se debe al transporte. Desde la crisis del petróleo de 1973, Europa estimula el ahorro de combustible gravando las gasolinas con elevados impuestos. Por eso en Europa los vehículos llevan motores más pequeños y de mejor rendimiento, y las alzas del petróleo se notan menos, ya que el costo del crudo es el componente menor del precio de los combustibles. Los ecologistas vigilan para que no se retroceda en esto.
En Francia han emprendido una campaña contra el uso de todoterrenos en ciudad, lo que supone un derroche de gasolina. Parte de la campaña es el «premio» concedido a Mercedes Benz por su modelo G500, considerado el coche más contaminante del mercado. Cuando transita por vías urbanas, este 4×4 gasta 16,7 litros de gasolina y emite 400 gramos de CO2 cada 100 km, dos veces más que un vehículo medio. El Ayuntamiento de París ha respondido con una ordenanza que prohíbe la circulación de todoterrenos en los periodos de contaminación elevada.